Hay coincidencias que no son muy significativas. Pero cuando las coincidencias se acumulan apuntando en una misma dirección, dejan de ser meros accidentes y comienzan a interpelarnos.
Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental cuando Marruecos normalizó sus relaciones con Israel. Años más tarde, Washington utiliza la cuestión de las islas Malvinas como instrumento de presión sobre el Reino Unido por las resistencias de este último a la hora de acompañar sus aventuras militares. Casi en simultáneo, un comité del Congreso de Estados Unidos empieza a hablar sobre el «futuro estatuto» de Ceuta y Melilla. Mientras tanto, España atraviesa uno de sus enfrentamientos diplomáticos más graves con Washington y con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Si pensamos en estos hechos de manera aislada, la secuencia admite explicaciones diversas. Observados conjuntamente, sugieren un patrón: las disputas territoriales comienzan a funcionar como moneda de cambio dentro de unas relaciones internacionales cada vez más «transaccionales».
El precedente más claro es Marruecos. En diciembre de 2020, Rabat se incorporó a la arquitectura de normalización árabe-israelí promovida por Donald Trump. Marruecos no fue el único país musulmán que participó en los llamados «Acuerdos de Abraham» —Emiratos Árabes Unidos y Baréin lo precedieron—, pero sí fue el único del Magreb [1]. Su incorporación tuvo, además, una característica decisiva: Estados Unidos acompañó la normalización de relaciones con Israel con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El 10 de diciembre de 2020, Trump proclamó oficialmente que Washington reconocía como parte de Marruecos la totalidad del territorio saharaui [2].
La importancia del episodio reside en la lógica que revela. Una cuestión vinculada al derecho de autodeterminación de un pueblo que Naciones Unidas continúa considerando pendiente de descolonización quedaba de este modo incorporada a una negociación geopolítica. La fórmula puede expresarse de manera sencilla: normalización con Israel a cambio de una ganancia diplomática territorial. La territorialidad se convierte de este modo en una pieza negociable dentro de una arquitectura regional diseñada por Washington.
España se encontró a partir de entonces ante una correlación de fuerzas desfavorable. Madrid no había reconocido formalmente a la República Árabe Saharaui Democrática, pero durante décadas había sostenido una posición más próxima al principio de autodeterminación promovido por Naciones Unidas. Esa posición cambió sustancialmente en 2022, cuando Pedro Sánchez pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto [3]. El giro llegó después de una prolongada confrontación con Rabat y la crisis de Ceuta de 2021. Para entonces, Marruecos ya había conseguido de la principal potencia occidental algo que llevaba décadas buscando, y lo había conseguido en el marco de su acercamiento estratégico a Israel.
Este antecedente es fundamental porque permite entender lo ocurrido en 2026. La política territorial estadounidense vuelve a adquirir un carácter abiertamente instrumental.
Malvinas
En abril, Reuters reveló un correo interno del Pentágono en el que se estudiaban posibles medidas de castigo contra miembros de la OTAN considerados poco cooperativos con las operaciones estadounidenses en su guerra contra Irán. Entre las opciones aparecían dos particularmente significativas: suspender a España de la Alianza Atlántica y revisar la posición estadounidense respecto de la reclamación británica sobre las Malvinas [4].
El dato modifica el significado político de la cuestión. Malvinas no aparece aquí como un problema histórico que Washington hubiese decidido reconsiderar a partir de una nueva interpretación del colonialismo, la autodeterminación o el derecho internacional, sino como una de las posibles represalias contra aliados que no se comportan como Estados Unidos espera. La controversia territorial se convierte explícitamente en parte de la caja de herramienta de presión de la potencia hegemónica.
Cuatro meses después, el 31 de agosto, Trump confirmó públicamente que estaba revisando la posición estadounidense sobre las islas [5]. La Argentina de Javier Milei se encontraba de ese modo con una oportunidad diplomática extraordinaria. Y no se trataba de cualquier Gobierno argentino: Milei ha hecho de su proximidad personal e ideológica con Trump y de su respaldo al Gobierno de Netanyahu dos de los pilares de su política exterior.
