El 31 de octubre, La Nación informó sobre un nuevo acercamiento de Javier Milei a las iglesias evangélicas argentinas. El presidente y su hermana Karina participaron en una celebración religiosa en la Casa Rosada, convocada con motivo del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Milei habló durante veinte minutos. Ese mismo día tenía previsto participar en la inauguración de un templo en Neuquén, dirigido por Hugo Márquez, padre de Nadia Márquez, senadora de La Libertad Avanza.
La
crónica contiene un detalle significativo. Uno de los participantes señaló que
Milei no habló de la situación social que los pastores conocen debido a su
presencia territorial de comedores y merenderos. Habló de la «reserva moral».
Mientras las organizaciones religiosas atienden necesidades que las políticas
públicas no satisfacen, el presidente les propone una comunidad de valores
(Rossi, 2026).
Horas
después, ante alrededor de dos mil quinientos integrantes de la congregación
evangélica «Jesús es Rey», Milei defendió los derechos a la vida, la libertad y
la propiedad. Sostuvo que respetarlos constituye una exigencia de justicia y
reclamó perseverancia y convicción para sostener ese compromiso. También elogió
la labor educativa, sanitaria y social de la comunidad religiosa (La Nación,
2026). La secuencia pone de manifiesto dos dimensiones de este proyecto: la
búsqueda de legitimidad religiosa y la presentación de la propiedad privada
como principio moral de organización social.
La
aproximación del gobierno libertario a estas iglesias contrasta con los
enfrentamientos que marcaron las relaciones de Milei con el catolicismo
argentino. En 2023, el presidente argentino llamó despectivamente «comunista»
al papa Francisco. Lo acusó de promover una concepción de la justicia social
incompatible con la libertad económica. Sus declaraciones provocaron una
reacción inmediata de los sacerdotes que trabajan en las villas y los barrios
populares de Buenos Aires. En septiembre de ese año celebraron una misa de
desagravio en la villa 21-24. Defendieron la figura del papa, pero también,
explícitamente, la justicia social y la responsabilidad del Estado frente a la
pobreza.
El
conflicto era ideológico. Francisco ponía en cuestión una concepción de la
economía que es capaz de producir riqueza al tiempo que abandona a sectores
inmensos de la población. Milei, por su parte, sostenía que la justicia social
constituía una forma de «apropiación ilegítima» de los recursos de los
individuos. Lo que estaba siendo puesto en cuestión era el significado moral de
las relaciones económicas. Después se produjeron gestos de reconciliación que
condujeron a recuperar cierta normalidad en las relaciones institucionales, sin
que ello significara una superación de las diferencias de fondo.
La religión de la nueva derecha
El
acercamiento a sectores evangélicos de Milei tiene un antecedente político
relevante en Brasil. Durante las últimas décadas, el crecimiento de estas
iglesias evangélicas transformó el paisaje religioso latinoamericano y modificó
sus relaciones con el poder. Algunas de estas organizaciones construyeron
medios de comunicación, instituciones educativas, redes de asistencia y
estructuras de representación. Su presencia parlamentaria adquirió una
importancia creciente (Pérez Guadalupe, 2025).
Jair
Bolsonaro comprendió las posibilidades políticas que suponía esta
transformación. Algunos pastores y organizaciones contribuyeron a presentar su
proyecto como una defensa de la familia, la autoridad, la propiedad y los
valores cristianos frente a una amenaza identificada con «la izquierda». En
determinados sectores, la llamada teología del dominio proporcionó un lenguaje
para concebir la participación política como parte de una misión religiosa
orientada a transformar las instituciones y el orden social. La movilización
evangélica contribuyó, de este modo, a consolidar una coalición conservadora
con capacidad electoral e institucional creciente (Pereira, 2023; Sendra,
2023).
La
religión proporcionó un lenguaje moral para organizar la confrontación
política. Los adversarios dejaron de representar únicamente programas
alternativos de gobierno y comenzaron a ser presentados como enemigos de un
orden moral que debía ser restaurado. La disputa política adquirió, en estos
sectores, los rasgos de una lucha por la orientación religiosa y cultural de la
sociedad.
Esta
representación tenía conexiones que excedían las fronteras brasileñas. El
sionismo cristiano, presente en distintas corrientes evangélicas, atribuye al
Estado de Israel un lugar particular en la historia religiosa. Algunas de sus
expresiones proceden de interpretaciones proféticas; otras vinculan el apoyo a
Israel con compromisos políticos, culturales o estratégicos. En Brasil, estas
corrientes contribuyeron a reforzar una relación que Bolsonaro convirtió en uno
de los signos de su política exterior (Freston et al., 2025).
