EL RUGBY Y LA LUCHA DE CLASES

Otro asesinato perpetrado por «rugbiers» 

La suma de crímenes asociados a la violencia, al machismo y al patoterismo que rodea al rugby, al menos en Argentina, apuntan a algo más que a circunstancias fortuitas. En esta ocasión, en la localidad balnearia de Villa Gesell, once individuos, autodefinidos como «rugbiers», asesinaron a un joven de 19 años a golpes de puños y patadas en la puerta de una discoteca. Las imágenes de la brutal paliza circulan por la web. El debate público está servido. De manera análoga a lo que ocurre cuando evaluamos los crímenes machistas, hay quienes disculpan el comportamiento o lo relativizan, y hay quienes, por el contrario, intuyen trasfondos más complejos y preocupantes detrás de los hechos puntuales. 

Con este nuevo caso de violencia protagonizada por gente asociada al rugby en el espacio público, da la impresión que estamos hablando ya de una «tendencia», reconocida, incluso (aunque cautamente), por sus propias asociaciones federadas, que señalan el cóctel explosivo que suponen: los hábitos patoteros + el consumo de alcohol + los patrones de agresividad social + la frustración y descontento que vive la sociedad argentina en su conjunto.  En síntesis, esos que llamamos «los rugbiers», en ciertas ocasiones y en ciertas condiciones, al menos en Argentina, matan. Hete aquí el problema. 

Los boxeadores tienen prohibido pelearse fuera del cuadrilátero, porque sus puños son considerados armas mortales. De manera análoga, la «patota» de rugbiers, convertida en manada, debería ser sometida a una caracterización penal semejante que hoy, sin embargo, no contemplan los códigos. Los ingredientes de este cóctel criminal deberían valorarse como un agravante del delito, y no como un atenuante, como algunos pretenden. 

Lo que se aplaude dentro del campo de juego y produce lealtades de por vida entre los miembros de un mismo equipo, se ha convertido en un peligro para la convivencia cuando se traslada fuera de su escenario. El problema no es nuevo. Está enquistado en los imaginarios que promueven algunos representantes de este deporte en Argentina. 

Un primer paso es exigir a «la gente del rugby» que deje de hacer falsas traducciones morales. De manera análoga al modo en que luchamos contra el machismo y sus falsas afirmaciones de supremacismo varonil, cabe preguntarse: ¿es verdad que el rugby crea valores apreciables para una sociedad igualitaria y democrática? No lo hace el rugby, tampoco el fútbol, ni el tenis, ni ningún otro deporte. Son mitos opacos que se asocian más a la propaganda que a la verdad. 

Los códigos militares y sacerdotales resultan perniciosos cuando se trasladan a la vida civil y secular. De igual modo, los códigos que gobiernan los comportamientos en el «cuadrilátero» que define el campo de juego en el rugby, no deberían trasladarse a los espacios de convivencia democrática, y si tienen un lugar en el mundo corporativo, es justamente por la crueldad de las prácticas que fomenta el capitalismo. 

Inglaterra versus Gales

En 2018, en ocasión del partido que enfrentaba a Inglaterra y a Gales en la Six Nations Championship, en una entrevista concedida a The Times, el primer ministro galés Carwyn Jones señaló que la relevancia del partido trascendía lo meramente deportivo. Jones señaló: 

– Siempre ha habido un elemento de clase en estos partidos de rugby entre Inglaterra y Gales. Aunque todos los jugadores son en la actualidad profesionales (de modo que estamos lejos de la idea de que están jugando mineros contra corredores de bolsa, como ocurría en el pasado) siempre está presente una arista de este antiguo antagonismo. Nosotros somos una pequeña nación. Para nosotros el rugby es un juego comunitario en el que la clase trabajadora [nosotros] se enfrenta a «esa gente elegante» [de Inglaterra]. No digo que esto sea lo que realmente ocurra, pero ese es el modo en el cual se percibe comúnmente el asunto.

En Gran Bretaña nadie duda, ni siquiera el primer ministro galés, que haya una arista política, un conflicto de clases, escenificado en el rugby. Incluso dentro de la propia Inglaterra, señala Tony Collins, en The Struggle and the Scrum, los conflictos entre la Rugby League y la Rugby Union echan sus raíces en conflictos de clase. Para Collins, existe una estrecha correlación entre las ideologías políticas en pugna en Inglaterra en la época en que se produjo la escisión de estas dos federaciones, una época marcada por el recrudecimiento de la lucha de la clase trabajadora.

Rugby y pobreza en Argentina

Ahora bien, en Argentina, este antagonismo se manifiesta de otra forma. El machismo y el patoterismo que manufactura el rugby a través de sus liturgias, como las retorcidas lealtades que promueve, son el resultado de una traducción diferente de los conflictos sociales. El rugby en Argentina no ha sido históricamente un deporte transversal, un escenario en el cual, de manera ceremonial, las clases sociales escenificaran sus contradicciones, sus pugnas de intereses. En Argentina, lo que el rugby ha escenificado es «exclusión».

Recordémoslo: Argentina es ese lugar del mundo donde se marca como «negra» a la clase trabajadora, como «negro» al pobre. Lo que se enfatiza con ese nombre es una alteridad amenazante: es el otro que porta todos los males históricos que arruinan a la patria; el otro entendido como obstáculo para nuestra grandeza colectiva; el otro estigmatizado como lo despreciable frente al que debemos protegernos: el otro vago, el otro cobarde, el otro sucio, el otro ladrón, el otro que no merece «estar entre nosotros». 

Este imaginario es análogo al que subyace al antiperonismo (que podriamos definir como «antinegro»). Paradójicamente, es en este escenario donde el rugby argentino se autodefine como tradición formadora de hombres, como semillero de valores. 

Como ocurre con el antiperonismo, el trasfondo imaginario del rugby argentino es un anhelo sarmientino. Educar, para Sarmiento, significaba enfrentar civilización a la barbarie. El rugby pretende encarnar esa civilización, pero como ocurre con el propio paradigma sarmientino, está más cerca de la barbarie que pretende «exterminar» de lo que quisiera reconocer: puede ser brutal hasta la crueldad asesina de su otro.

Violencia y machismo sistémico

La pregunta, entonces, es qué hacer con la hermenéutica autoindulgente y sublimada del rugby, con su pretensión de ser civilización frente a barbarie. Qué hacer con sus liturgias machistas, con sus panegéricos de valentía, combinadas con un patoterismo engolosinado y chulesco. Qué hacer, en el mejor de sus casos, con sus máscaras paternalistas. Qué hacer con el tipo de lealtades perniciosas que, en ocasiones, se convierten en verdaderos «pactos de silencio» y complicidad frente a la desmesura colectiva, frente al machismo discriminador y homofóbico.  

Como el fútbol (y cualquier otra práctica social), el rugby porta, junto al estandarte de sus grandezas, el monedero de sus pecados escondidos, de sus vicios, de su propia pasión promiscua, insalubre y cruel. 

Se ha dicho mucho, por ejemplo, de los barras bravas del fútbol, de la corrupción en el fútbol, de la trampa que supone el matrimonio de fútbol y política. Pero, ¿qué decir del rugby, de sus excesos, de los efectos perniciosos de exclusión que promueve, de sus liturgias degradantes, de sus gestos despreciativos, de sus potenciales crueldades que los sanos hábitos que dice cultivar no han podido evitar? 

No estamos ante una excepción, ni lo ocurrido es fruto exclusivo de las transformaciones que vive la sociedad en su conjunto. Hay algo de fortuito, y algo generalizado en todo esto, quién podría negarlo. Pero los ejemplos de violencia ciega que protagonizan jóvenes rugbiers se multiplican. Esto exige por parte de todos los involucrados en su mundo, y en la sociedad en su conjunto, un compromiso que conduzca a un radical cambio cultural, primero, en el seno del rugby argentino, de su ideología, de sus liturgias, de sus narrativas de supremacismo moral, pero también en todo el país, acechado, desde su fundación, por los mismos mitos fantasmagóricos de civilización y barbarie. 

«SOCIALISMO O BARBARIE»

Aunque, para algunos, el lenguaje pueda resultar «arcaico», el siglo nos encuentra, otra vez, en una encrucijada análoga a la que nuestros antepasados definieron, a mi juicio acertadamente, con la expresión «socialismo o barbarie». Es posible que para muchos de nuestros contemporáneos la palabra «socialismo» resulte ambigua, o incluso tramposa, pero el lugar X que ocupó el «socialismo» en el pasado sigue siendo una opción incontestable: es la alternativa utópica a la barbarie que impera en el mundo. 

