CLARO DEL BOSQUE

Quienes tenían dudas sobre la posición europea respecto a la actuación procedimental de la justicia española en la cuestión abierta por el independentismo catalán en el caso en torno al  procés pueden ir dejando de lado reparos y reconocer, llanamente, que las instituciones europeas no aceptan los subterfugios jurídicos como sustitutos de la política, al menos en su jurisdicción, y especialmente en lo que concierne a disputas territoriales. Existe un hilo de continuidad entre las decisiones de los últimos años de los tribunales alemanes, belgas y británicos, y el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que conocimos esta semana. El mensaje del tribunal tiene una doble vertiente. Mucho se ha discutido en los últimos años sobre el fondo y la forma. Primero fueron los independentistas los que se escudaron en la verdad del fondo para romper el status quo estatutario y constitucional con el arrebato parlamentario del 6 y 7 de septiembre,  con el desafío del 1 de octubr

El Papa contra el Lawfare Hace unos meses, el Papa Francisco criticó duramente el uso del Lawfare y las prisiones preventivas. El Lawfare consiste en un despliegue jurídico, cuyo propósito exclusivo es la persecución y encarcelamiento de opositores políticos que, al ser acompañado por los medios de comunicación, se convierte también en una «guerra mediática» que busca dañar y deslegitimar a los líderes políticos y sociales frente a la opinión pública.  Esta guerra judicial contra oficiales locales, pero también, en una suerte de jurisdicción universal, contra aquellos líderes políticos que atentan contra intereses estratégicos, estatales o corporativos, es «una nueva forma de intervención exógena», ha dicho el Papa, «cuyas armas son el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales». En América Latina, el lawfare y la guerra mediática se han implementado de manera sistemática para erradicar a los gobiernos de tendencias populares y socialistas, y sus ra