LA NUEVA ARGENTINA, LOS VIEJOS FANTASMAS

Mauricio Macri cumple un año de mandato como presidente de los argentinos. El 10 de diciembre de 2015 asumió su cargo después de una reñida segunda vuelta en la que obtuvo el apoyo del 51,34 % del electorado, contra el 48,66% de los electores que se volcaron a favor del entonces candidato oficialista Daniel Scioli.

Las promesas de campaña del Frente Cambiemos que encabeza Mauricio Macri fueron altisonantes. Ahora el gobierno reconoce que no se condecían ni con la realidad del país, ni con las consecuencias previsibles de las medidas adoptadas. Con un discurso ceñido a los eslóganes y la estética que llevaron a Barack Obama a su triunfo en 2008 en los Estados Unidos, y al ritmo del ¡Si, se puede!, Mauricio Macri prometió que sostendría las mejores políticas y logros del gobierno saliente, aunque admitía la necesidad de un “sinceramiento” de la economía que consistiría en un ajuste gradual que no repercutiría en su promesa más exigente: el logro de “pobreza 0”.

Durante el primer mes de mandato, Macri inició un agresivo programa de ajustes que chocaban de lleno con sus promesas de campaña. Ni bien asumir, liberó el mercado cambiario, produciendo una devaluación del 40% de la moneda, en un mercado estrechamente asociado al precio del dólar, lo cual supuso el alza exponencial de la tasa inflacionaria, que ronda actualmente el 45% interanual; puso fin a las retenciones fiscales a las corporaciones agroexportadoras y a las empresas mineras; y emprendió un agresivo ajuste de las tarifas de los servicios básicos de energía y agua que va del 400 al 1.000%. Miles de pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas a cerrar debido a estas medidas.

Mientras tanto, el gobierno logró el apoyo de la oposición para llegar a un acuerdo judicial con los Hedge funds o fondos “buitre”, encabezados por el multimillonario Paul Singer. Esto facilitó el regreso del país al mercado de capitales. De acuerdo con el gobierno, todas estas señales precipitarían una ola de confianza e inversiones extranjeras que nunca llegaron. El resultado es que el gobierno ha suplantado las inversiones con nueva toma de deuda, iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento que ha alcanzado una dimensión preocupante. El porcentaje destinado al pago de intereses para el presupuesto del 2017 ronda el 10%, lo cual supone, respecto al año anterior un aumento del 32 %. Es decir, recortes en todas las áreas del presupuesto del Estado, especialmente en las áreas salud, educación, investigación y desarrollo y asistencia social. Esto ha convertido a las calles del país en un espacio de protestas y reivindicaciones permanente, en el cual los movimientos y los sindicatos más combativos parecen desbordados por sus bases.

Habiendo cumplido con celeridad con el estamento más rico de su electorado, Macri parece reticente a hacerse cargo de sus promesas a los más necesitados. Eliminó las retenciones a la renta extraordinaria de las corporaciones agroexportadoras, y las mineras, al mismo tiempo que congelaba salarios e iniciaba una drástica ola de despidos en el sector público que se convirtió en santo y seña para los despidos en el sector privado. Permitió el aumento indiscriminado de tarifas a las empresas de energía y agua, al mismo tiempo que congelaba los aumentos de las asignaciones sociales y las jubilaciones en relación a la elevada tasa de inflación. Favoreció a empresarios amigos condonando sus deudas con el Estado, al tiempo que suspendía de facto los convenios colectivos (llamados en Argentina “paritarias”). Se calcula que la perdida del poder adquisitivo de los trabajadores ronda el 10%, en momentos en el que se profundiza la recesión a ritmo sostenido.

Mientras tanto, los datos sociales empeoran notoriamente. Ya en el mes junio, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina anunciaba que desde la asunción del nuevo gobierno, el número de pobres se había elevado en 1.400.000 personas, y el número de indigentes en 500.000. Otros estudios señalan cambios importantes en los hábitos alimentarios de los más desfavorecidos, dando cuenta con ello de la brutalidad y velocidad de los ajustes. Los comedores públicos, por ejemplo, se han multiplicado. La crisis social tiene un impacto inmediato en las tasas de criminalidad que se han elevado exponencialmente. La “economía” y la “inseguridad” es lo que más preocupa a los argentinos.

Con la economía en recesión, y una caída en la actividad económica que ronda el 3%, una desocupación que ronda los dos dígitos (lo cual implica un crecimiento aproximado de 4% en lo que va del año), el déficit fiscal notoriamente en alza, la ausencia de inversiones extranjeras y el re-endeudamiento, la solución del gobierno pasa por imponer recortes y forzar una flexibilización laboral, que solo podrá ser impuesta criminalizando y reprimiendo la protesta social.

En este contexto, el presidente Mauricio Macri se enfrenta al escándalo desatado por su inclusión entre los principales denunciados en el caso internacional de los llamados “Panamá Papers”. Pese al blindaje mediático, se han conocido al menos una docena de nuevas cuentas off-shore que involucran al presidente y su familia. En ese marco, esta semana, el presidente ha modificado por decreto una ley de blanqueo consensuada en el Congreso Nacional por el oficialismo y los principales gurpos opositores, que viola el espíritu del texto legal, permitiendo a los familiares de funcionarios a que se acojan al blanqueo. Las sospechas crecientes apuntan que el motivo es beneficiar a los familiares y amigos del primer mandatario.

La promesa del gobierno a sus votantes fue regresar al país al mundo. Exceptuando el regreso al mercado de capitales, lo cual le ha permitido un endeudamiento que se ubica entre los más onerosos entre los países emergentes, no hay signos de nuevas inversiones en el país. El capital extranjero se contenta con disfrutar con las elevadas tasas que le ofrece el mercado financiero y la impunidad fiscal que facilita la fuga de capitales.

Pero el gobierno también tiene abierto otro importante flanco. El Grupo de Trabajo por Detención Arbitraria Personas de las Naciones Unidas ha exigido al gobierno la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala y representate del Parlasur, detenida ilegalmente en su provincia, Jujuy, el 17 de enero de 2016. El gobierno ha respondido con dilaciones y excusas a los requerimientos internacionales, pese a la evidentes irregularidades del caso. A la demanda inicial del Grupo de Trabajo de la ONU, se han sumado la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su jefe actual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional. Incluso el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, en una reciente visita a Buenos Aires señaló, en presencia de Mauricio Macri, su preoupación por las irregularidades denunciadas en la provincia del noroeste argentino, donde gobierna un socio importante del gobierno, y uno de los principales artífices del triunfo electoral del Frente Cambiemos.

El clima social en Argentina está enrarecido. Pese a que la oposición política y los sindicatos han facilitado la transición durante este primer año de gobierno, las bases sociales se encuentran en estado de alerta. A menos que el gobierno realice un golpe de timón de envergadura, el horizonte de conflictividad social anuncia un futuro incierto.