Hace ya mucho tiempo, en el Manifiesto comunista, Marx y Engels definieron la dinámica de conflicto que caracteriza la experiencia social de la humanidad, enumerando las diversas máscaras que en cada época histórica asumen opresores y oprimidos. También señalaron que ese constante y perpetuo conflicto que, oculta o abiertamente, producen las relaciones sociales de dominación, solo puede desembocar, o bien en la revolución, o bien en la ruina para todas las partes contendientes. 

Como revolucionarios, Marx y Engels cultivaron una visión optimista de la historia. Legaron a las generaciones futuras una narrativa esperanzada. Eso que ellos llamaron la «burguesía» (el rostro que había asumido el opresor en las sociedades capitalistas)  había creado a su propio enterrador, el proletariado, cuya victoria, como el advenimiento de cualquier otro salvador, pareció a muchos inevitable.

Pero la historia del siglo XX nos demostró con creces que las catástrofes, la violencia y el sufrimiento, son el pan nuestro de cada día. Cuando miramos atrás, como el ángel descrito por Walter Benjamin, solo vemos apilarse crímenes, cadáveres, víctimas de la injusticia, tierra arrasada. 

Frente a las repetidas derrotas, fueron muchos los que acabaron concluyendo que nada podía hacerse. El mal, parecían decir, es una realidad cósmica. El «progreso» que nos empuja hacia el futuro (aunque hoy parece más bien abocarnos sin desvío hacia la aniquilación) es imparable. De este modo, las Guerras mundiales, y las otras muchas que ha manufacturado el imperialismo en sus diversas formas, Hiroshima y Nagasaki, los campos de exterminio, y en nuestra época, la violencia y la crueldad sistémica que impone de manera quirúrgica, pero no por ello menos asesina, el orden neoliberal, no son más que los accidentes inexorables que exige el advenimiento del mejor de los mundos posibles. 

Sin embargo, aquí estamos, una vez más, una nueva generación obligada a mirar hacia atrás, contemplar el cúmulo de catástrofes que nos precede, conscientes de la ruina del «progreso», no solo para las víctimas directas e indirectas, sino también para los hipotéticos «triunfadores» de su ecuación suicida. Porque, pese a los esfuerzos denodados de los ricos y opresores por manufacturar paraísos privados donde poder esconderle la vista a la barbarie, la fealdad estética y moral lo invade todo.

La historia del capitalismo es una historia de aceleración, crisis y conflicto, guerras, insurrecciones y represión ininterrumpida. La historia del capitalismo es la historia de la barbarie en nuestra época. Como un mago experimentado, la propia vorágine de actividad incansable que promueve logra esconder su naturaleza provisional, finita, mostrándolo ilusoriamente como una eternidad objetiva. 

Sin embargo, las relaciones sociales que constituyen el «capitalismo» no están grabadas en nuestro ADN, ni nos definen desde el cielo de las ideas como la clase de homínidos que somos. El sistema capitalista fue en el pasado solo un futuro alternativo que acabó encarnándose en la historia como nuestro presente, pero por eso mismo, porque es el resultado de causas y condiciones determinadas, que son, a su vez, contingentes, está llamado a mutar y desaparecer. El capitalismo no es una «cosa» que exista por sí misma, sino un conjunto de relaciones sociales forjadas en la historia, y sostenidas en nuestro imaginario por su nombre en disputa. Hoy asistimos a su versión más extendida y extrema, definida por un anti-humanismo lacerante. 

El presente, sin embargo, es siempre tránsito entre el pasado y el futuro. En ese tránsito se manifiestan, como alucinaciones, como ensueños, las tendencias que pugnan por convertirse en futuro. Nuestra tarea consiste en descifrar en la inestabilidad inherente del orden vigente, la fugaz aparición y persistencia de una alternativa posible frente a la «repetición». 

Como en el pasado, hoy vuelve el eslogan «socialismo o barbarie» a definir claramente la naturaleza de nuestra encrucijada. Puede que, para algunos, la X y la Y de esta disyunción («socialismo» o «barbarie») deba redefinirse en vista de la historia que les precede, pero esta disyunción, como expresión de una realidad que nos provoca, es incontestable.

UTOPÍAS Y DISTOPÍAS EN LAS DOS ORILLAS

Destinos paralelos

Ni Argentina, ni España, tienen las cosas fáciles. En ambas orillas han triunfado en las urnas coaliciones de izquierda. En ambas orillas, quienes enfrentan a los nuevos gobiernos son oposiciones de «extrema derecha» y de «derecha extrema». Los desafíos que enfrentan son disímiles, pero la estructura retórica que teje alianzas y contraalianzas en ambos casos guarda similitudes notables. En una época de crisis de las «democracias realmente existentes» como en la que vivimos, la escenificación que se promueve de un lado y del otro de las bancadas en los parlamentos y los platós de televisión es la de utopías y antiutopías alternativas. 

La izquierda, en su mejor versión, sigue apostando a la formulación de utopías más o menos atrevidas. En países azotados por todas las clases posibles de desigualdad en distribución y reconocimiento, las izquierdas apuestan por la promoción de políticas positivas que achiquen los baremos, porque imaginan países y un mundo en cuyos espacios sea posible una convivencia más justa. En cambio, ante la desigualdad, las derechas proponen más desigualdad, y ante las fricciones y violencias que estas desigualdades producen, las derechas apuestan por seguridad y apartheid. 

De este modo, las derechas y las izquierdas son, en última instancia, respuestas de la imaginación política. Sin embargo, debemos estar atentos a las trampas retóricas que utiliza la derecha para impugnar el uso de la imaginación política tildándola de «infantil». La distopía es el resultado del aferramiento a la «política normal», antiutópica, gerencial, que enfrenta los desafíos de la convivencia desde el miedo y el prejuicio, pero es también imaginación política (eso sí, antiutópica). 

Utopia versus espiritualismo

Lo utópico, en cambio, implica resistirse ante el estado de cosas que impone el presente como verdad sustantiva. Cuando es verdaderamente fértil, se traduce en antimoralismo y antifatalismo, proclamando que otro mundo es posible. Cuando en ella anida el resentimiento, da lugar a la ciega violencia del acorralamiento. Mientras lo utópico nos hace caminar es saludable, porque nos permite estar en contacto con el mundo y con la gente que nos envuelve y nos hace posible. En cambio, cuando se teje en la oscuridad de una consciencia solipsista y monológica, se convierte en una enfermedad psíquica que dilata nuestra distancia con el mundo. Esa enfermedad se llama «espiritualismo». En su forma más perversa es una forma de negación o apatía ante el mundo, que acaba, por comodidad, al servicio de las tendencias políticas conservadoras. 

La «salud psicológica» de una sociedad se mide en función de la capacidad que tenga de soñar alternativas edificantes y emprender su realización. En contraposición, las sociedades enfermas tienen por objetivo exclusivo blindarse ante todo aquello que amenaza el status quo, con el fin de garantizar a cualquier precio los marcadores de privilegio.

En el primer caso, nos encontramos con ciudadanías atrevidas, que enfrentan los problemas del presente sin perder de vista los horizontes de bien que han elegido como destino. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Qué tipo de país queremos habitar? ¿Qué necesitamos cultivar para alcanzar nuestros objetivos? La educación que necesitan nuestras hijas y nuestros hijos es una educación «profundamente» política, moralmente «futurista». Para ello debemos ofrecerles herramientas que les permitan imaginar esos otros mundos posibles a este mundo presente que ahora mismo se consume a sí mismo, destruyéndose a sí mismo. Pero para ayudarlos, nosotros mismos debemos recuperar la imaginación política y moral, volver a preguntarnos ¿qué mundo, qué país nos merecemos?

Bienvenidas anomalías (o virtuosas persistencias)

Las coaliciones que conducen, desde hace un mes Alberto Fernández en Argentina, y desde hace unos días Pedro Sánchez en España, son, en los tiempos que corren, «anómalas» - como llamó Ricardo Forster a los gobiernos progresistas latinoamericanos en la pasada década, especialmente si tenemos en cuenta el Zeitgeist bajo el que vivimos. Pero también podemos pensar en estos gobiernos como reflejos de virtuosas «persistencias», como calificaría José Pablo Feinmann a esas tradiciones políticas empecinadas bajo la superficie del «mundo plano» que impone el neoliberalismo. Anómala y persistente es la voluntad de libertad e igualdad de los pueblos. 