En ese contexto resulta relevante la creciente hostilidad israelí hacia Londres. Las relaciones entre Israel y el Reino Unido atraviesan su peor momento en décadas, después del reconocimiento británico de Palestina, las restricciones sobre exportaciones de armas, la paralización de negociaciones comerciales y las sanciones relacionadas con la política israelí en los territorios ocupados. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, llegó a calificar al Gobierno británico de «antisemita», «comunista» y «yihadista» y respaldó públicamente la reclamación argentina sobre las Malvinas [6]. Su argumento condensaba de manera casi transparente una concepción de las relaciones internacionales: Argentina es amiga de Israel; Gran Bretaña se ha vuelto hostil.
La coincidencia con la lógica expresada en el documento del Pentágono es sustantiva. En ambos casos, una controversia territorial comienza a ser reinterpretada según una distinción entre aliados confiables y aliados díscolos. El derecho deja de aparecer como marco estable y empieza a adquirir el aspecto de un recurso político cuya interpretación puede variar según el grado de alineamiento.
El caso español permite observar el mismo desplazamiento desde otro ángulo. España reconoció el Estado de Palestina en 2024 y posteriormente consolidó un embargo de armas a Israel [7]. En 2026, además, se negó a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para sus ataques contra Irán, lo que obligó a abandonar territorio español a aeronaves estadounidenses implicadas en aquellas operaciones [8].
La respuesta de Washington fue beligerante. El documento del Pentágono mencionado anteriormente llegó a contemplar la suspensión de España de la OTAN. Seis días después apareció otra señal difícil de considerar irrelevante. El 30 de abril de 2026, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó un informe que, después de reafirmar la histórica alianza entre Estados Unidos y Marruecos y asignarle financiación de seguridad, describía Ceuta y Melilla como ciudades «administradas por España» situadas «en territorio marroquí». El Comité respaldaba además conversaciones entre Rabat y Madrid acerca del «futuro estatuto de Ceuta y Melilla» [9].
El lenguaje merece especial atención. No estamos ante una modificación formal de la posición estadounidense sobre la soberanía española, pero sí ante algo políticamente significativo: una institución del Congreso de Estados Unidos introduce como materia negociable el «futuro estatuto» de dos ciudades cuya españolidad Madrid considera fuera de discusión. Para un aliado existe una diferencia enorme entre que Washington trate su integridad territorial como un supuesto estable y que empiece a sugerir que una parte de ella podría ser objeto de negociación con un Estado vecino.
En ese punto reaparece Israel. Durante la reciente crisis de Ceuta se ha documentado la actividad de redes digitales proisraelíes hostiles al Gobierno español. Una investigación de El País describió la difusión de narrativas alarmistas desde un ecosistema mediático afín a Netanyahu, incluidos mensajes que presentaban Ceuta como una suerte de nueva Gaza y acusaban a Sánchez de entregar territorio español a Marruecos [10]. No se trata de convertir esas redes en prueba de una cadena de mando estatal, sino advertir la coincidencia política: España confronta con Netanyahu por Gaza, reconoce Palestina, impone un embargo de armas, se enfrenta a Trump por Irán y niega el uso de sus bases; al mismo tiempo, Washington endurece su posición hacia Madrid, Marruecos mantiene su reivindicación territorial y un ecosistema político y mediático proisraelí utiliza Ceuta como instrumento de ataque contra el Gobierno español.
La acumulación de estos elementos ofrece razones suficientes para pensar que la dimensión israelí no es ajena al nuevo clima diplomático. Estados Unidos, Israel y Marruecos comparten una arquitectura estratégica que se consolidó con los Acuerdos de Abraham y cuyo primer gran resultado territorial fue precisamente el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Cuando seis años después Ceuta y Melilla reaparecen en el lenguaje político estadounidense en medio del deterioro de las relaciones de Madrid con Washington y Jerusalén, el antecedente resulta difícil de ignorar.
