LOCKE EN EL CONURBANO

Familias

En las últimas semanas, en Argentina, la agenda mediática ha estado ocupada por tres cuestiones que merecen una reflexión sosegada. La primera cuestión está asociada a tres escándalos familiares, con implicaciones delictivas y consecuencias políticas, vinculadas a tres familias paradigmáticas de la oligarquía local, y asociadas respectivamente (1) al negocio de los medios de comunicación; (2) a la llamada «patria» contratista, reconvertida por sus herederos en un floreciente negocio basado, simultáneamente, en la acumulación por desposesión (gracias a los privilegios que supusieron, primero, la conquista de la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, y luego la misma Casa Rosada), y el negocio financiero; y (3) al negocio agroexportador, asociado históricamente a la apropiación ilegítima de la tierra, la desposesión concertada, la explotación de la población local hasta el punto del empleo cuasi esclavo de su personal, con connivencias evidentes con el Estado nacional y los Estados provinciales. Me refiero a los escándalos hereditarios de las familias Mitre, Macri y Etchehevere.

Los conflictos intrafamiliares de los tres clanes develan un entramado delictivo que expone a los involucrados a la mirada pública, no por lo que estos tengan que ofrecer a la prensa «chimentera», sino por (1) las consecuencias penales, con derivaciones políticas, que las causas sucesorias puedan tener; (2) lo que pueden aportar a otras causas penales directamente relacionadas con el manejo de la cosa pública; y (3) lo que ofrecen como ilustraciones de ese «tipo ideal» al que pertenecen los ricos en Argentina.

La propiedad es privada

Mientras en los platós de televisión se debatían estos temas, y los editorialistas y opinólogos repartían con prodigalidad su sapiencia interesada, en la provincia de Buenos Aires se preparaba el desalojo de tierras, tomadas por familias pobres, en Guernica. El operativo se presentó como una demostración circense del poder policial. El jefe del operativo, devoto de las cámaras, aprovechó la ocasión para seguir forjando su carrera política. De manera teatral se definió como un defensor de la propiedad y de la vida, definiendo de esta manera su «patriótica» lealtad ideológica a la derecha local, pese a estar conducido por un gobernador de formación marxista. De este modo, la toma y el desalojo sirvieron para exponer la ideología de clase que informa a las fuerzas del orden, al ondear la bandera de la propiedad privada y su defensa sobre sus carros de combate.

Mientras esto ocurría en el conurbano, en Entre Ríos, Dolores Etchevehere, la heredera estafada por tres machos alfas que se dicen sus hermanos y una madre desalmada, era escoltada a un calabozo por desacato, en un desalojo paralelo en el que, de todas maneras, se respetaron los gestos y las formas que corresponden a la clase de la desacatada. El aplauso inmisericorde de quienes detrás de la tranquera festejaban el fin de la estrategia de Juan Grabois en la «estancia usurpada», enmudeció con la derrota a quienes se habían aliado con los rebeldes, y puso en evidencia quién manda en la provincia de Urquiza. Durante días, los conductores de tractores y pickups, junto a sus familias, disfrazados de chacareros y ondeando banderas argentinas, azuzaron a los agentes policiales pidiendo mano dura, y exigieron un juez acorde a las circunstancias, «independiente», para garantizar una medida arbitraria a gusto y provecho de la necesidad política del momento.

Arrugue preventivo

Como nota llamativa, algunos referentes peronistas han querido tomar distancia del escándalo entrerriano reduciéndolo a una cuestión familiar sin relevancia política. En coro afirmaron que el asunto debe dirimirse en los tribunales. 

Es cierto. Pero también es cierto que la familia Etchevehere es sospechosa de innumerables delitos y estafas contra el Estado, que los involucrados están denunciados por delitos flagrantes contra la dignidad de las personas, violencias variadas contra quienes se le oponían en su feudo, y relaciones ambiguas con el poder político y mafioso que tiene cautiva a la provincia. 