Analizadas en términos absolutos, son discretísimas matizaciones al orden de injusticia sistémica que nos rodea. Sin embargo, analizadas en términos relativos, y en vista de las respuestas que producen sus respectivas oposiciones, son amenazantes terremotos políticos. La razón no está en las medidas puntuales que proponen, ni en las políticas que, finalmente, sean capaces de implementar. La razón está en el hecho de que han vuelto a poner a la imaginación política progresista en el escenario público. A estos gobiernos se les podrá tildar de falta de valentía en el futuro, o se los impugnará por no haber avanzado lo suficiente en sus programas de recuperación de derechos y construcción de alternativas incluyentes, pero no se les podrá negar que con su sola existencia nos autorizan a soñar, y hacen del sueño por un mundo más justo un ejercicio legítimo. 

Esta es la lección que debería asumir la izquierda radical que acompaña al baile del «cuanto peor mejor» al que invita la extrema derecha: las democracias siguen siendo el mejor trampolín para avanzar en las políticas radicales. Ceder el espacio democrático a las formas neofascistas que hoy disputan el alma de las clases populares, ofreciéndoles paliativos al resentimiento y al odio que engendra la precariedad a la que ellos mismos les han empujado, no es una opción legítima para las fuerzas del cambio. 

Urgencias y horizontes de sentido 

Por el momento, el principal proyecto del ejecutivo argentino es terminar con el hambre. Se trata de un modesto empeño si se lo mira a la luz de la desigualdad que impera en la Argentina posmacrista. Se trata de una política de emergencia que no admite segundos pensamientos. Sin embargo, la oposición no acompaña, o lo hace a regañadientes, midiendo a cada paso las consecuencias que supondrá regresar a millones de individuos alienados por la desesperación y la desesperanza de la pobreza extrema al orden social y a la política. Nadie que vuelve a comer aplaca su deseo, sino que lo multiplica. Los doce años kirchneristas lo demostraron, y la derecha macrista hizo bien en señalarlo, acusando a los pobres de querer disfrutar de aquello que es privilegio exclusivo de «las clases acomodadas».

Pedro Sánchez, atenazado, por encima, por el ordoliberalismo europeo, y por debajo, por los desafíos territoriales, apuesta a la sobriedad presupuestaria y al diálogo político, pero también a empezar a desarmar las políticas de austeridad que han convertido a España en otro país que multiplica millonarios al mismo ritmo que fabrica pobres. La idea, en ambos casos, es achatar la pirámide fiscal, para hacer que los ricos, esta vez, contribuyan para hacer que los de abajo vuelvan a respirar. Pero la distribución va acompañada de una firme apuesta por el reconocimiento que se traduce en un gobierno que se autodenomina como feminista y ecologista. 

¿Reforma o revolución?

Y aquí encontramos otra coincidencia. Ambas coaliciones combinan (1) elementos «socialdemócratas» (el Peronismo «tradicional» y el Partido Socialista Obrero Español) que aspiran a una gestión progresista y redistributiva, que reconozca y garantice derechos postergados, pero sin que ello implique una crítica profunda al capitalismo como modelo de relaciones sociales; y (2) un inconformismo «genuinamente» socialista, el de Unidas-podemos y el de un porción importante del kirchnerismo y otros aliados de izquierda, quienes no renuncian a la crítica profunda del status quo, animando de este modo a la imaginación política a mantener viva la utopía de otro mundo posible. 

Para sus respectivos críticos, estas coaliciones están llamadas al fracaso. Durante meses escuchamos al establishment argentino asustando al electorado esgrimiendo una incompatibilidad insuperable entre el «albertismo» y el «cristinismo». De igual modo, desde que se anunció el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas-Podemos, la derecha extrema y la extrema derecha se han afirmado en su interpretación del «experimento Frankestein». 

Sin embargo, como señalaba Nathan Robinson recientemente sobre una cuestión análoga en los Estados Unidos acerca de Bernie Sanders y el creciente auge del socialismo entre la «generación Y» en el país del norte, las políticas socialdemócratas no están necesariamente en contradicción con un proyecto genuinamente socialista. Pueden ser un trampolín hacia formas más radicales de democratización que, necesariamente, implican una crítica radical del capitalismo, entendido como un modelo injusto de relaciones sociales. Por lo tanto, contrariamente a lo ocurrido en otras circunstancias, estas coaliciones pueden interpretarse como más equilibradas, en tanto contienen, en un marco de acción progresista social-demócrata, fuertes dosis de inconformismo que pondrán en cuestión cualquier tentación conservadora en su seno. 

Participación y movilización

El lenguaje, como siempre, no se dice solo. Exige, no solo un emisor, sino también un receptor. Cortazar fue el que dijo, acertadamente, que hay dos tipos de lectores. Por un lado, “el tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos pro­blemas ajenos que le permitan sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser el suyo”. Por el otro, el «lector-cómplice», aquel que es capaz de participar y padecer la experiencia propuesta. 

Las derechas españolas y argentinas tienen miedo a que los gobiernos de izquierdas agiten lectores-cómplices, es decir, que las ciudadanías vuelvan creer que están autorizadas a imaginar un futuro mejor, un orden social más justo. Ante esa pretensión de los de abajo, las derechas alistan sus ejércitos, construyen sus muros, y combaten a quienes pretenden poner límite al carácter excluyente del reparto. En vez de preocuparse por multiplicar los peces y los panes para distribuirlos equitativamente entre todos, las derechas apuestan a la desposesión y la explotación. 

Las ciudadanías progresistas tiene que exigir a sus respectivos gobiernos que avancen, y tiene que hacerlo movilizándose, para contraponer a las distopías defendidas por los Abascal, las Bullrich, los Macri, los Casado, las Arrimadas y las Vidal, las utopías alternativas que, pese a las decepciones y los engaños, siguen animando el horizonte democrático.

ESPAÑA TIEMBLA

Primera sesión de investidura

A pocas horas de la segunda sesión de investidura, España tiembla. La «extrema derecha» y la «derecha extrema», como se califican ahora al bloque de Vox, Partido Popular y lo que resta de Ciudadanos, todavía cautivo en la inercia de su época de esplendor electoral, parece haber urdido un golpe de efecto para impedir que la coalición de izquierdas PSOE-Unidas Podemos finalmente forme gobierno. 

Mientras tanto, los defensores de la patria española no dejan de embarrar el «buen nombre» de sus instituciones, obligando al funcionariado judicial y administrativo a actuar contra la credibilidad de sus agencias, con el fin de forzar resultados inocuos, que están pasándole factura al Reino internacionalmente. España está siendo arrinconada por los de adentro, desde afuera. El Tribunal Supremo de Justicia Europeo, la Euro-cámara, los jueces de primera instancia y alzada en otros países de la Unión, todos parecen coincidir en sus resoluciones y sentencias de que algo no funciona como debiera.

Sin embargo, no hay que perderse en el bosque. Hay que prestar buena nota de los árboles que lo conforman. La batalla discursiva por los votos pone de manifiesto, no solo el conflicto fratricida entre las derechas, la centro izquierda y las izquierdas españolas, sino, también, los conflictos «cajoneados» de la periferia territorial, que hoy acapara las ansiedades y las fobias del Reino.

El discurso de Rufián en la primera sesión de investidura fue doblemente brutal. Brutal contra Pedro Sánchez, quien no le paró los pies, sino que lo dejó seguir amablemente en su andanada, mostrando de este modo su disposición, con tal de conseguir la abstención de ERC que exigen las circunstancias, sino también contra JxC. 

Como en otras ocasiones, escenificó su amor por la lengua y la cultura castellana, con el fin de ofrecer sus definiciones republicanas. ¿Qué es la identidad, después de todo? ¿Un nombre? ¿Qué es Catalunya? ¿Qué es España? ¿Nombres en disputa? 

Nārgārjuna regresó a Iberia cargado de razones:

«Todo es posible cuando la vacuidad es posible. 
Nada es posible cuando la vacuidad no es posible». 

De este modo, Sánchez y Rufián se convirtieron en impensados aliados antiesencialistas, defendiendo cada uno, eso sí, definiciones de identidad antitéticas, que exigirán algo más que una dialéctica deconstructiva. Porosidad y mestizaje son gestos que exige la discusión política del nuevo tiempo, en una época que complota a favor de los fundamentalismos, los muros y las exclusiones. 

