miércoles, 28 de junio de 2017

SOBRE LAS VIOLENCIAS

Foto: Luiz Vasconcelos. 

Mientras el gobierno hace negocios para que los grandes jugadores del capitalismo financiero ganen miles de millones de dólares a costa del empobrecimiento de la población presente y las generaciones futuras, fracasa la mesa de negociación establecida para fijar el salario mínimo de los argentinos. En un gesto de profundo desprecio frente a  los más desfavorecidos, el gobierno aumenta la base salarial a 10.000 pesos (la demanda era de 15.000 pesos, para acercar a la mesa de los más pobres, la canasta básica), que el gobierno acuerda a pagar a partir de ¡julio de 2018! La insensibilidad es notoria: el gobierno les asegura a los más carenciados un futuro de hambre y de penurias.

En otro rubro, se sabe que el gobierno está intentando a cualquier costo desplazar a la justicia electoral de la gestión y fiscalización electoral, poniendo en entredicho la legitimidad de las próximas elecciones de medio término en las que se plebiscita el modelo implementado por Cambiemos durante la primera mitad de su mandato. 


Vuelve entonces la palabra "fraude" a flotar en el aire, instalándose en un espacio público crispado, como señal de mal augurio. 

Primero, el gobierno intentó imponer el voto electrónico, pese a las abundantes objeciones técnicas, llegando a comprar por anticipado (en uno de los habituales negocios turbios que caracterizan a Mauricio Macri y su horda de CEOs) las terminales de votación electrónico. 

Ahora le toca el turno a la manipulación de la justicia electoral. El forcejeo es un espejo de otras interferencias institucionales del ejecutivo que desdice su supuesta intención republicana de respetar la división de poderes. El gobierno sabe que su fortaleza consiste exclusivamente en la suma de la debilidad de una oposición dividida, y el blindaje mediático que le permite comprar voluntades en su empeño por transformar a la Argentina en una economía al servicio de las élites.

Sin embargo, en lo que concierne al fraude electoral, debemos ser precavidos. Lo que nos enseña la política contemporánea es que, contrariamente a lo que piensa la izquierda tradicional, el neoliberalismo ha hecho propia una vieja ecuación: "Cuanto peor, mejor".

El desorden, el conflicto, la crisis, solo hace mella sobre los más desfavorecidos, y catapulta a los más inescrupulosos a nuevas oportunidades de negocios a través de la explotación de las mayorías. Esto es verdad en los Estados Unidos. Esto sigue siendo verdad en Europa. Ocurre en África, en Asia y en América Latina.

Más allá de las banderías políticas, la definición de la actual situación social y política por parte de la ex-presidenta Cristina Fernández es un hallazgo acertado: "Nos están desordenando la vida". Ese acto de desorden no es casual o fruto de la impericia: se promueve con el propósito de imponer un "nuevo orden". La crisis supone una oportunidad para establecer un modelo de caracter neoliberal (el estado al servicio del capital financiero) y neocolonial (la destrucción del tejido social arraigado en una cultura nacional y popular de proyección fraterna y regional).

A esta altura, y en vista de lo que está ocurriendo en otros sitios de la región, sumado al autoritarismo autista del gobierno, que más allá de los gestos, solo conoce sus propios intereses y lealtades ideológicas, es difícil (muy difícil) creer que (llegado el punto sin retorno al que conduce el ninguneo) no regrese la violencia política a la Argentina.

¿Quién será responsable de esa violencia? Las élites culturales volverán a acusar a las clases populares, a los movimientos sociales y a sus líderes, estigmatizando su imprudencia. ¿Pero hay acaso mayor imprudencia que la que hoy se comete en la Argentina por parte del gobierno?

Millones de compatriotas arrojados sin esperanza al desasosiego del desempleo y al hambre, mientras una élite económica juega en la timba financiera con el destino de nuestros nietos.

¿Hay acaso mayor violencia que el recorte sin miramientos del presupuesto destinado a las ayudas sociales y a la cobertura de derechos adquiridos (pensiones, jubilaciones, salud, educación, etc.) mientras un grupo de CEOs juega con la dignidad de millones que ven cómo sus familias, sus hijos, sus comunidades son arrojadas a la penuria de la indigencia y el delito?

Resulta cínico condenar la violencia de los pobres y los oprimidos, y luego festejar y justificar la violencia de los ricos. El gobierno sabe lo que cosecha. Por eso el presidente se blinda policial y militarmente frente a la ciudadanía, y como en otras latitudes donde se imponen programas neoliberales, el espionaje, la represión de la protesta social y la estigmatización de los líderes sociales y políticos recalcitrantes frente al nuevo espíritu del neoliberalismo, prosperan.

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