Las
banderas israelíes comenzaron a ondear junto a las brasileñas en las
manifestaciones bolsonaristas. Israel representaba una referencia religiosa,
pero también un modelo de poder militar, inteligencia, tecnología y seguridad.
Su defensa se integró en un imaginario político que presentaba a Occidente como
una civilización amenazada por el comunismo, el secularismo y las
transformaciones culturales contemporáneas. La reivindicación de los valores
cristianos, el nacionalismo y el anticomunismo proporcionó un lenguaje
compartido a movimientos que, pese a sus diferencias nacionales y doctrinales,
reconocían enemigos comunes.
Milei
llega a esta constelación con su propia herencia ideológica. Su programa
económico no coincide con el nacionalismo de Bolsonaro y su relación con Israel
no se articula a partir del sionismo brasileño. Sin embargo, estas diferencias
no impiden que se incorpore en un campo de fuerzas que se consolida a través de
alianzas personales entre dirigentes e instituciones afines ideológicamente,
símbolos y una clara identificación de un «enemigo» común.
En junio
de 2025, Milei se reunió con Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Ambos anunciaron
un entendimiento en defensa de la democracia y la libertad, contra el
terrorismo y el antisemitismo. El presidente argentino presentó la relación con
Israel como una alianza fundada en valores comunes. Una vez más, habló de la
defensa de Occidente, de la propiedad privada y de la necesidad de hacer un
frente común entre las naciones que comparten estos principios (Presidencia de
la Nación Argentina, 2025).
En este
escenario, Estados Unidos ocupaba el centro de orientación geopolítica para
Argentina, mientras Israel se presentaba como un aliado estratégico. Argentina
aspiraba a convertirse en uno de sus principales representantes
latinoamericanos de esta constelación. La proximidad con Trump, el apoyo al
bolsonarismo y el enfrentamiento con Lula se convirtieron en definiciones
públicas de la política exterior del gobierno de Milei.
La reorganización del poder en América Latina
Los
acontecimientos de Brasil a finales de octubre permiten observar el
funcionamiento de este entramado de solidaridades. Flávio Bolsonaro perdió las
elecciones presidenciales del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva
y se negó a reconocer el resultado. Mientras la justicia brasileña reclamaba la
entrega de sus pasaportes, abandonó el país a través de Argentina, tomó un
avión privado que hizo escala en Ecuador y llegó a Miami acompañado por su
familia. Una vez en Estados Unidos, rechazó la legitimidad de la victoria de
Lula, agradeció públicamente la ayuda de Milei y encontró acogida en el país
gobernado por Trump, aunque Washington no reconoció sus pretensiones de
representar al gobierno legítimo de Brasil (Reuters, 2026a; Reuters, 2026c).
La
controversia alcanzó el terreno diplomático cuando la Cancillería brasileña
convocó a la encargada de negocios argentina en Brasilia para solicitar
explicaciones sobre la posible participación del gobierno de Milei en la salida
de Bolsonaro. El canciller argentino negó que hubiera existido ese
requerimiento, pese a las informaciones publicadas por distintas agencias
internacionales (Reuters, 2026b; EFE, 2026). La secuencia revela algo más que
una coincidencia de afinidades ideológicas: un dirigente de la extrema derecha
brasileña desconoce el resultado electoral, abandona su país mediante una ruta
que atraviesa territorios gobernados por aliados políticos y recibe protección
en Estados Unidos. El agradecimiento a Milei y la reacción diplomática brasileña
muestran que estas relaciones tienen consecuencias prácticas y no se limitan a
declaraciones de solidaridad.
El
episodio recuerda la salida de Jair Bolsonaro hacia Estados Unidos después de
su derrota electoral frente a Lula en 2022. Las circunstancias de ambos
desplazamientos fueron diferentes, pero la reiteración permite reconocer una
orientación política: Estados Unidos funciona como espacio de acogida para
dirigentes del bolsonarismo enfrentados al gobierno brasileño. La disputa
brasileña aparece, de este modo, como parte de una confrontación más amplia por
la orientación política del continente.
Obviamente,
la disputa excede a una familia política brasileña. Afecta al gobierno de la
principal potencia sudamericana y a la orientación política del continente.
América Latina ocupa nuevamente un lugar central en la estrategia
estadounidense. Su historia está atravesada por intervenciones militares,
golpes de Estado, operaciones de inteligencia, sanciones económicas y
mecanismos de subordinación financiera. Las condiciones históricas y los
instrumentos cambian, pero permanece la disputa por el control de los recursos,
la orientación de sus economías y la autonomía de los gobiernos.