Mientras Rufián reconocía su amor por Cervantes y Rosalía, rompiendo los moldes de una cultura pacata y pueblerina que se afirma en su impermeabilidad, Sánchez recordó eso de las «sociedades plurales», y contrapuso a la independencia, la interdependencia. También habló de soberanías compartidas, y garantizó (veladamente) que la ley (la constitución) no estará por encima de la democracia. Aunque, de paso, recordó a los presentes que la democracia, como el ser, «se dice de muchas y variadas maneras».

«Rufián, filósofo dialéctico», podría haberse titulado está nota. 

En su alocución, el político catalán puso blanco sobre negro los desafíos que impone el momento. La abstención se justifica, nos dijo, por el espanto que une a las llamadas «fuerzas progresistas» ante el espectáculo peligroso que ofrece la derecha desbocada. Pero también apuntó al interior de Catalunya, a la pulseada política en la que se juega el ser o no ser de la anhelada república, en la que no solo está en cuestión quiénes somos, sino también para quién somos. 

La violencia (propia o ajena) no vale la pena, bajo ninguna circunstancia – sentenció Rufián; y aclaró, para no dejar dudas en el tintero de los comentaristas, que no se refería a los jóvenes catalanes que se manifestaron en los últimos meses repudiando la sentencia del Tribunal Supremo, sino a aquellos adultos irresponsables que, de un lado y del otro del mostrador de la política, apuestan al «cuanto peor, mejor» como estrategia, con el único propósito de lograr a través del miedo y de la histeria de los colectivos que los secundan, la cuota de poder que necesitan para continuar apareciendo en las marquesinas. 

«A mí no me roba España - concluyó el representante de ERC - a mí me roba Rato, Bárcenas, Millet y Pujol». El nombre de Pujol conmocionó a los televidentes de TV3 que seguían en aquel momento, con un oído, las razones expuestas en las Cortes Generales y, con el otro, los discursos en el Parlament de Catalunya defendiendo al President Torra ante el hipotético «Coup d'état» perpetrado por medio de una resolución administrativa elevada a estatuto de sentencia judicial. Después de tanto argumento contra las hipérboles jurídicas en el llamado «juicio del siglo» (los golpes, rebeliones y sediciones imaginarias defendidas por la fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación popular), el Parlament se despachó con una calificación de «golpe de estado» para la inhabilitación de la Junta electoral haciendo gala del parentesco de aqueos y troyanos.

Sea como sea, más allá de la exageración terminológica, lo que es evidente a esta altura es que la inhabilitación se instrumentalizó expresamente para truncar la investidura de Pedro Sánchez, con el fin de obstruir los acuerdos alcanzados entre PSOE-Unidas Podemos y ERC. 

Segunda sesión de investidura

Hoy los diputados decidirán sobre la presidencia de Pedro Sánchez. Dicen que se trata de un experimento inédito en la historia de la democracia reciente de España: un gobierno de coalición progresista, decidido a darle la vuelta a la página del pasado reciente, con el fin de «encaminar» una solución social y territorial para el país. 

A los ojos de las derechas rabiosas, la coalición es un engendro («Frankestein», repiten algunos de sus diputados). Para otros, como los representantes del Partido Regionalista de Cantabria, o la díscola Ana Orana, de Coalición Canaria, o el representante del Foro de Asturias, la propuesta del PSOE de Pedro Sánchez pone «en peligro (la unidad de) España». 

Sin embargo, no están solos los defensores de esa unidad hipostasiada. Comparten cartel, contra las aspiraciones de un gobierno progresista, los llamados «antisistema» de la CUP, que han prometido, no obstante, ser generosas con sus apoyos a los proyectos que valgan la pena durante la legislatura; y las hidalgas e hidalgos de JxC, que no le hacen asco a ir de la mano con los recalcitrantes del PP, Vox y Ciudadanos.

Mientras tanto, PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH-Bildu y el largo etcétera que componen Teruel Existe, Más País, Compromís, NC y BNG, se complotan para llevar adelante eso que Rufián definió con gesto escalofriante como la unión ante «el espanto», y que Sánchez pretendió matizar (con la retórica grandilocuente de «camaradas» o «compañeros» de otra época) señalando esa pasión que les es común, la «política», que frente a la «antipolítica», decía, altisonante, pretende «cambiar el mundo» - eso sí, moderadamente. 

Al final, una nota sobre la intervención de Aitor Esteban, el representante del PNV, probablemente, el más optimista y cauto de los convidados al banquete, quien justificó su voto afirmativo ofreciendo un argumento incontestable: el país no aguanta más provisionalidad y parálisis. Después de tanto «ruido y furia» (menos faulkneriano, en realidad se refirió a «Fast & Furious»), Esteban afirmó: «podemos felicitarnos», da la impresión de que, pese a los riesgos y obstáculos que se asoman en el horizonte, habrá gobierno. Lo que venga después, lo dirá el tiempo. 

EL VEREDICTO

Quienes tenían dudas sobre la posición europea respecto a la actuación procedimental de la justicia española en la cuestión abierta por el independentismo catalán en el caso en torno al procés pueden ir dejando de lado reparos y reconocer, llanamente, que las instituciones europeas no aceptan los subterfugios jurídicos como sustitutos de la política, al menos en su jurisdicción, y especialmente en lo que concierne a disputas territoriales. Existe un hilo de continuidad entre las decisiones de los últimos años de los tribunales alemanes, belgas y británicos, y el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que conocimos esta semana.

El mensaje del tribunal tiene una doble vertiente. Mucho se ha discutido en los últimos años sobre el fondo y la forma. Primero fueron los independentistas los que se escudaron en la verdad del fondo para romper el status quo estatutario y constitucional con el arrebato parlamentario del 6 y 7 de septiembre, con el desafío del 1 de octubre, a continuación y, finalmente, con la fallida declaración unilateral de independencia. En aquel trance, el gobierno español se presentó a sí mismo como el guardián de las formas legales, el estado de derecho, que, según decía, garantizaba la convivencia de todos. Mientras tanto, el independentismo, ante las dificultades evidentes que supone siempre ser una minoría (en un «Estado Autonómico» o «nación de naciones»; pero, además, en su propio territorio, pese a la mayoría circunstancial en términos de representación parlamentaria) reclamaba su legítimo derecho a ir más allá de las leyes vigentes, para ejercer plenamente su soberanía de manera unilateral. De este modo, fondo y forma se contraponían para justificar los intereses de las partes. 

Ahora las tabas se han vuelto del revés. Ciertos sectores del Estado, y personalidades destacadas de la política española, patalean contra la Unión y ponen en cuestión la decisión del TJUE, reclamando la preeminencia incuestionable de la soberanía estatal por sobre las instituciones de la Unión, exigiendo con ello que se incumpla la decisión emitida por el órgano que representa la «guinda» del pastel que constituye el marco jurídico-institucional de la justicia europea, constituido por sus tribunales de base, sus instancias superiores estatales y supra-estatales. El pretexto, como siempre, son las razones de fondo. Quienes exigen el incumplimiento de las garantías defendidas por el TJUE aducen razones de Estado y de «Justicia mayúscula» contra los privilegios de inmunidad parlamentaria reconocidos por el tribunal. Mientras tanto, los independentistas festejan el apego a las formas procedimentales que defienden los magistrados del alto tribunal, y desdeñan comprensiblemente las pretendidas «justificaciones de fondo» que pretenden quienes impugnan como improcedente un veredicto redactado con la vista puesta en la defensa del «estado de derecho» y las garantías fundamentales. 

De este modo, hace falta una mirada más «hegeliana» sobre el conflicto para entender los límites que impone la mirada kantiana sobre el asunto de justicia con la cual se enfoca el conflicto y su eventual resolución. Forma y fondo, como nos enseñó Hegel, van de la mano, y cuando parten aguas, se ven disminuidas, como ocurre con la estética posmoderna y la ética procedimental. La forma define al fondo dialécticamente, y viceversa. 

De este modo, como ocurre con la mayoría de las sentencias, más allá de su contenido, el veredicto pone «blanco sobre negro» y obliga a barajar los naipes y dar de nuevo para empezar otra partida. 