Las derechas
Esta dinámica internacional tiene también una dimensión doméstica, y aquí España y Argentina ofrecen dos escenas aparentemente opuestas que, observadas con atención, revelan una contradicción semejante. En España, PP y Vox han utilizado la crisis de Ceuta para intensificar su ofensiva contra el Gobierno de Sánchez. Vox ha hablado abiertamente de «traición» y ha reclamado la utilización del artículo 102 de la Constitución contra el presidente, mientras el PP ha endurecido también su ofensiva política y judicial contra el Ejecutivo [11]. El problema no reside, naturalmente, en cuestionar la actuación del Gobierno durante la crisis —hay motivos legítimos para hacerlo—, sino en la contradicción política que aparece cuando quienes denuncian la vulnerabilidad de la soberanía española han convertido precisamente a Trump y Netanyahu en referentes privilegiados de su imaginario internacional.
La contradicción es difícil de soslayar. Una parte importante de la derecha española ve en Trump la restauración de una política exterior basada en la fuerza, la defensa del interés nacional y el rechazo del multilateralismo; y en Netanyahu, un modelo de determinación frente a los enemigos internos y externos. Pero son precisamente Estados Unidos e Israel los que aparecen en el trasfondo del deterioro del contexto estratégico español: Washington pretende sancionar a España por negarse a acompañar su guerra contra Irán y una institución del Congreso introduce el «futuro estatuto» de Ceuta y Melilla en el lenguaje diplomático estadounidense, mientras la confrontación del Gobierno español con Netanyahu alimenta un ecosistema político y mediático proisraelí abiertamente hostil a Sánchez. La derecha española denuncia entonces las consecuencias de una política de poder cuyos principales protagonistas internacionales son, paradójicamente, algunos de sus referentes políticos.
En Argentina encontramos el reverso de la misma contradicción. Milei ha convertido su alineamiento con Trump y Netanyahu en una seña de identidad de su política exterior y presenta ahora la posible revisión de la posición estadounidense sobre Malvinas como una confirmación de los beneficios de esa alianza. Tras las declaraciones de Trump, el Gobierno argentino endureció su política respecto de la explotación petrolera en las islas y Milei interpretó la reconsideración estadounidense como una oportunidad para avanzar en la histórica reivindicación de soberanía argentina [12]. Lo paradójico es que una causa construida durante generaciones alrededor de la reivindicación de la soberanía nacional aparece ahora fortalecida precisamente por una concepción de las relaciones internacionales que hace depender el reconocimiento de esa soberanía de la proximidad personal e ideológica con la potencia hegemónica.
España y Argentina ocupan así posiciones inversas dentro de una misma lógica. La derecha española protesta porque la soberanía de España puede verse relativizada cuando el Gobierno se distancia de Washington y Tel Aviv; la derecha argentina celebra que la soberanía reivindicada sobre Malvinas pueda verse reforzada porque Milei se encuentra extraordinariamente próximo a Trump y Netanyahu. En un caso, la soberanía condicional aparece como amenaza; en el otro, como oportunidad. Pero la regla que se acepta implícitamente es la misma: el estatuto de un territorio puede depender menos de un principio jurídico universal que de la relación política que un Gobierno mantenga con quienes poseen suficiente poder para respaldar o debilitar una determinada reclamación.
Ésta es quizá la contradicción más profunda. Una política que se presenta a sí misma como soberanista termina aceptando una concepción radicalmente heterónoma de la soberanía. La nación es exaltada retóricamente, pero su capacidad para hacer valer sus derechos se deposita en la benevolencia de una potencia exterior. En España, esa contradicción conduce a admirar a quienes contribuyen a aumentar la presión sobre el propio Estado; en Argentina, a interpretar como afirmación de independencia nacional aquello que depende precisamente del favor del presidente estadounidense. El nacionalismo termina así subordinado a una jerarquía imperial: se reivindica la soberanía, pero se acepta que sea el poder de otros quien determine cuándo merece ser reconocida.
Y es justamente aquí donde la política exterior y la política doméstica se encuentran. La soberanía deja de funcionar solamente como principio jurídico y se convierte también en instrumento de lucha partidista. En España, la vulnerabilidad territorial sirve para intensificar la deslegitimación del Gobierno; en Argentina, la eventual modificación de la posición estadounidense puede presentarse como prueba del éxito internacional de Milei. Las dos derechas extraen conclusiones políticas contrarias de una misma transformación geopolítica porque ocupan posiciones diferentes respecto de ella. Pero ninguna parece cuestionar la premisa que debería resultar más problemática para cualquier pensamiento genuinamente soberanista: que sea una gran potencia extranjera la que pueda decidir qué soberanías son firmes, cuáles son discutibles y cuáles merecen ser recompensadas.
