DENUNCIA CONTRA UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA

Me dirijo a usted con mi mayor consideración. Mi nombre es JMC. Soy argentino, residente en Barcelona, padre de X, Y y Z, los tres de nacionalidad italiana y argentina, aunque nacidos en Barcelona en 2006, 2008 y 2010 respectivamente. 

 

Le escribo con el propósito de iniciar un trámite de denuncia contra la dirección de la Escuela X, en el barrio de Gracia de Barcelona y, puntualmente, contra el docente J.M, y otros profesionales de soporte que han participado en la incidencia que explicaré a continuación. 

 

El 14 de septiembre de 2020, envié la carta que adjunto, en la que expliqué con detalle nuestra situación familiar y solicité a la dirección de la escuela que me proveyera de información sobre la existencia de cualquier protocolo alternativo a la asistencia presencial de los niños, ante la falta de garantías sanitarias suficientes ofrecidas por parte del Estado – insuficiencias que, en los meses siguientes, pese al esfuerzo de la maquinaria mediática por demostrar lo contrario, se ha puesto de manifiesto.  

 

Durante un mes, entre la fecha en la cual el mensaje fue enviado y el 14 de octubre, en el que obtuve una primera respuesta telefónica por parte de la Escuela, mantuve comunicaciones con diferentes profesionales, y propuse, por sugerencia de los especialistas y en diálogo con ellos, un protocolo de trabajo para nuestro hijo mayor que asiste al Instituto.

 

Mientras el Instituto encontró una respuesta adecuada para nuestra situación familiar, la Escuela optó por ignorarla enteramente. Pese a nuestros esfuerzos denodados por obtener mecanismos de seguimiento que permitieran a los niños avanzar en sus estudios y sentirse acompañados por la comunidad escolar en un período de emergencia y alarma social como el que vivimos, que exige, además de «circulares», prudencia, racionalidad práctica, capacidad para valorar de manera concreta y sensible las circunstancias particulares de los ciudadanos en cada uno de los ámbitos de competencia en los cuales los profesionales se desempeñan, lo que nos encontramos fue un sistemático programa de «desprecio moral», de violencia simbólica y «represión solapada». 

 

Para empezar, la Escuela se negó a entregar el material didáctico a mis hijos. Para ello, la primera estrategia, cuando después de un mes aún no habíamos recibido respuesta a nuestra solicitud, y la fecha de entrega se dilataba con excusas incomprensibles, fue afirmar que el material didáctico, los códigos de acceso al aula virtual, etc., no se habían repartido.

 

Unos días después, a través de otros padres, supimos que la dirección había mentido, y que el material didáctico se había distribuido durante la primera semana. Las niñas y niños estaban trabajando con ellos en casa desde el comienzo. 

 

La siguiente estrategia fue recurrir a la AFA (asociación de familias). La responsable nos informó que no podíamos recibir los manuales de textos porque no habíamos pagado la cuota correspondiente. Una estratagema que pronto se vio desmentida por los hechos. 

 

Ante mi queja telefónica, la persona a cargo me confesó que la decisión de escatimar el material y bloquearles el acceso a los niños había sido del inspector, quien había informado a la Escuela, después de haber leído la carta y haberse interiorizado con mi petición que, aunque había que tratar el asunto con discreción y «sensibilidad», las autoridades recomendaban evitar a toda costa que los niños tuvieran una opción alternativa, para forzarlos a asistir de manera presencial. 

 

De modo que la estrategia de las autoridades frente a nuestra demanda fue coaccionarnos, privándoles a los pequeños de sus derechos, con el fin de forzar el cumplimiento de una normativa que, pese a su legalidad, resulta claramente arbitraria en las presentes circunstancias, y contradictoria con otras normativas de prohibición vigentes.

Lo que demandamos es el derecho a decidir en vista a lo que consideramos más adecuado frente la situación sanitaria, emocional y convivencial que vivimos. Una situación que está exigiendo, paradójicamente, por un lado, toques de queda, perímetros de confinamiento, confinamientos forzosos, clausura de actividades, reducción en los aforos, etc., y por el otro, la obligatoriedad de la escolarización presencial, acompañada de amenazas penales o simple desprecio ante las alternativas educativas centradas en el cuidado de algunos miembros de la comunidad escolar que no comulgan con la estrategia actual. 

 

Esta premeditación de las autoridades escolares para torcer nuestra voluntad, en un contexto como el que vivimos, utilizando los propios derechos de los niños como moneda de cambio, resulta en una forma de «tortura moral», injustificable desde todo punto de vista.

 

No expondré las circunstancias personales que justificarían mi decisión ante las autoridades porque no creo que se necesiten circunstancias excepcionales para que las familias, en una situación de alarma declarada y con las prohibiciones vigentes, ejerzan su «derecho a decidir» la modalidad educativa que consideran más apropiada.

Las razones que esgrime la administración para negarnos ese derecho se explican con la normativa en la mano, pero de espaldas a las circunstancias concretas del caso. Circunstancias que exigen inteligencia y sensibilidad prudencial. Como es habitual, las estrategias que tienen a la mano son las mentiras, los subterfugios, los abusos de autoridad, las trampas administrativas, la dejadez democrática. Pese a la tragedia que vivimos, da la impresión que, para este funcionariado lo único que cuenta son las obsecuencias a circulares abstractas, inspecciones desalmadas, y normativas sacralizadas.  

