EN EL ESPEJO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA, UN PAÍS.

Hace un mes desapareció en la Patagonia argentina el ciudadano Santiago Maldonado. Dos horas después de su desaparición se emitió un Habeas Corpus. El último lugar donde se vio con vida al joven fue en circunstancias de una operación represiva ilegal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado (la Gendarmería) comandadas directamente por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, contra manifestantes indigenas de la comunidad mapuche.

Pese a la notoria negligencia de la justicia y la actividad sospechosa del ministerio público que entorpeció la investigación, sembrando pistas falsas y escondiendo material imprescindible para esclarecer los hechos, a día de hoy los principales sospechosos por la desaparición de Santiago Maldonado son los miembros de la Gendarmería que participaron en los hechos y los funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Pese a la escalada de indignación social que produjo la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado y las circunstancias del caso (el Estado argentino está involucrado con el crimen), el Presidente Mauricio Macri no ha hecho declaración alguna sobre el tema, y la respuesta a los reclamos por parte de los funcionarios del gobierno involucrados cuando son cuestionados por el asunto, incluidos el Ministro de Justicia, Garavano, y la Secretaria de Derechos humanos a cargo de Avruj, han sido de justificación o dilación.

Como en otras ocasiones, la única respuesta activa del gobierno es la autovictimización. En un acto desesperado, y ante el creciente malestar de la opinión pública frente al caso, además del rotundo rechazo internacional que produce la noticia de una nueva desaparición forzada en Argentina (un país tristemente paradigmático en desaparición de personas), el gobierno ha lanzado costosas campañas de estigmatización contra todo aquel que habla del tema, nombra a Santiago Maldonado, o apunta hipótesis que involucren a sus funcionarios y cuerpos del Estado.

Además de las responsabilidades directas de la Gendarmería Nacional y el Ejecutivo, también está en la mira el Juzgado y la fiscalía donde se tramita la investigación, debido a la negligencia, lentitud y parcialidad de su accionar hasta la fecha. 

También están involucrados en el caso, de manera indirecta, y como instigadores del crímen cometido, los terratenientes de la zona, con quien el Jefe de Gabinete estuvo reunido antes de los hechos, a quienes habría prometido actuar con decisión para poner fin a la protesta social. En especial se ha puesto la mira en la participación del grupo Benetton quien habría subvencionado privadamente los operativos de algunos efectivos en la zona según se desprende de informes periodísticos y denuncias recientes. 

Por otro lado, el gobierno y sus usinas mediáticas han comenzado a hablar de "terrorismo" y "extremismo" para referirse a las comunidades indigenas que protestan en la zona por sus tierras ancestrales - comunidades entre las que se encontraba Santiago Maldonado, solidarizándose, el día de su desaparición.

El caso de Santiago Maldonado ha puesto nuevamente sobre el tapete la estrategia comunicacional de los grandes medios al servicio del establishment corporativo neoliberal que maneja el país desde el 10 de diciembre de 2015. A través de una concertada política de desinformación y estigmatización de la víctima de la desaparición forzada, sus familiares (quienes han sido sistemáticamente maltratados y culpabilizados por el ministerio público) y los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos, a quienes se acusa continuamente de estar "politizados", los medios de comunicación han instalado un clima enrarecido que permite a los responsables del crimen fabricar coartadas y pistas falsas para asegurar su impunidad.

En las últimas horas se han conocido detalles del accionar cuasi-mafioso del ejecutivo en la zona, el cual, transvasando todos los límites del Estado de derecho y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, han implementado un sistema de espionaje y una estrategia de represión concertada, acomapañada de detenciones ilegales, torturas y amenazas, que pone en cuestión la legitimidad democrática de las autoridades locales y nacionales.

En su premura por acallar las voces disidentes, el gobierno ha lanzado una campaña agresiva contra docentes, oficiales públicos y otros funcionarios del sistema educativo para silenciar, como en otras épocas, los focos que escapan al sigiloso control del pensamiento que se ha tendido sobre la población a través de los medios de comunicación, y las redes sociales. Los padres han sido conminados a denunciar a los maestros que hablen de la desaparición forzada en las aulas. Un número telefónico ha sido publicitado con un eslogán digno de los regímenes dictatoriales, en el que reza: "No a la politización de los chicos", aun cuando de lo que se habla es de una de las más graves y ominosas violaciones a los derechos humanos del que nuestro país, tristemente, tiene un oscuro recuerdo.