Soberanía condicional
Quizá lo más inquietante de esta secuencia no sea ninguna de sus decisiones por separado, sino el cambio de lógica que aparece cuando las observamos juntas. Durante mucho tiempo, los aliados de Estados Unidos pudieron asumir que ciertos desacuerdos tenían límites. Podían discutir sobre comercio, gasto militar, guerras o relaciones con terceros países, pero la pertenencia al mismo bloque suponía determinadas garantías tácitas. Entre ellas, que Washington no utilizaría las vulnerabilidades territoriales de sus propios aliados como instrumento para disciplinarlos. Eso es precisamente lo que comienza a ponerse en cuestión.
El Sáhara ofrece el precedente en sentido positivo. Marruecos normaliza sus relaciones con Israel y Estados Unidos modifica radicalmente su posición territorial en beneficio de Rabat. Una controversia pendiente de descolonización se incorpora a una negociación diplomática más amplia y el reconocimiento territorial funciona como recompensa. Seis años después, la misma lógica parece funcionar en sentido inverso. Londres se distancia de determinadas posiciones de Washington e Israel y Malvinas vuelve a adquirir disponibilidad política. España se enfrenta a Netanyahu por Gaza, reconoce Palestina, restringe sus relaciones militares con Israel y se niega a poner su territorio al servicio de operaciones estadounidenses contra Irán; poco después, Ceuta y Melilla comienzan a aparecer en Washington como territorios cuyo «futuro estatuto» podría discutirse con Marruecos.
El mecanismo no necesita adoptar la forma de una amenaza explícita. El poder imperial rara vez necesita decir: «si no obedeces, perderás territorio». Puede operar de una manera mucho más eficaz, introduciendo incertidumbre allí donde antes existía una garantía. Una posición diplomática considerada estable deja de ser inamovible; una disputa territorial dormida vuelve a adquirir actualidad; un vecino descubre que su reivindicación recibe una atención inesperada; una cuestión hasta entonces marginal comienza nuevamente a circular en los espacios donde se toman decisiones.
A esta capacidad de administrar políticamente la incertidumbre territorial podemos llamarla «soberanía condicional». Los Estados siguen siendo jurídicamente soberanos y sus fronteras no dejan de estar protegidas por el derecho internacional. Lo que cambia es otra cosa: el apoyo efectivo de la potencia dominante a determinadas configuraciones territoriales deja de funcionar como un principio estable y empieza a depender de la posición que cada Estado ocupa dentro de una estructura jerárquica de alianzas. Mientras el aliado cumple la función esperada, la disputa permanece cerrada. Cuando se distancia, puede volver a abrirse.
Por eso el caso del Sáhara resulta tan revelador. Allí vemos el mecanismo positivo: una determinada conducta internacional —la normalización de Marruecos con Israel— se encuentra acompañada por una recompensa territorial de enorme importancia diplomática. Malvinas y Ceuta permiten contemplar su reverso: la posibilidad de que una controversia territorial vuelva a ser políticamente movilizada cuando el aliado deja de comportarse como Washington espera.
La soberanía empieza entonces a adquirir la apariencia de una moneda política. Puede respaldarse, relativizarse o problematizarse dependiendo del grado de proximidad con la potencia hegemónica. Y ahí surge una contradicción difícil de ignorar. Estados Unidos continúa presentándose como garante de un orden internacional basado en reglas, pero un orden verdaderamente regulado por principios no puede decidir qué reclamaciones territoriales merecen respaldo según la proximidad política de los gobiernos involucrados. Si la posición frente al Sáhara, Malvinas o Ceuta cambia siguiendo la distinción entre gobiernos amigos, obedientes o díscolos, ya no estamos ante la aplicación consistente de una norma. Estamos ante una jerarquía.