La
ofensiva estadounidense en América Latina no responde a un procedimiento único.
Combina la presión económica y la intervención militar contra gobiernos
considerados adversarios con el fortalecimiento de alianzas políticas,
militares y comerciales con aquellos que aceptan las prioridades estratégicas
de Washington. En Cuba, Estados Unidos ha intensificado el bloqueo económico y
la presión sobre el suministro de petróleo, agravando una crisis energética que
afecta directamente a las condiciones de vida de la población (Sherwood y
Párraga, 2026; Congressional Research Service, 2026). En Venezuela, la
intervención militar del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de
Nicolás Maduro, abrió una nueva etapa de subordinación política y económica. El
gobierno interino de Delcy Rodríguez ha restablecido relaciones con Washington
y suscrito acuerdos que conceden a Estados Unidos una influencia decisiva sobre
importantes recursos petroleros venezolanos (Curtis, 2026).
La otra
dimensión de esta ofensiva consiste en consolidar gobiernos aliados que
contribuyan a reorganizar las relaciones de poder en el continente. En
Colombia, la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia representa el
ascenso de una extrema derecha que combina el neoliberalismo económico, el
autoritarismo securitario y la tradición militarista del uribismo. Su gobierno
ha abandonado la orientación diplomática de Gustavo Petro, incorporado Colombia
al Escudo de las Américas y profundizado la cooperación militar con Washington.
El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio
sirio ocupado y anexionado ilegalmente por Israel, constituye una expresión
particularmente significativa de su alineamiento con Trump y Netanyahu
(Torrado, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026). En El
Salvador, Nayib Bukele ha consolidado un régimen caracterizado por la concentración del poder, el encarcelamiento masivo y la restricción de
garantías fundamentales. Su cooperación con Estados Unidos en materia
migratoria y de seguridad, junto con el reciente despliegue de tropas
salvadoreñas en Haití, muestra la proyección regional de un modelo político que
privilegia la coerción como respuesta a los conflictos sociales (Reuters,
2026e). Argentina, bajo Milei, constituye uno de los alineamientos ideológicos
más explícitos con Washington e Israel, acompañado de una profunda
reestructuración económica y de una política exterior subordinada a esa
alianza.
Brasil
ocupa una posición diferente en esta configuración. Su peso económico, político
y diplomático, junto con la orientación internacional del gobierno de Lula, lo
convierten en un obstáculo para la consolidación de un bloque continental
subordinado a Washington. La reelección de Lula, las sanciones estadounidenses
contra autoridades brasileñas y el respaldo internacional al bolsonarismo
muestran que la disputa por la principal potencia sudamericana constituye uno
de los escenarios decisivos de esta confrontación (Reuters, 2026f). La
intervención estadounidense no consiste únicamente en imponer condiciones a
gobiernos adversarios, sino también en fortalecer a sus aliados y debilitar las
alternativas políticas que cuestionan su predominio. La convergencia entre
Trump, Milei, Bolsonaro, Bukele y De la Espriella adquiere su significado
dentro de esta reorganización de las relaciones de poder en América Latina.
La economía política de la libertad
La
retórica de la libertad proporciona un lenguaje común a esta reorganización
política. En su nombre se reclama la apertura de mercados, la reducción de
regulaciones y la ampliación de las facultades del capital privado. Al mismo
tiempo, se reivindica una concepción de Occidente fundada en la defensa de la
propiedad, la autoridad y determinados valores religiosos. La aparente
contradicción entre la exigencia de reducir el Estado y la demanda de
fortalecer sus funciones represivas desaparece cuando examinamos qué
actividades deben ser abandonadas por los poderes públicos y cuáles deben
conservarse.
David
Harvey mostró que el neoliberalismo no podía comprenderse como una simple
reducción del Estado. Su historia está atravesada por intervenciones destinadas
a reorganizar las relaciones entre poder político, propiedad y acumulación
(Harvey, 2005). Wendy Brown examinó las conexiones entre la racionalidad
neoliberal, la desdemocratización y la restauración de valores tradicionales
(Brown, 2019). Melinda Cooper reconstruyó las relaciones entre neoliberalismo,
conservadurismo social y transferencia de responsabilidades hacia la familia
(Cooper, 2017). Estas perspectivas permiten comprender por qué la defensa de la
libertad económica puede coexistir con el autoritarismo político y el
conservadurismo religioso. No estamos necesariamente ante una contradicción
entre proyectos incompatibles, sino ante distintas dimensiones de una
reorganización de las relaciones sociales.
