La división internacional del trabajo se reorganiza en América Latina. Washington recupera el control estratégico del petróleo venezolano mediante acuerdos con el Gobierno de Delcy Rodríguez. Argentina pone sus recursos minerales a disposición de grandes inversiones internacionales vinculadas a los intereses estadounidenses. El Salvador recibe deportados de Estados Unidos para recluirlos en sus cárceles de máxima seguridad. Costa Rica participa en la recepción de migrantes expulsados del territorio estadounidense. El continente no solo suministra materias primas: también asume funciones de control migratorio y seguridad que Washington desplaza fuera de sus fronteras.
Israel
amplía su influencia regional en estrecha alianza con Estados Unidos. En abril
de 2026, Javier Milei y Benjamin Netanyahu anunciaron los Acuerdos de Isaac,
destinados a extender la cooperación política, militar, tecnológica y comercial
israelí a otros países latinoamericanos, siguiendo el modelo de los Acuerdos de
Abraham promovidos por Trump. En Colombia, el Gobierno de Abelardo de la
Espriella acaba de restablecer el acuerdo comercial con Israel y trasladar su
embajada a Jerusalén, revirtiendo la ruptura diplomática impulsada por Gustavo
Petro en 2024. Como señalé recientemente, la competencia geopolítica con China
también se libra en el terreno cultural y religioso, mediante redes de
influencia cuyos antecedentes se remontan a la Guerra Fría.[1]
El
próximo 25 de octubre, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas podría
ampliar este bloque de alianzas. Flávio Bolsonaro disputa la presidencia a Lula
da Silva. Una victoria bolsonarista acercaría políticamente a Washington a la
mayor economía sudamericana, miembro de los BRICS y socio comercial estratégico
de China. Brasil ocupa además una posición decisiva por sus recursos
energéticos, minerales y capacidades industriales.
La
reorganización hemisférica abarca así mucho más que el comercio. Comprende el
abastecimiento de recursos, las inversiones, las alianzas militares, el control
migratorio y las redes de influencia política y cultural. Bajo nuevas
condiciones tecnológicas y geopolíticas reaparecen las viejas relaciones de
poder entre el centro y la periferia.
El
Estado regresa, aunque nunca se había marchado
En un
artículo publicado en junio de 2026, Evgeny Morozov describe una transformación
del capitalismo estadounidense. Detrás de las extravagancias de Donald Trump se
despliega una estrategia relativamente coherente: reconstruir el poder
industrial, militar y tecnológico de Estados Unidos mediante una intervención
estatal cada vez más directa.[2]
El
Pentágono ya no se limita a adquirir armamento. Participa en la financiación de
empresas, la selección de inversiones y la reorganización de cadenas de
suministro. Fondos privados, corporaciones tecnológicas y organismos públicos
intervienen conjuntamente para asegurar la supremacía estadounidense frente a
China.
La
novedad no es la intervención estatal. Como recuerda Morozov, el Estado
estadounidense siempre desempeñó un papel fundamental en el desarrollo
tecnológico y militar. Lo significativo es que ahora reivindica abiertamente
funciones de planificación que durante décadas permanecieron disimuladas bajo
la retórica del libre mercado.
La
Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 confirma esta orientación. Washington
declara prioritaria la recuperación de su capacidad industrial y reivindica
explícitamente un «corolario Trump» a la Doctrina Monroe. América Latina
aparece como un espacio estratégico donde asegurar recursos, limitar la
influencia de competidores extrarregionales y favorecer la expansión
empresarial estadounidense.[3]
La
paradoja resulta evidente: la potencia que durante décadas promovió la
liberalización económica considera ahora indispensable recuperar instrumentos
de intervención estatal para proteger su soberanía industrial.
Milei
y la libertad de mercado
Mientras
Trump reivindica la intervención estatal para reconstruir capacidades
productivas, Javier Milei proclama las virtudes de la desregulación, la
apertura económica y la iniciativa privada.
Sin
embargo, la contraposición es engañosa. Milei tampoco prescinde del Estado. Lo
utiliza para establecer condiciones jurídicas, tributarias y cambiarias
extraordinarias, favorables a las grandes inversiones.
El
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido mediante la
Ley 27.742, constituye su principal instrumento. Concede beneficios fiscales y
aduaneros, garantiza estabilidad normativa durante treinta años y establece una
liberación progresiva de las obligaciones de ingreso y liquidación de divisas
provenientes de las exportaciones.[4]
No
estamos ante la desaparición del Estado, sino ante una reorientación de sus
capacidades. Mientras Washington interviene para fortalecer sectores
estratégicos nacionales, Buenos Aires organiza un régimen especial de garantías
e incentivos para grandes inversores.
La
diferencia reside en los objetivos que cada Estado prioriza, las condiciones
que impone al capital y las capacidades productivas que intenta desarrollar.
Los
minerales críticos y la complementariedad estratégica
La
articulación entre ambas políticas aparece expresamente reconocida en los
acuerdos bilaterales.
El
instrumento sobre minerales críticos firmado el 4 de febrero de 2026 relaciona
la demanda industrial y las capacidades estadounidenses de almacenamiento
estratégico con el RIGI argentino. Ambos gobiernos proponen coordinar
financiación pública y privada, facilitar proyectos mineros y desarrollar
cadenas de suministro destinadas a tecnologías avanzadas y de defensa.[5]
Un día
después, ambos países firmaron un acuerdo comercial y de inversiones que
incorpora disposiciones sobre minerales críticos, seguridad económica,
tecnología y cooperación regulatoria.[6]
La
lógica de esta articulación es evidente: Estados Unidos procura asegurar
recursos indispensables para su desarrollo industrial y militar; Argentina
ofrece condiciones favorables para las inversiones capaces de suministrarlos.