Las jerarquías imperiales no necesitan abolir la soberanía formal de los Estados subordinados. Les basta con recordarles que algunas de las seguridades que consideran permanentes dependen, en último término, de la continuidad del reconocimiento político de quienes ocupan la posición dominante. Eso es lo que hace significativos los episodios de estos últimos meses. Bajo Trump, la política exterior estadounidense está haciendo cada vez más explícito aquello que durante décadas quedó parcialmente oculto bajo el lenguaje de las alianzas: los aliados no ocupan la misma posición que la potencia hegemónica y, por tanto, tampoco disponen del mismo control sobre las condiciones políticas que garantizan su soberanía. Los aliados no son iguales. Y, quizá, tampoco lo sean sus soberanías.
Más allá de Trump
Pero la cuestión decisiva comienza precisamente allí donde termina el problema estadounidense. ¿Qué ocurriría si la soberanía condicional dejara de ser una particularidad del voluntarismo de Trump y comenzara a convertirse en una regla general de la nueva geopolítica? Si Estados Unidos se reserva el derecho de recompensar, relativizar o problematizar la soberanía de otros Estados según su grado de alineamiento, resulta difícil imaginar que China, Rusia, Turquía u otras potencias acepten indefinidamente un principio que solo Washington puede ejercer.
El problema no consiste, por tanto, únicamente en que Estados Unidos viole las reglas que dice defender. Las grandes potencias siempre lo han hecho. La soberanía westfaliana nunca produjo un mundo de Estados efectivamente iguales y Stephen Krasner pudo describirla, por ello, como una forma de «hipocresía organizada» [13]. Durante siglos, la igualdad jurídica convivió con imperios, protectorados, intervenciones y zonas de influencia. Sin embargo, la contradicción entre norma y práctica conservaba una importancia decisiva: incluso las potencias que violaban la soberanía de otros Estados necesitaban justificar sus actos como excepciones a una regla que, al menos formalmente, continuaban reconociendo.
Lo que parece estar emergiendo ahora es algo diferente. La excepción amenaza con transformarse en principio. La soberanía deja de funcionar como una condición universal de pertenencia al sistema internacional y comienza a depender crecientemente de la posición que cada Estado ocupa dentro de una correlación global de fuerzas. No todas las soberanías pesan lo mismo porque no todos los Estados poseen la misma capacidad para hacerlas respetar.
Si esa lógica se generaliza, el mundo que se perfila no es simplemente multipolar. Es un mundo organizado nuevamente alrededor de esferas de influencia, en el que cada gran potencia reclama un derecho especial sobre los espacios que considera estratégicos. Estados Unidos puede hacerlo en su arquitectura atlántica; Rusia en el espacio postsoviético; China alrededor de Taiwán y del mar de China; Turquía en su entorno regional. Los casos son distintos, obviamente, y por ello no deben confundirse, pero la lógica subyacente resulta semejante: la soberanía de los Estados periféricos comienza a quedar subordinada a los imperativos de seguridad, expansión o estabilidad definidos por las grandes potencias.
En ese punto, la soberanía condicional adquiere una dimensión propiamente interimperialista. Ya no se trata solamente de una potencia que disciplina a sus aliados, sino de varias potencias que disputan simultáneamente el derecho a determinar las condiciones de soberanía de los demás. La frontera deja de ser únicamente una línea jurídica y vuelve a convertirse en una relación de fuerzas.
Éste es quizá el aspecto más preocupante del momento actual. Durante las décadas posteriores a 1945, el sistema internacional intentó universalizar normativamente un principio que nunca consiguió realizar plenamente: la igualdad soberana de los Estados. La Carta de Naciones Unidas no abolió los imperios ni las jerarquías, pero estableció una gramática común desde la cual esas jerarquías podían ser impugnadas. Lo que podría estar debilitándose ahora no es simplemente el llamado orden westfaliano, sino la pretensión de que exista una regla universal capaz de limitar, aunque sea parcialmente, la voluntad de las grandes potencias. Y aquí aparece inevitablemente la pregunta por la guerra.
Tal vez sea hiperbólico afirmar que estamos ya ante la antesala de una Tercera Guerra Mundial. Pero sería igualmente ingenuo ignorar que las grandes guerras interimperiales suelen comenzar mucho antes de que se produzca el primer enfrentamiento directo entre potencias. Comienzan cuando el mundo vuelve a organizarse en bloques, cuando las zonas de influencia se endurecen, cuando los territorios periféricos se convierten en espacios de negociación entre centros de poder y cuando cada potencia considera legítimo aquello que denuncia como intolerable cuando lo hace su adversario.