El
nacionalismo económico de Trump no coincide con el programa de liberalización
radical de Milei. Tampoco el conservadurismo evangélico brasileño puede
reducirse a una doctrina económica uniforme. Sin embargo, estas diferencias no
impiden la convergencia política. La defensa de la propiedad privada, la
desregulación de determinadas actividades económicas y el fortalecimiento de
las funciones coercitivas del Estado pueden articularse con una concepción
moral que atribuye a los individuos, las familias y las organizaciones
religiosas responsabilidades anteriormente asumidas, al menos parcialmente, por
instituciones públicas.
Argentina
permite observar algunas consecuencias de esta reorganización. Desde diciembre
de 2023, el gobierno de Milei ha impulsado un programa de ajuste fiscal,
desregulación y transformación del papel del Estado. El DNU 70/2023 y la Ley
Bases forman parte de ese proceso. El Régimen de Incentivo para Grandes
Inversiones establece condiciones favorables para atraer capitales de gran
escala, mientras las restricciones presupuestarias afectan servicios públicos,
transferencias y prestaciones sociales. La intervención estatal no desaparece:
modifica sus prioridades, protege determinadas relaciones económicas y
restringe recursos destinados a sostener las condiciones materiales de
existencia de la población.
El
conflicto en torno a las prestaciones por discapacidad muestra las
consecuencias que adquieren las decisiones presupuestarias cuando afectan a
personas cuya autonomía depende de apoyos institucionales. Las protestas de
jubilados y la respuesta de las fuerzas de seguridad revelan otra dimensión de
esta transformación. La propiedad, la inversión y la disciplina fiscal ocupan
un lugar privilegiado en el lenguaje gubernamental, mientras las necesidades de
quienes dependen de servicios públicos, transferencias o cuidados quedan
sometidas a otras exigencias de justificación. La libertad económica se
presenta como un principio universal, pero sus condiciones materiales de
ejercicio están distribuidas de manera profundamente desigual.
Nancy
Fraser ha mostrado que la acumulación capitalista depende de condiciones que no
puede producir por sí misma: cuidados, reproducción social, naturaleza y poder
público. Cuando esas condiciones son tratadas como recursos disponibles para la
acumulación, se deterioran las bases que hacen posible la vida social (Fraser,
2022). Desde esta perspectiva, el desplazamiento de responsabilidades hacia las
familias, las iglesias y las organizaciones comunitarias no constituye una
cuestión secundaria. Forma parte de una reorganización de las relaciones entre
producción económica, reproducción social y poder político.
Esta
relación permite comprender el significado de la escena con la que comenzamos.
Los pastores evangélicos que participan en la celebración de la Casa Rosada
pertenecen a organizaciones que sostienen comedores, merenderos y redes de
asistencia en territorios atravesados por la pobreza. El gobierno que
reivindica la libertad económica y la reducción del gasto público encuentra en
esas mismas organizaciones interlocutores para construir una comunidad de
valores. La cuestión no es que las iglesias presten asistencia social, sino qué
significado adquiere esa asistencia cuando las instituciones públicas
restringen sus responsabilidades y trasladan una parte creciente de las
necesidades colectivas hacia las familias y las organizaciones comunitarias.
El
enfrentamiento de Milei con Francisco permite reconocer una contradicción que
atraviesa esta reorganización política. En Fratelli tutti, el papa cuestionó la
pretensión de convertir el mercado en el principio suficiente de organización
de la vida social y rechazó que la dignidad humana pudiera quedar subordinada a
sus resultados (Francisco, 2020). La disputa no enfrentaba simplemente dos
concepciones religiosas, sino dos maneras de comprender las relaciones entre
libertad, propiedad y responsabilidad colectiva. La defensa de la justicia
social, que Milei había denunciado como una forma de apropiación ilegítima,
expresaba una concepción de las obligaciones sociales incompatible con la
primacía absoluta de la libertad económica.
Volvamos
a la Casa Rosada. Ante representantes de iglesias que sostienen comedores y
merenderos en barrios populares, Milei invocó una comunidad de valores fundada
en la defensa de la libertad. Pero las necesidades que esas organizaciones
atienden remiten precisamente a las condiciones materiales que su programa
económico subordina a las exigencias del ajuste fiscal, la propiedad y la
acumulación. La libertad proclamada por estos nuevos cruzados protege
determinadas relaciones de poder mientras restringe las posibilidades efectivas
de otros para decidir sobre sus propias vidas. La contradicción no reside en
que las iglesias alimenten a quienes padecen hambre, sino en que esa asistencia
pueda convertirse en legitimación moral de un orden político que contribuye a
reproducir las condiciones que la hacen necesaria.
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