Esta vez, las consignas para todos los involucrados son: 

(1) Ceñirse a las formas establecidas (aunque estas mismas formas estén en discusión y busquen ser rebatidas o subsumidas por un nuevo formato constitucional);

(2) aceptar que no se puede ir con prisas (las prisas del procés y las prisas del constitucionalismo han causado un descrédito generalizado de la cultura hispano-catalana, que ha destrozado sus respectivas pretensiones de democraticidad y sentido común, además de daños innecesarios a una parte importante de la población); y 

(3) dirimir políticamente los conflictos (es decir, forjar compromisos consensuados, y poner paños fríos a la frustración que supone la dinámica en la distribución fáctica de fuerzas en la sociedad en cada circunstancia concreta, recordando que no hay peor pecado en democracia que los esencialismos que intentan congelar la dinámica social). 

Como sucede con todos los conflictos, estos no afectan exclusivamente a los involucrados directamente con la disputa. Muchas terceras personas resultan maltratadas por los hechos y son convertidas en moneda de cambio en las luchas que las élites diseñan y acometen para lograr la consecución de sus objetivos. Quienes son atraídos a la vorágine de violencia silenciosa o explícita que en estos días recorre el territorio del Estado español (en Madrid y en Barcelona, para decirlo de algún modo) con los lemas y los coloridos y estridentes emblemas nacionalistas como pretexto, deben pagar por las consecuencias de los errores de aqueos y troyanos, como esclavos de las circunstancias. 

Todo esto sin descontar aquello para lo que en última instancia sirve el conflicto territorial en esa otra dimensión menos visitada por los opinadores habituales. En la lucha abierta entre «neoliberales progresistas» y «neoliberales populistas», las riñas identitarias vuelven invisible el verdadero mal: una forma de vida, una «miseria planificada» que, a los ojos de todos los que quieren ver, se ha vuelto insostenible.  

LAWFARE Y GUERRA MEDIÁTICA

El Papa contra el Lawfare

Hace unos meses, el Papa Francisco criticó duramente el uso del Lawfare y las prisiones preventivas. El Lawfare consiste en un despliegue jurídico, cuyo propósito exclusivo es la persecución y encarcelamiento de opositores políticos que, al ser acompañado por los medios de comunicación, se convierte también en una «guerra mediática» que busca dañar y deslegitimar a los líderes políticos y sociales frente a la opinión pública. 

Esta guerra judicial contra oficiales locales, pero también, en una suerte de jurisdicción universal, contra aquellos líderes políticos que atentan contra intereses estratégicos, estatales o corporativos, es «una nueva forma de intervención exógena», ha dicho el Papa, «cuyas armas son el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales».

En América Latina, el lawfare y la guerra mediática se han implementado de manera sistemática para erradicar a los gobiernos de tendencias populares y socialistas, y sus raíces en los movimientos populares. Se ha dicho que el Lawfare en América Latina es la aplicación por otros medios de la llamada «Operación Cóndor», un plan de inteligencia que las dictaduras militares latinoamericanas implementaron durante la década de 1970 y 1980, en tándem con la CIA de los Estados Unidos, para aniquilar a las izquierdas populares en la región. 

Yo acuso

Ayer, la expresidente y actual vicepresidente electa de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante tres «largas» horas, realizó su descargo frente al tribunal que la juzga por causas de corrupción. En dicha presentación, cuya divulgación el tribunal intentó limitar, prohibiendo su transmisión en directo (pese a que la acusación de la fiscalía había sido transmitida en vivo previamente), la expresidente acusó al tribunal y al gobierno saliente de Mauricio Macri de haber participado en un plan sistemático de lawfare y guerra mediática contra políticos y líderes sociales, e incluso familiares y amigos. 

Como el propio New York Times destacó en su momento, esta estrategia fue la que permitió a Mauricio Macri llegar al poder; y luego, durante el período de su gobierno, garantizar su gobernabilidad, pese a las políticas regresivas de reendeudamiento, devaluaciones, ajustes y solapada privatización de sectores estratégicos de la economía, utilizando a la corporación mediática, en colaboración con la Unidad de Información Financiera (dirigida por un exHSBC procesado por lavado de dinero), y la Oficina Anticorrupción (dirigida por Laura Alonso, una de las principales promotoras del fake-news del asesinato del fiscal Nisman, y representante de Paul Singer, uno de los principales tenedores de deuda argentina), la magistratura y los servicios de inteligencia.  

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, cuya estrategia consistió en denunciar al propio tribunal de complicidad y de participación directa en este plan estratégico, enumeró de manera consistente las irregularidades en los procesos, y desenmascaró la estrecha colaboración de los grandes medios, los servicios de inteligencia, la magistratura, y del propio ejecutivo, especialmente de aquellos estamentos que se encuentran directamente bajo la dirección de la presidencia, en la tarea de acoso, persecución y encarcelamiento de opositores. 

Catalunya en el espejo latinoamericano

En Europa, en general, y en Catalunya en particular, pese a la plausibilidad de las denuncias por el uso del Lawfare en su propia jurisdicción, la suerte de los líderes políticos y los militantes sociales latinoamericanos ha sido menospreciada por los grandes medios, cuando no justificada por la mayoría de las plumas de peso en la prensa local. 

En Catalunya, algunos casos merecen una mención especial. La periodista independentista Pilar Rahola, notable por su doble vara y su encono contra los líderes populares latinoamericanos hasta el punto de la fobia, pese a sus propias denuncias sistemáticas contra el uso flagrante de la justicia para dirimir conflictos políticos en el Estado español, ha sido una defensora a ultranza de las fuerzas políticas de la derecha latinoamericana que han emprendido con éxito la persecución de los líderes políticos y la estigmatización de las fuerzas populares de izquierda por medios similares, llegando hasta el punto de apoyar públicamente a Mauricio Macri, un presidente que simpatiza enteramente con la visión promovida por la Fundación Mont Pelerin, y principal promotor de este tipo de estrategia, decisiva para cambiar de raíz la estructura socioeconómica del país, e imponer la moral e institucionalidad que exige el mercado neoliberal. 

Sin embargo, Rahola no es un caso aislado. La televisión pública catalana, y la mayoría de los grandes medios (con La Vanguardia a la cabeza, y los otros haciendo fila india), se han posicionado de manera decisiva contra los gobiernos populares que, en la pasada década, han realizado las más grandes transformaciones sociales en el continente a favor de los desfavorecidos.

Si, pero...

Todos estos medios coquetean abiertamente con las fuerzas golpistas promercado, alzando su voz exclusivamente en casos de incuestionable violación de los derechos humanos, como ocurre actualmente en Bolivia, donde un grupo racista perpetra fechorías que recuerdan a las más atroces formas de perversión moral de la humanidad (asesinatos étnicos refrendados por el poder político y judicial). 

Sin embargo, incluso en esos casos, siempre las denuncias son precedidas con reflexiones pretendidamente edificantes y moralistas acerca de la nunca comprobada responsabilidad de Evo Morales en un fraude que, hoy sabemos, no existió, pese al esfuerzo demostrado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, por interrumpir la continuidad institucional en Bolivia, y forzar una salida semejante en Venezuela a las órdenes de las exigencias de Washington. 

¿«Solidaridad» u oportunismo?

En estos días en los que tanto se habla sobre el juicio contra los líderes del procés, los independentistas catalanes deben poner blanco sobre negro y definir claramente su posición sobre esta plaga que acecha a las democracias a lo largo y ancho del planeta. 

Hace unos días, un centenar de organizaciones, líderes políticos y sociales e intelectuales de Argentina se manifestaron abiertamente contra el uso del lawfare y las prisiones preventivas en España, entre ellas la Organización «Abuelas de Plaza de Mayo». 

Mientras tanto, personalidades destacadas de Catalunya, como Pilar Rahola, quien batalla contra el lawfare y la persecución mediática en su propio país, parece defenderla en el caso israelí, cuya estrategia histórica de persecución judicial contra el enemigo palestino es un signo de Realpolitik que no se puede desdeñar cuando uno es portador de los estandartes de la civilización occidental; o la ignora, la justifica o la apoya públicamente, como ocurre en los casos latinoamericanos, cuando se utiliza contra gobiernos y líderes políticos que defienden modelos sociopolíticos que resultan despreciables para el establishment neoliberal y pseudorepublicano que defiende públicamente la periodista. 

Vargas Llosa

El caso de Vargas Llosa merece un apartado. En su artículo del 1 de diciembre de 2019, titulado «El fin de Evo Morales», publicado simultáneamente en Madrid y los principales medios latinoamericanos, el Nobel peruano festeja el derrocamiento de Evo Morales, contra el cual lanza su pluma envenenada y racista. 