La
articulación entre ambas políticas refuerza una división internacional del
trabajo en la que los recursos estratégicos argentinos se integran en cadenas
productivas orientadas por las necesidades industriales estadounidenses. La
extracción y la exportación adquieren prioridad sobre la construcción de
capacidades tecnológicas e industriales propias.
La
persistencia de la dependencia
Un
informe de la CEPAL publicado en 2025 permite situar estas preguntas en
perspectiva histórica.[7]
América
Latina posee importantes reservas de minerales necesarios para la transición
energética y las tecnologías contemporáneas. Sin embargo, aproximadamente el 62
% de sus exportaciones de minerales críticos entre 2019 y 2023 correspondió a
productos sin procesamiento o con refinación básica.
La
abundancia de recursos naturales no garantiza diversificación industrial,
aprendizaje tecnológico ni desarrollo de capacidades productivas nacionales.
La CEPAL
insiste en la necesidad de articular la inversión extranjera con políticas
industriales, desarrollo de proveedores, investigación y fortalecimiento
institucional.
El
problema, por tanto, no consiste simplemente en determinar quién invierte ni
cuánto capital ingresa, sino qué estructura económica resulta de esas
inversiones.
Una
economía puede incrementar sus exportaciones y conservar simultáneamente una
posición subordinada en las cadenas internacionales de valor.
Sin
novedad en el frente occidental
De este
modo, la aparente contradicción entre Trump y Milei adquiere otra
significación.
El
nacionalismo económico estadounidense y el liberalismo argentino desempeñan
funciones complementarias dentro de una reorganización internacional de la
acumulación. Mientras Washington fortalece sus capacidades industriales,
financieras y tecnológicas, Buenos Aires establece condiciones privilegiadas
para las inversiones que contribuyen a asegurar los suministros estratégicos de
la potencia norteamericana. Los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos
formalizan esta articulación entre ambas políticas.
La
reorganización impulsada por Washington reproduce las asimetrías entre centro y
periferia que Raúl Prebisch identificó en 1949 y que las teorías
latinoamericanas de la dependencia analizaron posteriormente. La integración en
el mercado mundial, lejos de garantizar el desarrollo de las capacidades
productivas de las economías periféricas, consolida su subordinación dentro de
la división internacional del trabajo.[8]
La
competencia con China, la inteligencia artificial y los minerales críticos
introducen transformaciones profundas. Pero la reorganización tecnológica no
elimina las asimetrías históricas entre quienes controlan las actividades
estratégicas y quienes suministran los recursos que las posibilitan.
La
ironía es que Estados Unidos recupera la intervención estatal porque considera
que el libre mercado no garantiza su soberanía económica, mientras sus aliados
latinoamericanos utilizan el poder del Estado para abrir sus economías,
garantizar condiciones privilegiadas a los inversores extranjeros y poner sus
recursos estratégicos a disposición de las necesidades industriales
estadounidenses. La ideología neoliberal revela aquí su carácter instrumental:
el libre mercado se invoca para justificar la apertura de unas economías,
mientras la intervención estatal se utiliza para asegurar la acumulación de
capital en otras. Esta misma lógica opera dentro de los países centrales, donde
la liberalización y la intervención pública no constituyen principios incompatibles,
sino instrumentos que pueden alternarse o combinarse para favorecer la
acumulación y preservar el poder económico de las clases dominantes.
En el
frente occidental están ocurriendo muchas cosas. Las tecnologías cambian, los
gobiernos se suceden y las alianzas se rompen o se renuevan. Sin embargo, bajo
estas transformaciones persiste una vieja división internacional del trabajo:
unos Estados aseguran su soberanía económica y geopolítica mediante la
apropiación de los recursos y el control de los territorios de otros,
subordinando sus poblaciones a las necesidades de su propia acumulación de
capital.
Notas
[1]
Gobiernos de Argentina e Israel (2026, 19 de abril). Joint Declaration of
the Governments of Argentina and Israel. Declaración constitutiva de los
Acuerdos de Isaac. Documento
oficial.
[2]
Morozov, E. (2026, junio). «Cuando el Estado estratega fusiona defensa,
capital-riesgo e inteligencia artificial». Le Monde diplomatique,
edición española.
[3] The
White House (2025). National Security Strategy of the United States of
America, especialmente pp. 13–19. Documento
oficial.
[4]
República Argentina (2024). Ley 27.742, Ley de Bases y Puntos de Partida
para la Libertad de los Argentinos. Título VII, arts. 183, 193, 198 y 201. Texto
oficial.
[5]
República Argentina y Estados Unidos (2026, 4 de febrero). Marco para
Garantizar el Suministro en la Minería y el Procesamiento de Minerales Críticos,
art. 2. Cancillería
argentina.
[6]
United States Trade Representative (2026, 5 de febrero). Agreement between
the United States of America and the Argentine Republic on Reciprocal Trade and
Investment, secciones 3–5. Documento
oficial.
[7]
CEPAL (2025). Inversión extranjera directa en la minería y potencial de los
minerales críticos en América Latina y el Caribe. Claves de la CEPAL
para el desarrollo, n.º 23. Documento completo.
[8]
Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de
sus principales problemas. Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
Naciones Unidas, documento E/CN.12/89. Santiago de Chile. Texto completo
disponible en el repositorio institucional de la CEPAL: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/30088