 

De modo que, efectivamente, mis hijos no recibieron por parte de la Escuela ningún apoyo educativo entre el 14 de septiembre y 14 de noviembre de 2020. Se les negó de manera terminante el acceso al material didáctico, se bloqueó su ingreso a la plataforma virtual, se les escatimaron las respuestas a sus preguntas vía internet. En síntesis, se les hizo «desaparecer», como hacen los regímenes totalitarios con los individuos que no encajan en sus pretensiones geométricas.  

 

Durante el último mes, entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre, nuestros intentos por establecer una relación más estrecha entre nuestros hijos y sus docentes se vio abocada una y otra vez al fracaso. Nos encontramos con un muro de hierro, una muralla de obstinación y obsecuencia. Como la responsable de la escuela reconoció en alguna de las comunicaciones telefónicas que mantuvimos, «no podemos hacer nada», la normativa es terminante, los niños tienen que asistir al aula, y si no asisten, se les debe negar toda asistencia virtual para obligarlos a regresar a ellas, no importa la situación sanitaria en la que se encuentre el país o el centro mismo. 

 

En estas semanas se han multiplicado los contagios, se han declarado en varias ocasiones confinamientos puntuales en el centro. Se han cometido errores groseros que demuestran el desorden reinante y la arbitrariedad entre las consejerías, pero ni siquiera en los momentos de confinamiento hemos logrado que el centro preste atención a nuestros hijos. 

 

Hoy, el profesor J.M. no solo se negó durante el encuentro virtual que mantuvo con la clase confinada a entregarle los códigos de acceso a uno de mis hijos, sino que, abiertamente y con el objetivo de avergonzarlo y criminalizarlo, con total desprecio moral por su persona de 12 años, le dijo que no le correspondía tenerlos y que, si los quería, debía volver al aula presencial. Además, se negó a atender todas sus solicitudes de consulta, mientras le daba al resto de los niños ocasión para expresarse libremente. Un comportamiento de este tipo es injustificable, y está en consonancia con la estrategia general implementada «en nuestra contra». 

 

El Estado, a través de sus agentes, nos ha acusado, estigmatizándonos como «padres absentistas», de violar los derechos fundamentales del niño en lo que respecta a la educación. Nosotros, en cambio, hemos propuesto un plan alternativo y circunstancial para el tiempo que dure el peligro evidente de la pandemia, a la que nadie puede exigirnos exponernos sin violentarnos, un protocolo de trabajo del todo razonable que la escuela se ha «abstenido» siquiera a considerar, exponiendo a nuestros hijos a un abandono evidente, vejatorio y claramente violatorio de los derechos del niño. Como expliqué en su momento en la carta enviada el 14 de septiembre, y como volví a hacer en las cartas posteriores enviadas al Instituto contamos con los recursos y el tiempo para implementar dicho protocolo en casa. 

 

Las razones de mi solicitud conciernen (1) a mi desconfianza justificada ante la falta de respuesta coherente y garantizada ante la pandemia demostrada por la administración, y la evidencia de descoordinación en los centros mismos y entre las estructuras de Estado abocadas a responder conjuntamente a la pandemia; (2) la situación de vulnerabilidad objetiva y subjetiva en la que nos encontramos; y (3) la convicción de que podemos, de manera excepcional, acompañar el proceso educativo de los niños si la administración se digna a considerar al menos un protocolo alternativo para nuestro caso.

 

No está de más recordarle que en el Estado español han muerto ya 63.000 personas, cientos de miles padecen los efectos colaterales provocados por el virus, y millones deben enfrentar sus pérdidas emocionales, frustraciones y angustias. La obstinación de las autoridades educativas echa por tierra cualquier consideración virtuosa que pueda justificar el comportamiento de sus agentes públicos. 

 

Por todas estas razones, si el «derecho a decidir» es considerado razonable en épocas de «relativa» normalidad, incluso hasta el punto de poder invocarse contra las normas constitucionales, más razonable aún es invocarlo en un momento de excepcionalidad como el que vivimos, cuando a las normas que nos oponemos tienen visos de arbitrariedad evidente: se cierran bares, restaurantes, vivimos toques de queda, perímetros confinados, control poblacional, pero a nuestros hijos se les exige, con carácter de obligatoriedad irrevocable, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y en contra de nuestra voluntad y consideración, que asistan a la escuela. 

 

En cambio, no es de recibo que el Estado, a través de su administración, de manera sistemática y premeditada, se niegue a atender a las necesidades básicas de los menores, hurtándoles el derecho a la educación, en cualesquiera sean las circunstancias que esta se demande, incumpliendo de ese modo la obligación de atenerse a la legislación internacional de derechos humanos, que en primer lugar y primordialmente concierne al comportamiento de los Estados en relación a sus ciudadanos y sus poblaciones en general, siempre teniendo en cuenta, como todo lo que ocurre bajo la órbita del derecho, no solo la validez de la ley, sino su razonabilidad en tiempo y circunstancia. 

 

Exigimos que la Escuela cumpla con su deber, que el profesor J.M.  sea advertido de lo intolerable de su comportamiento respecto al menor, que los inspectores sean a su vez monitorizados y se les exija un cumplimiento estricto de la deontología que debería regir los comportamientos de todos los servidores públicos, y a la Conselleria d’Educació, para que haga efectivo, de manera inmediata, protocolos alternativos para aquellos padres que no se sientan satisfechos con las medidas de seguridad sanitaria y el bienestar emocional de los niños y sus familias durante todo el tiempo que dure la amenaza de la pandemia. 

Sin más, le ruego tenga a bien realizar los trámites adecuados para llevar a buen puerto nuestra denuncia y petición, sin que ello suponga nuevas amenazas para nosotros, resulte en un nuevo período de acoso emocional, o se traduzca en represalias administrativas por parte del Estado o alguno de sus agentes.