De acuerdo con Vargas Llosa, lo que presenciamos en Bolivia es el resultado del levantamiento de un pueblo valiente en defensa de su libertad. Sin embargo, nos dice el peruano, en un fragmento que quedará esculpido en nuestra memoria, «el problema son los muertos»:

¿Dónde está el problema, pues? Está en los 23 muertos, la mayoría heridos de bala, que se produjeron durante los violentos disturbios que tuvieron lugar en distintas ciudades de Bolivia a raíz del intento de fraude electoral que sublevó a los ciudadanos y los echó a la calle a protestar. ¿Quiénes les dispararon? La acusación de que fueran los policías y soldados no está demostrada aún y hay razones más que suficientes para asegurar que los partidarios del exmandatario, en especial los cocaleros del Chapare y los ciudadanos de El Alto, militantes del MAS, estaban armados hasta los dientes (lo están todavía) y causaron, por lo menos en parte, buen número de aquellas víctimas. Ojalá que los tribunales bolivianos lo establezcan con precisión y los culpables sean sancionados con severas penas de cárcel.

En julio de 2019, Vargas Llosa, Luís Almagro (actual Secretario General de la OEA y principal promotor de la intervención militar contra Venezuela, y responsable directo del golpe en Bolivia), Sebastián Piñera (presidente de Chile) y Mauricio Macri (presidente argentino), participaron del 31º Aniversario de la Fundación Libertad en Argentina, donde Vargas Llosa tuvo palabras elogiosas hacia Almagro y anticipó hasta cierto punto la embestida que preparaba el diplomático uruguayo al servicio de Washington, y donde los presidentes Piñera y Macri dialogaron de manera amable y cómplice sobre las transformaciones morales e institucionales que exige Latinoamérica para embarcarse decididamente, ahora sí, en el camino hacia la utopía neoliberal. 

Los eventos en Chile y la derrota de Macri en Argentina, demuestran que en la región, contrariamente a lo que señala (¿ingenuamente?) Rahola en su artículo del 24 de noviembre en La Vanguardia, titulado «Continente en Llamas», no es la corrupción o la debilidad institucional lo que falla, sino el hecho de que, como todo territorio apetecido por el poder neoimperial y corporativo, es un campo de batalla, en el que se enfrentan las fuerzas populares y las élites que se nutren de la desposesión y la explotación. Rahola, claramente, tiene su corazón vendido a esas élites. 

¿La patria o la clase?

Como señala en su página web, la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, nació en octubre de 2002 y «tiene como principales objetivos la defensa y promoción de los principios de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Su constitución ha sido una iniciativa de intelectuales y referentes de Think Tanks de ambos lados del Atlántico (Estados Unidos, Iberoamérica y Europa)». La Fundación «apuesta por aquellos principios cuya instauración constituyen las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad, adoptando estrategias destinadas a combatir en el campo de las ideas aquellas que amenazan estos valores».

Para aquellos que estudiamos los orígenes del neoliberalismo, la retórica es conocida, porque la Fundación Internacional para la Libertad forma parte del entramado de Think Tanks inspirados por la Fundación Mont Pelerin que, en 1947, sentó las bases y ejemplificó la estrategia que desde entonces, de manera exitosa, ha promovido el modelo neoliberal de gobernanza global, fundado en una peculiar comprensión de la naturaleza y la sociabilidad humana, del orden moral y del mercado capitalista.

Ahora bien, cuando echamos un vistazo al consejo académico de la Fundación, nos encontraremos con curiosidades dignas de una línea en nuestro artículo.  Una treintena de nombres pretenden garantizar la credibilidad y autoridad intelectual del emprendimiento. Algunas son bien conocidas, como es el caso de Enrique Krauze o Marcos Aguinis; otros traen aciagos recuerdos, como el exministro de Economía Ricardo López Murphy; otros, como Xavier Sala i Martin, un economista de culto entre los independentistas, y asiduo de los medios de comunicación catalanes, son menos conocidos fuera de las fronteras de Catalunya, pero asiduo y ostentoso entrevistados en las mesas de opinión de TV3.  

La presencia de Sala i Martín en la Fundación de Vargas Llosa para la libertad nos dice mucho de la democracia por la que decimos luchar en nuestro territorio. Vargas Llosa, el feroz antiindependentista que arengó desde el púlpito a la ciudadanía española en Barcelona frente a la Estación de Francia, y el independentista de cuño, que predijo el «Adéu a Espanya» en uno de sus libros de trincheras publicados en tiempos de ilusiones, se unen en este Think Tank paradigmático para Iberoamérica, con el fin de rendir culto y proclamar su fidelidad última a una visión muy peculiar de la libertad, bajo la cual todas las querellas identitarias quedan subsumidas. 

Esto muestra claramente, como ha sido siempre, que, antes que la patria está la clase, y cuando está la patria, es siempre por intereses de clase que se ondean sus banderas. Es bien sabido que entre los ricos, pese a hablar diferentes idiomas, lo que se venera es «la distinción» (Bourdieu): el buen gusto y las buenas maneras. El resto es para el pueblo llano, que, a veces, ignorante, está dispuesto a «barallar-se i morir» en nombre de sus amos. 

INMIGRACIÓN Y BILINGÜISMO

Sobre los consensos

Leo en La Vanguardia un artículo titulado «bilingüismo», de Imma Monsó. Comienza con una de esas reflexiones habituales sobre lo que ha supuesto educarse o no educarse en catalán, sobre la brecha generacional y sobre todas esas cosas tan repetidas en el discurso oficial por eso del «consenso de país» (¿consenso? ¿intocable? ¿«inaceptable plantear siquiera la cuestión», como dice Tardà, «porque nos ha costado tanto» [1]? ¿como la Constitución española, pero acompañado con un tono de indignación más polite?). Si hay que dialogar, debatir, discutir, debemos poder hacerlo sobre todo, sin cortapisas, sin vacas sagradas a las que les debamos pleitesía, sin rasgarnos las vestiduras, sin impunidad manifiesta (¿no es esa la idea?). Abierto el melón, muchas semillas.  

Sin embargo, el artículo me deparaba una sorpresa, porque se construye, como la misma autora reconoce, a partir del premio Cervantes concedido a Joan Margarit, un autor que escribe en ambas lenguas, castellano y catalán. Para eso sirven a veces los premios, dice Monsó, «para refrescar la cuestión del bilingüismo», que no es solo una cosa de catalanes (agrego yo), sino también de inmigrantes de todos los colores. Es decir, un fenómeno universal en tiempos de globalización (y antes también), que no solo afecta a los que están, y siguen estando por los siglos de los siglos amén, sino también a los que se fueron, y vinieron, y siguen «fuyendo» (o huyendo) en su inacabable exilio a través de los desiertos hacia la tierra prometida. 

Ilustraciones

El otro día, sin ir más lejos, me encuentro nuevamente con mi vecina, que hace años parlotea sus necedades sobre chinos, magrebíes, subsaharianos e (imagino) sudacas, mientras compartimos incómodos el cubículo del ascensor, y vuelve a preguntarme, por enésima vez: «¿En tu tierra también hacen las cosas blablablabla?». Un bufón escondido en mi alma me obliga a contestarle: «En mi tierra no, ¿y en la suya?». «¿La mía?». «Si, la suya. ¿Porque usted es de Rumanía, no es cierto?». «¡No! Soy de aquí, de toda la vida». «Hubiera jurado que era rumana. Siempre creí que era rumana. Qué curioso, porque si es de aquí, no lo parece». La mujer se fue francamente dolida. La dejé ir, así, con un poco de malicia, pero también con espíritu pedagógico.

Hace unos meses, un chico muy majo, oriundo de Horta, me contó «muy suelto de cuerpo» que viajó a Madrid por cosas de trabajo, y allí, su huésped, le echó en cara lo mal que hablaba el castellano, y le corrigió varias veces los giros lingüísticos y las expresiones que utilizaba. En fin, primero me reí, pero como buen argentino le dije: «¿vos sos boludo, o te hacés?». 

«Boludo» es una palabra perfecta, única, extraordinaria. Es la única palabra que ofende sin ofender, que puede ser, tanto una muestra de cariño, como un improperio. En este caso «ser boludo» significaba darle autoridad a un madrileño (por mera pertenencia territorial) para que te diga de qué está hecho el castellano, y quién manda en su expresión. Si a un argentino, o a cualquier otro latinoamericano, un madrileño le hiciera un comentario semejante, solo resultaría en una carcajada infinita. 