La cuestión decisiva no es entonces si Trump está destruyendo por sí solo el orden internacional. Trump puede estar acelerando, radicalizando y haciendo explícita una transformación cuyos fundamentos son más profundos. El verdadero peligro aparece cuando la lógica que hoy observamos en Washington deja de ser una anomalía estadounidense y se convierte en una autorización general.
Si Estados Unidos puede decidir qué soberanías son negociables según sus intereses, Rusia y China reclamarán el mismo derecho. Si cada potencia posee su propia periferia, su propia zona de seguridad y sus propias excepciones al derecho internacional, la soberanía universal empieza a descomponerse en soberanías tuteladas por imperios rivales.
Quizá ése sea el umbral histórico que estamos atravesando: no el final de la soberanía, sino su transformación en objeto de disputa entre grandes potencias.Y entonces la pregunta deja de ser únicamente quién posee un territorio. La pregunta pasa a ser quién tiene poder suficiente para decidir quién puede seguir siendo soberano.
Notas
[1] U.S. Department of State, The Abraham Accords y documentación relativa a la declaración conjunta entre Estados Unidos, Israel y Marruecos, diciembre de 2020.
[2] The White House, Proclamation on Recognizing the Sovereignty of the Kingdom of Morocco over the Western Sahara, 10 de diciembre de 2020. La proclamación reconoció explícitamente la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental.
[3] Presidencia del Gobierno de España, intervención de Pedro Sánchez ante el Congreso, 8 de junio de 2022; véase también la carta de Sánchez a Mohamed VI de marzo de 2022.
[4] Phil Stewart, «Pentagon email floats suspending Spain from NATO, other steps over Iran rift», Reuters, 24 de abril de 2026.
[5] Steve Holland y Bo Erickson, «Trump says reviewing US position on Falkland Islands», Reuters, 31 de agosto de 2026.
[6] Financial Times, «How UK-Israel relations reached their worst point in decades», 2 de septiembre de 2026. El artículo documenta tanto el deterioro bilateral como las declaraciones de Yair Netanyahu favorables a la reclamación argentina.
[7] Presidencia del Gobierno de España, «Declaración institucional […] sobre el reconocimiento del Estado de Palestina», 28 de mayo de 2024; Consejo de Ministros, medidas relativas al embargo de armas a Israel, septiembre de 2025.
[8] Reuters, «US aircraft leave Spain after government says bases cannot be used for Iran attacks», 2 de marzo de 2026.
[9] U.S. House of Representatives, Committee on Appropriations, National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Bill, 2027, House Report 119-631, 30 de abril de 2026, p. 88. El documento habla literalmente de las ciudades «Spanish-administered», afirma que están situadas «in Moroccan territory» y propone diálogo sobre su «future status».
[10] El País, «Histeria bélica y desinformación en una red digital proisraelí: “Ceuta es ahora Gaza”», 4 de septiembre de 2026.
[11] Véanse las informaciones sobre la ofensiva política y judicial de PP y Vox durante la crisis de Ceuta, incluidas las acusaciones de «traición» formuladas por Santiago Abascal y la petición de recurrir al artículo 102 de la Constitución: El País, «Feijóo y Abascal fían a la vía penal su ofensiva contra Sánchez por la crisis de Ceuta», 4 de septiembre de 2026; EFE, «Abascal llama a Sánchez “traidor” por estar “al servicio como lacayo de Marruecos”», 2 de septiembre de 2026.
[12] Reuters, «Argentina’s Milei steps up Falklands sovereignty claims with oil sanctions», 4 de septiembre de 2026; Associated Press, «Argentina’s Milei escalates Falklands dispute, seizing on Trump comments and oil tensions», 3 de septiembre de 2026. Ambas informaciones sitúan el endurecimiento de la reivindicación argentina en el contexto de las declaraciones de Trump sobre una posible reconsideración de la posición estadounidense.
[13] Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, 1999.
