viernes, 30 de diciembre de 2016

LA LEY Y LA NADA

Tribunales de Comodor Py

Negra y coya


Quienes estábamos atentos a lo que estaba ocurriendo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tuvimos ocasión de ver y escuchar, en vivo y en directo, la condena de Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso. La persona real, de carne y huesos, la dirigente social, la esposa, la negra y coya (como ella misma se define) que organizó a los desposeídos de su tierra y les mostró el potencial creativo detrás de la lucha mancomunada, se enfrentaban a Milagro Sala, la persona jurídica, vaciada de historia, mera función en la ecuación perversa de una justicia que escenificó sin sonrojarse el castigo ejemplar, junto a la falsa y medida magnanimidad que asegura la prisión perpetua de la india rebelde.


Encubrimiento y "traición a la patria"


Mientras esto ocurría, en una sala de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, se preparaba otra escenificación. Los funcionarios judiciales se aprestaban a publicitar la reapertura de una causa oscura y viciada, sobre la cual pusieron sus esperanzas los carroñeros de la política-mediática en su labor sin límites por desplazar electoralmente al kirchnerismo a comienzos de 2015. 


Comandados por Laura Alonso, la actual titular de la Oficina Anticorrupción (hoy sospechada y denunciada por su escandalosa parcialidad), y la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich - un personaje siniestro que extiende su sombra de complicidades a lo largo de toda la historia reciente del país - en los primeros días  de 2015 se orquestó una de las tantas denuncias mediáticas que llenaron las portadas de los diarios locales, con sus estridencias ensordecedoras que luego quedaron en la nada, porque eran "humo electoral" en una campaña sucia jamás vivida antes en nuestro país. La entonces presidenta de la nación fue acusada de encubrimiento de los atentados de la AMIA y, posteriormente, de traición a la patria por el acuerdo firmado con Irán, nunca ratificado por el congreso, y nunca puesto en práctica debido a la renuencia del propio gobierno iraní. 

Vale la pena recordar quiénes son Patricia Bullrich y Laura Alonso. La primera pasó de militante, pero también íntima de dirigentes montoneros como Pernía o Galimberti, a convertirse en Ministra de Trabajo en el gobierno de la Alianza, el cual desembocó en la matanza de 2001. Y, desde allí, dio el salto que le permitió dirigir el Ministerio de Seguridad del actual gobierno de Mauricio Macri, gracias, en parte, a su oscura participación en la denuncia inconsistente y sospechada que está detrás de esta nueva embestida jurídico-mediática que ahora se escenifica. 

La segunda, con estrechas conexiones con Paul Singer (el capitalista inescrupuloso, la cara visible de los llamados "buitres" o holdouts) a través de un entramado de sospechosas fundaciones y donaciones del magnate, mercenario de las finanzas, con quien el gobierno argentino acabó negociando el más ominoso acuerdo en Nueva York al comienzo de su mandato, rindiéndose a sus pretensiones para poder reembarcarse en el actual proceso de reendeudamiento que nos está llevando de regreso a una situación anterior al 2001, en la cual éramos prisioneros de los poderes financieros, y nuestra soberanía política estaba al servicio de las exigencias de un mercado que, con subterfugios técnicos, acabo defraudando a la ciudadanía argentina con el llamado "corralito".

Sin embargo, para entender esta embestida hay que prestar atención otra vez al cadáver del fiscal Natalio Alberto Nisman, el hombre que durante años mantuvo a la deriva la investigación de la que estuvo a cargo sobre el peor atentado terrorista sufrido en nuestro territorio en la historia, presentado por la prensa internacional como un héroe sacrificado y una víctima del autoritarismo kirchnerista.

Para entender de qué se trata en realidad esta nueva ofensiva jurídico-mediática hay que volverse al cadáver de este hombre corrupto, de escasa densidad moral, rodeado de otros como él, familiares, amigos, exesposa (esta última también estrecha operadora judicial) partícipes de una estafa legal y moral contra las víctimas de la AMIA, y animarse a interpretar los hechos a la luz de una guerra global que avanza a ritmo vertiginoso sobre todas las naciones y los pueblos.

Un cadáver que se ha convertido en la cifra de un complot internacional de dimensiones inconcebibles, que amenaza con convertir a la Argentina (otra vez) en un campo de batalla, reabriendo una causa 5 veces rechazada por su absurda narrativa y sus inconsistencias innumerables, además de la dudosa autoridad del autor de la misma, el fiscal Nisman, un fiestero con cuentas bancarias injustificables en el extranjero, y relaciones peligrosas. La intención es evidente: acabar de ejecutar el verdadero crimen político que el suicidio de Nisman (o su homicidio por otras manos) oculta. 

Se trata de escenificar,  à la Dreyfus, un ataque en el que finalmente se condenará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento y "traición a la patria", acusándola de instigar el asesinato del fiscal. La condena mediática ya ha sido puesta en escena. Los jueces, como en Jujuy, tienen ahora la obligación de transitar el itinerario procesal que acabará por establecer la pena, borrando con ella toda alternativa política a la imposición de la derecha regional, que a través de mentiras innumerables, replicada hasta el cansancio a través de las usinas mediáticas, y la complicidad de los jueces y abogados del establishment, aliados como en el pasado a los intereses internacionales más oscuros, inaugura un período de terror y saqueo en nuestros países.


Justicia cautiva


La legitimidad de los tribunales depende enteramente de la confianza que tienen los ciudadanos sobre su quehacer cotidiano y su independencia. Hoy, para cualquier persona informada y decente, ante la parcialidad manifiesta y la promiscua relación con los medios y el ejecutivo de turno, los tribunales argentinos han perdido toda credibilidad. Los sabemos armas de las élites y los poderes tradicionales en los territorios feudales que aun existen en la hipotética república que (dijeron) venían a restituir, repitiendo el estribillo democrático que entonaron quienes autoritariamente impusieron su ley a sangre y fuego en el pasado.

Los tribunales, por lo tanto, ya no representan a priori la justicia. Al condenar a los acusados antes de probar su culpabilidad, ellos mismos se ponen en situación semejante: son arbitrarios e injustos hasta que demuestren su probidad. 

La sociedad fallida y el poder autocrático


Esto nos deja, y bien lo saben quienes nos gobiernan, ante la nada de la violencia como única alternativa. Peor aún, le dan a la violencia la justificación que a la democracia tanto trabajo le ha costado refutar. Porque cuando la justicia se vuelve injusta, se sabe cautiva y arbitraria, no hay razones que deslegitimen la violencia, y el territorio se vuelve otra vez un campo de batalla, donde el delito y la revuelta social se confunden, y el Estado cooptado por los poderes fácticos y las élites que lo conducen y usufructúan, sólo puede ejercerse por medio de la fuerza.

En este marco, el gobierno de Mauricio Macri acelera su propio proceso de transformación. Su triunfo electoral, que anunciaba el ascenso democrático de la derecha argentina al poder, esa derecha argentina asociada históricamente con golpes militares y campos de exterminio, ha comenzado su metamorfosis más peligrosa: como una serpiente, se deshace de su vestimenta democrática, para convertirse en un poder autocrático.

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