Normalització y privilegios

Por eso, cuando estudié catalán, decidí abandonar el Consorci per a la Normalització Lingüística, y continuar en la Escola Oficial d'Idiomes, donde un profesor valenciano (un gran profesor valenciano), me confirmó lo que ya sabía: que el catalán se habla de muchas maneras, como ocurre con todas las lenguas del mundo en las diez direcciones: este, oeste, sur, norte, las cuatro direcciones intermedias, el cielo y el infierno. 

En este sentido, aunque es comprensible y necesaria la codificación institucional, la pasión codificadora mata a la experiencia lingüística que se enriquece en la hibridación, en la apropiación «comunista» de los recursos que tenemos a la mano. Como ocurre con la religión, nadie es dueño de la «herencia de la palabra revelada», y quienes así lo pretenden, los burócratas eclesiásticos o políticos, y sus feligreses o seguidores militantes, los usan para conseguir y afianzar privilegios (siempre: no hay más).

Recuerdo que una profesora en el CPNL insistía que debíamos tener, para aprobar, el acento de un catalán de Barcelona, si es posible de la zona alta (esto último lo infiero). Ante la evidencia de que los catalanes, como el ser, se dicen de muchas maneras, el argumento de «la profe» fue conciso y policial. Aquí se te valorará por el acento normalizado que te enseñamos. Punto y pelota. Me fui a la EOI.

Vida de perro

Esto me recuerda una historia que todo catalán, inglés, francés, español, holandés, flamenco o alemán de estos días debería grabarse en su cabeza si no quiere problemas. La historia la cuenta el bueno de Horacio Verbitsky, un extraordinario periodista argentino que, en Vida de perro (a Verbitsky, como a Diógenes, se le conoce como «el perro»), contó lo siguiente. Verbitsky era nieto de un ucraniano que había sido ahorcado en su tierra natal. Su padre había llegado huérfano al país siendo un niño, se había convertido en un extraordinario periodista, y su nieto (Horacio) una figura clave de la historia del país.

Verbitsky es el autor, por ejemplo, del libro El vuelo, un reportaje-entrevista al capitán Scilingo, quien pilotaba regularmente uno de los «vuelos de la muerte» que tenía por objeto deshacerse de prisioneros, drogándolos primero, para que se ahogaran cuando los arrojaban al río o al mar, y de ese modo evitar que los cadáveres flotaran hasta las orillas de Uruguay.

La cuestión es que Verbitsky cuenta que, en su juventud, en cierta ocasión, un argentino de «pura cepa», de esos que hay aquí y allá en abundancia (me refiero a los «pura cepa») puso en cuestión sus derechos ciudadanos por eso de la «identidad condicional» (que tiene algo de «libertad condicional»). Verbitsky, que era manso en su voz, le respondió, con la osadía permitida en aquellos días de violencia generalizada en los que no se fingía la crueldad política con buenos modales o estridentes indignaciones: «Si me seguís jodiendo, terminarás con un balín en el medio de las cejas» (paráfrasis). La respuesta es anacrónica, pero admirablemente ilustrativa.

To be or not to be, that is the question

Todos sabemos cuál es la primera y última prerrogativa de la autoridad política: definir quiénes somos «nosotros», y quienes son «ellos». Produciendo de este modo, (legal o informalmente) ciudadanos de primera y de segunda, con derechos (de iure o de facto), de primera y de segunda.

Vox pretende definir el «nosotros» de manera estrecha y discriminatoria, xenófoba, racista - y de paso misógina. Sin embargo, otras sociedades europeas cultivan tendencias análogas, aunque maquilladas por formas burocratizadas de discriminación que acaban produciendo efectos semejantes (e, incluso, en ocasiones, más dañinos para la autocomprensión de sus víctimas y el lugar que se les acaba asignando en el imaginario colectivo donde están insertas). 

Yo, personalmente, prefiero que me declares tu enemigo abiertamente (podré defenderme abiertamente), a que me juegues, de manera paternalista, de amigo condicional (¿acaso hemos de olvidar quién propuso el proyecto de implementar un «carnet del buen inmigrante» en este país; o que la «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana» contemplaba otorgar ciudadanía automática a «todos los españoles» en el territorio de Catalunya; sin embargo, a nosotros, los latinoamericanos, y otros inmigrantes residentes, prácticamente nos triplicaba la exigencia de residencia para otorgarnos una ciudadanía con plenos derechos? [2]).

En ese sentido, estoy de acuerdo con Imma Monsó. La «normalización» no puede ser un anhelo políticamente atractivo. Cuando lo es, pone en entredicho las supuestas libertades que se dicen defender. Hay muchas maneras de ser un «facha» (esa palabra maldita), y no todas llevan por delante el estandarte español en este territorio extenso y variado, lleno de «admirables (e incontables) anormalidades» [3].

Koiné. Sobre la lengua común

Haríamos muy bien en tomar nota de las advertencias de pensadoras como Wendy Brown o Nancy Fraser, quienes nos dice que, pese a lo «bien intencionado de los proyectos políticos y las posturas teóricas», en muchas ocasiones acaban sirviendo para lo opuesto de lo que se pretendía. 

Recuerdo que, hace unos años (2016), un grupo de distinguidas personalidades del ámbito cultural catalán, conocido como Koiné (la lengua común), hicieron público un manifiesto en el que exigían que se llevara hasta las últimas consecuencias el programa de inmersión lingüística. Eso significaba, según ellos, terminar con la co-oficialidad del castellano, para convertir al catalán en la única lengua oficial del país. 

Las razones para emprender esa gesta patriótica se argumentaba del siguiente modo. El castellano es la lengua de «colonos involuntarios» que sirvieron al régimen dictatorial de Franco en su obsesiva represión de los catalanes y su lengua. La solución era volver a foja 0. Lo cual significaba remover al castellano de las instituciones y los espacios públicos del país. 

El pronunciamiento fue muy criticado, especialmente por ERC, pero los distinguidos firmantes no han desaparecido. Muy por el contrario, todo ellos siguen ocupando cátedras y lugares estratégicos desde donde continúan promoviendo una visión estrecha de la identidad catalana en el presente, y amparándose en la autoridad que concede la verdad histórica de los abusos pasados, para promover una suerte de «limpieza lingüística» que, según ellos, exige la futura República catalana para lograr una genuina integración. 

La cosa no va de broma en tiempos de Trump y de Johnson. Recordemos que el castellano no es solo la lengua de los españoles, sino, también, la lengua materna de 400 millones de personas que, en su mayoría, nacieron y se educaron en América Latina (entre los cuales se cuentan numerosos descendientes de catalanes), que conforman una cuantiosa variedad de colectivos de inmigrantes en todo el territorio peninsular, y muy especialmente, en Catalunya. 

Los idiomas del Estado

El catalán es una lengua excelente, preciosa, digna de ser conocida y cultivada. Como todas las lenguas, es una gran lengua, que además de respeto, exige cuidado. Para ello es necesario, evidentemente, tomar precauciones, especialmente si tenemos en cuenta su vulnerabilidad y su historia. Eso exige el estímulo de su estudio y su uso, primero, para que continúe existiendo, pero además, para que crezca, e incluso se expanda más allá de sus fronteras originales. 

En este sentido, el Estado español tiene muchas deudas pendientes. Por ejemplo, el Estado debería comprometerse a incentivar su estudio, junto con el resto de las lenguas vernáculas, en todas las comunidades. Las facultades y departamentos especializados deberían incluir programas dedicados a su estudio y promoción. Las escuelas y los institutos deberían contar con cursos introductores en toda la geografía peninsular con el fin de facilitar la comprensión mutua, el respeto y la inmersión de todos los españoles en todas las comunidades.

La política como lingüística

Ahora bien, dicho esto, es evidente que la lengua no puede utilizarse como pretexto político, ni puede servir como marcador social. El grupo Koiné en su momento concebía la catalanidad en función del uso de la lengua catalana, y la voluntad de pertenencia a un colectivo marcado por esa características, mientras que señalaba al resto de los habitantes del país, como hemos dichos, como colonos involuntarios, al servicio de la posdictadura franquista (representada por el PP, el PSOE y el resto de los partidos españolistas, cualquier fuera su compromiso ideológico). 

