¿ATRAPADOS SIN SALIDA?

2012 y después

Desde hace algunos años (2012 es considerada la fecha clave) una parte importante – la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana – exige un referéndum que dirima el estatuto identitario de Catalunya y su relación con España. En el seno de esa mayoría que exige el reconocimiento de la soberanía popular como punto arquidémico y fundamento de un destino colectivo, un número nada desdeñable apoya de manera rotunda la independencia.

Estos años, que van desde 2012 a la fecha, han coincidido con una crisis económico-financiera, jurídico-normativa, social y política (de dimensiones globales) que ha afectado de manera notoria a una Europa partida al medio y, otra vez, partida al costado. Se habla de la Europa de las "dos velocidades", de  una Europa rica y dinámica versus una Europa pobre y perezosa. Se habla de las locomotoras de Europa (Francia y Alemania), pero también de los PIGS, que arrastra en sus vagones. En España, especialmente, la crisis se ha hecho sentir de manera notoria, colaborando de este modo a una revisión integral (aunque resistida por el establishment político-financiero) del status quo. 

Independentismo y 15M

El movimiento independentista, y su crecimiento exponencial (ilustrado por las consecutivas movilizaciones populares de las Díadas), es pariente distante de las protestas del 15M y su articulación político-partidaria en Podemos y sus organizaciones afines a lo largo y ancho del territorio español. 

Sin embargo, lo que diferencia al independentismo del 15M es el modo en el cual se resolvieron sus construcciones político-institucional en ambos casos. Mientras que Podemos es el emergente directo del movimiento popular de protesta, el independentismo catalán de Junts pel Sí (PdeCat, ERC y la CUP) es un batiburrillo de viejas estructuras y nuevos actores, unidos circunstancialmente por un enemigo común, y un mismo anhelo identitario, aunque incompatibles ideológicamente como el agua y el aceite. 

El Partido Popular y el independentismo

La estrategia del Partido Popular ha sido el inmovilismo. En parte, fruto de la debilidad evidente que supone el extendido desprestigio de sus cuadros por causas sistémicas de corrupción, que le ha obligado a jugar una estrategia negacionista frente a todos los desafíos que se le presentan en el terreno judicial, político y social, lo cual le permite – entiéndase bien - seguir sosteniendo la apuesta neoliberal que sirve a los intereses corporativos que representa.

El independentismo es fruto de reivindicaciones históricas y circunstanciales. Articulado actualmente, como dijimos, en un batiburrillo ideológico, identificado exclusivamente por el amor a la patria catalana y el rechazo a la españolidad, el independentismo construyó su actual hegemonía sobre la base de malestares transversales que recurrieron al significante de la autodeterminación y la construcción del enemigo español, como banderas para la manufacturación de la nueva mayoría. 

Como en el caso de la derecha española, que esconde entre los llamados “constitucionalistas” de diversos pelajes sus vergüenzas de corrupción y sus compromisos corporativos antidemocráticos, la derecha catalana, entre la mezcolanza ideológica de su frente patriótico, esconde décadas de arbitrariedades de clase, corrupción generalizada y su lealtad a la fe neoliberal que ha ayudado a consolidar en España y Europa durante décadas estando al frente de las instituciones catalanas. 

Referéndum y derechos fundamentales

Hace algunas semanas, después de años de negativas por parte del gobierno español de constituir una verdadera mesa de diálogo que permitiera salir del atolladero del malestar ciudadano reinante, el independentismo promulgó las llamadas "leyes de transitoriedad", convocó a un referéndum no pactado con el Estado español sobre la base de la legislación catalana (luego cuestionadas por su inconstitucionalidad y actualmente suspendida por el Tribunal competente) y anunció que el resultado de ese referéndum, el cual se mide por mayoría simple y sin cualificación en términos de participación, servirá para declarar unilateralmente la independencia, 48 horas después de la cita electoral por parte del Parlament y el Govern de Catalunya.

La reacción del Partido Popular ha sido exclusivamente jurídico-policial. Detenciones e imputaciones a cargos públicos asociados directamente con la organización del referéndum, suspención de facto de competencias básicas de la autonomía catalana, confiscación de material electoral y amedrentamiento a los partidos políticos independentistas y a la sociedad civil, a través de un despliegue de miles de guardias civiles en todo el territorio de Catalunya con el fin de impedir la votación. La oposición política denuncia convincentemente ataques a las libertades fundamentales.

En busca de alternativas

Frente a las posiciones del independentismo que quiere votar sí o sí y convertir en vinculante el referéndum del 1 de octubre con el fin de declarar a posteriori, unilateralmente, la independencia, y el Partido Popular que persigue como delincuentes a los organizadores y facilitadores del referéndum, Podemos, junto con otros partidos políticos de izquierda y regionales, intentan una tercera vía, la cual se basa en dos premisas y la necesidad de lograr una condición necesaria: (1) la solución a la cuestión catalana solo puede hacerse a través de un referéndum pactado con el Estado - la sociedad civil exige votar; (2) ese referéndum tiene que estar arropado por un diálogo previo en el cual puedan desplegarse creativamente una serie de alternativas al independentismo puro y duro, con el cual deberán medirse en la votación; y (3) la condición de posibilidad de ese diálogo no es otra cosa que “sacar de la Moncloa” a Mariano Rajoy.

El actual referéndum no cumple con las garantías suficientes que permitan una declaración unilateral de independencia, ni tiene una cobertura legal y un reconocimiento internacional que asegure cierta estabilidad al nuevo experimento soberano en el marco europeo y mundial. Eso no significa que el referéndum no deba llevarse a cabo, ni se justifica con ello el accionar del ejecutivo español. Aquí lo que parece estar en juego es la credibilidad futura de la hipotética voluntad popular expresada en las urnas en estas circunstancias, con la consiguiente inestabilidad, incertidumbre y conflictividad que ello supondría. 

El futuro inmediato

Qué vaya a suceder en los próximos días es imposible anunciarlo sin caer en política-ficción. Las últimas semanas han ido sucediéndose a golpes de impredecibles notorios. Por otro lado, no deberíamos pecar de ingenuos. El Partido Popular no es novato en estas lides. Todo lo contrario, el lugar en el que se siente más cómodo es el de la confrontación abierta con el “terrorismo”  o los endilgados “enemigos del estado de derecho”, donde pretende una legitimidad absoluta. Le guardan sus espaldas una parte de la ciudadanía española que exige mano dura (lo contemplamos en las imágenes de la despedida a los contingentes rumbo a Catalunya de la Guardia Civil en Huelva, Córdoba y otras ciudades), y una estrategia comunicacional que enerva los espíritus más combativos.

El diálogo está lejos de considerarse una virtud en estas circunstancias. De un lado y otro de la trinchera han comenzado a sonar las acusaciones de ¡traición! hacia aquellos que exigen algún tipo de entendimiento y no aceptan como "ineludible" una confrontación abierta para  ser resuelta a posteriori en armisticio. 

Sea como sea, cualquier negociación política deberá contar con la participación ciudadana y el inmediato cese de la ofensiva del gobierno del Partido Popular contra las libertades fundamentales.