También es digno de mención que el principal denunciado haya sido Ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, que haya llegado allí después de presidir la Sociedad Rural, y que, ya en su día, recibiera atención mediática por el escandaloso acuerdo que firmó con esta última, aparentemente, para intercambiar favores públicos por un sueldo generoso en la institución, al que tuvo que renunciar debido a la denuncia y el consabido «conflicto de intereses». Es de suponer que estos referentes peronistas han querido poner paños fríos a la fiebre campestre. Una decisión contraria podría haberse convertido en revuelta nacional. Por ese motivo, han preferido tirar la pelota «fuera del campo». 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el capitalismo no es solo una teoría económica, sino un sistema de relaciones sociales que produce consecuencias en todas las esferas de la vida social. En este caso, los abusos familiares esgrimidos por la denunciante no pueden separarse de las lógicas de poder que informan al clan en su relación co el Estado. Tampoco pueden deslindarse u ordenarse en compartimentos estancos los delitos contra lo público, la apropiación ilícita de tierras, la explotación cuasi esclavista practicada en sus haciendas, del uso mafioso de las instituciones por parte de los denunciados. Finalmente, no pueden obviarse las estrechas conexiones entre los abusos intrafamiliares, la perversión de lo público y la lógica de explotación antiecológica, contaminante y cortoplacista en la que se basa la riqueza de la familia. 

De este modo, el caso merece una consideración más amplia. No puede cajonearse en la esfera pública la discusión de lo sucedido aduciendo, livianamente, que se trata de una causa de ámbito meramente privado. Muy por el contrario, se trata de un escenario de conflicto que ilustra de qué modo el capitalismo no es solo una teoría política, o un mero sistema de producción, distribución y realización del capital, sino una forma institucional y una forma de vida que afecta de igual modo, en cada fase de su desarrollo histórico, las esferas de la reproducción social, la política y el medioambiente.

El oráculo

En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y denunció lo que todos sabemos, que la furia anticristinista que en los últimos meses vociferó con estridente histerismo en las plazas de la república la defensa de una patria «burguesa» y «antiplebeya», no tiene una causa exclusiva contra la expresidente, sino que anhela lo que define a todo buen oligarca en la Argentina, una militancia antiperonista, sea que esta se manifieste como abierta confrontación, o como troyana apropiación del legado peronista, como ocurrió con el menemismo ucedeísta, o como pretendió el «macrismo dialógico» de los Monzó, los Frigerio y compañía. En cualquiera de los casos, se trata de hacer desaparecer, desmembrar o desvirtuar un movimiento definido, en palabras franciscanas, por su opción preferencial hacia los pobres, para convertirlo en un instrumento ideológico y territorial al servicio de la acumulación de capital a través de la desposesión concertada.

Cristina llamó a un acuerdo nacional y ofreció su veredicto: el problema central de la Argentina, cuya economía dependiente la conduce de manera cíclica a crisis terminales, gira en torno a su economía bi-monetaria. En ese marco, los economistas del establishment, en nombre de los capitostes a quienes el macrismo le regaló pingües beneficios durante su mandato caracterizado por el endeudamiento y la fuga, exigen una nueva devaluación, con el propósito de emprender una nueva fase de acumulación por desposesión: el deporte que mejor practican las oligarquías «republicanas» que tanto detestan a la democracia y a su pueblo.

Como señala el periodista Horacio Verbitsky en su editorial de hoy en el portal que dirige, «Cohete a la luna», titulado «Hablar con propiedad», la carta de Cristina, como suele ocurrir con todas sus intervenciones, señala con incisiva claridad lo que está en disputa en el país en estos momentos: (1) la embestida antiperonista (que en estos meses ha intentado marcarle la agenda al presidente intentando manufacturar su Lenin Moreno local); (2) la necesidad de lograr un acuerdo nacional para enfrentar el doble descalabro, causado, primero y ante todo, por el saqueo de Macri y sus secuaces, el club de ejecutivos y empresarios que, o bien ocuparon carteras en su gabinete, o manejaron los hilos de la administración para lograr sus provechos, y la pandemia, con sus muertos, infectados y confinados; todo ello sobre la base de (3) un diagnóstico a través del cual se intenta poner freno a las expectativas de los más ricos, al anunciar que los malabarismos devaluatorios que anhelan no pueden ser la moneda de cambio de dicho acuerdo, porque un gobierno genuinamente peronista debe ser leal, en grado superlativo, a su opción preferencial por los trabajadores y las clases excluidas, y una devaluación, en este contexto, es, ni más ni menos, que una traición a esa lealtad preferencial.