Sería absurdo negar que existen corrientes de opinión que se sienten identificadas con este discurso. Los firmantes de aquella convocatoria no salieron de ningún sitio, sino que son frutos que echan sus raíces en discursos diseminados dentro de la sociedad catalana. Eso no significa que la inmensa mayoría comulgue con esta visión de las cosas, pero tampoco que estos discursos sean residuales, especialmente si pensamos en el carácter influyente de los firmantes del manifiesto. 

Sobre proyectos descarriados

Como señalaban Brown y Fraser, los proyectos y las teorías políticas tienen vida propia. Una vez se han articulado, como las novelas o las películas, resulta difícil prever sus consecuencias. En los Estados Unidos de Donald Trump, por ejemplo, la discusión en torno a la asimilación ha tomado tintes preocupantes. Incluso los republicanos se han visto empujados a tener que defender la diversidad que caracteriza a la sociedad estadounidense ante el éxito electoral que Trump supo conseguir con su encendido discurso anti-latino y anti-migración. El uso del castellano se ha vuelto en épocas recientes blanco de críticas y sus usuarios frecuentemente estigmatizados por quienes consideran un atrevimiento que esta lengua de «pobres e inmigrantes» se disemine en la sociedad.

Si bien es cierto, como señala el Senador Rubio en el video que adjunto más abajo, que hablar inglés en los Estados Unidos es un derecho y una ventaja que facilita la inclusión y el ascenso social, la frontera entre los derechos y las obligaciones resulta muchas veces difícil de establecer, y no resulta fácil garantizar que la exigencia de asimilación no acabe afectando los derechos fundamentales de otros, como ocurre con la libertad de expresión, que incluye el derecho de poder expresarse libremente en la lengua y el modo que uno crea conveniente. 

Si el castellano es interpretado en Catalunya como la lengua de «nuestros enemigos», o su utilización se percibe como amenazante o dañina, es casi seguro que quienes hablen dicha lengua serán juzgados de manera peyorativa. Hay algunos signos de que algo de este tipo está filtrándose en la sociedad catalana, poco a poco. 

Obviamente, no se trata de un torrente, pero deberíamos ser lo suficientemente inteligentes y precavidos para no negar el goteo de discriminación e intolerancia, ahora que repararlo resulta fácil y barato. Cuando las cosas «se salgan de madre», alguien se preguntará: ¿cómo hemos llegado a este punto? Pero entonces todo será excusas y acusaciones mutuas. Alguien debería decir alto y claro, que los distinguidos profesores que firmaron hace tres años el manifiesto Koiné merecen también, como los exaltados de Vox, un «cordón sanitario». 

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[1] En su respuesta a Iceta, en el El periódico, Joan Tardà le explica al socialista por qué razón es inaceptable plantear siquiera la cuestión de la inmersión lingüística en Catalunya. Las razones se reducen a una: «nos ha costado tanto y es un éxito». Uno puede hacer el ejercicio imaginario de reemplazar «inmersión lingüística» por «Constitución» y lo que obtendrá es una argumentación espejo de suma 0. 
Ahora bien, mi intención no es poner en cuestión la inmersión lingüística o la Constitución española. Se trata de instrumentos jurídicos que no entran dentro del horizonte de mi crítica actual. Lo que pretendo, exclusivamente, es echar luz sobre el moralismo político que anida en la política local en estos momentos, que acaba haciendo inviable cualquier tipo de compromiso, con los efectos perniciosos que ello supone, en última instancia, para los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Todo esto no quita que haya reivindicaciones justas e injustas, y que no todas estarán, al final del día, en pie de igualdad, pero el camino a recorrer para determinar qué lado de la balanza tiene más peso es más largo de lo que a los implicados les gustaría reconocer. 
De un lado y del otro se esfuerzan por presentarse a sí mismos como impolutos o víctimas de las circunstancias, pero los registros históricos no dejan a nadie bien parado. Y, lo que es más importante: los conflictos mismos que preocupan a la opinión pública parecen haberse convertido en «cortinas de humo» que blindan la explotación económica frente a la discusión democrática. Todos los actores, por izquierda y por derecha, han acabado aceptando que el orden sistémico neoliberal que habitamos es el aire que respiramos. De este modo, suman al moralismo y el resentimiento, una cuota importante de fatalismo.  
[2] En el capítulo 8, del título I, de la llamada «Ley de transitoriedad» se establecía que la nacionalidad catalana podía adquirirse a partir de los 5 años de residencia de los extranjeros en el territorio. Esto en la práctica casi triplicaba la ley de extranjería vigente en la jurisdicción española que, por ejemplo, para los latinoamericanos, aún hoy exige 2 años de residencia previa para iniciar los procesos de nacionalización. 
Ahora bien, se ha argumentado que, comparada con las leyes de otros Estados europeos, la ley catalana era generosa con los extranjeros, pero el argumento es falaz, porque el punto de comparación debe hacerse siempre con la ley vigente anterior en el territorio en cuestión, que en este caso era la que regía las condiciones de los solicitantes en el momento de la hipotética transición en España. 
Obviamente, si comparamos la ley catalana con la de otros países (creo que en Estados Unidos se exigen 10 años, como Gran Bretaña; y en los casos de Alemania y Suiza, si no me equivoco, son aún más exigentes), pero, respecto a la ley española, la ley catalana de transitoriedad era claramente un retroceso para algunos de los implicados. 
Enfatizo este punto teniendo en cuenta que esa ley no fue fruto de una negociación entre fuerzas independentistas y no independentistas (no participaron las derechas habituales: PP, Ciudadanos, ni el PSOE, tampoco los Comuns), sino que fue el resultado exclusivo de las negociaciones entre la CUP, exConvergentes y ERC. 
Eso dice mucho de algo que debemos afrontar. En ese «tira y afloje» entre las fuerzas independentistas, hay sectores que tienen una concepción de la igualdad, de la libertad, de la ciudadanía y de la democracia que no encaja perfectamente con la «visión republicana» que se promueve de cara a la galería. El sector conservador-neoliberal que, dicho sea de paso, tiene una enorme capacidad de veto frente a las iniciativas de los sectores populares del espectro político en Catalunya, pone en entredicho constantemente las políticas progresistas, e incluso impide que se discutan abiertamente los problemas de fondo que tiene la sociedad catalana. 

Lo estamos viendo con mucha claridad en estos días en los que se empieza a hablar de una mesa de negociación, pero lo hemos visto a lo largo de toda la historia de Catalunya en otros registros. Pensemos la manera en la cual las derechas locales han pactado sistemáticamente con las derechas de Madrid cuando lo que estaba en juego eran los privilegios de clase, o cuando la visión que se defendía o promovía coincidía con la particular auto-comprensión que tiene ese bloque de una Catalunya conservadora política y culturalmente, y neoliberal económica y socialmente. 

A esta altura todas estas cosas, deberían ser más o menos evidentes. Sino lo son, deberíamos empezar a preguntarnos, qué hemos hecho nosotros para merecer esto. 
[3] A quienes crean que este asunto sobre la nacionalidad, su reconocimiento y adquisición es una cuestión menor, les recuerdo que la primera y la más importante prerrogativa que tiene el «soberano» es definir «quiénes somos», distinguiéndonos de quienes no lo son. 
En este marco, cabe recordar que en ese documento pretendidamente fundacional, en el cual el «soberano» no tenía (en principio) otro límite más que su propia voluntad (era expresión de un «estado de excepción» que daría lugar, eventualmente, a un marco jurídico estatal independiente), se decidió que: solo serían catalanes los españoles que, o bien hubieran nacidos en el territorio, o habitasen en otros territorios, en caso que fueran descendientes de catalanes. En cambio, los extranjeros nacidos en Catalunya, no serían catalanes de origen, aunque podrían demandar su nacionalidad a posteriori través de un procedimiento específico. También se decidió poner fin a la relación especial con los países latinoamericanos que, por motivos históricos, reconocía la ley de inmigración española, al equiparar las exigencias para la adquisición de ciudadanía plena de estos con el resto de los nacionales de otros países. Las razones detrás de esas decisiones deben ser interpretadas y explicadas.
A primera vista, el debate puede parecer trivial o secundario, pero tiene relevancia si, en vez de quedarnos exclusivamente en los detalles jurídicos, pasamos a los imaginarios subyacentes que explican las alternativas descartadas por el soberano a la hora de articular la norma. En la historia sudamericana de liberación estas discusiones fueron habituales, y la propia Revolución francesa estuvo marcada  por los extensos debates promovidos por quienes pertenecían a categorías humanas no reconocidas plenamente, o reconocidas parcial o condicionalmente.