LA MENTIRA COMO ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Mauricio Macri encarna un nuevo tipo de política: una política que tiene como eje de implementación la mentira concertada. Con esto no me refiero a mentiras ocasionales. Cuantitativamente el gobierno de Macri es más mentiroso que cualquiera de los gobiernos que le precedieron. Tal vez el de Menem se le acerca un poco, quizá porque su programa económico - semejante al programa actual - necesitaba igualmente de las mentiras oficiales para poder implementarse. Pero sería un error creer que Macri y su equipo ha llevado la mentira y el cinismo al lugar destacado que ocupa simplemente por falta de integridad moral. Eso también, pero no es lo importante. Más allá del vicio, lo que importa es que se trata de una estrategia concertada: la construcción cultural del macrismo está basada en el falseamiento radical de la realidad. 

No se trata simplemente del coaching, de la asesoría de imagen, de la habilidad publicitaria de sus asesores, del ingenio de sus comunicadores abiertamente militantes y en manada. Toda la batería de medidas antipopulares que promueve el gobierno se impone sobre la base de dos registros paralelos que acompañan las decisiones estructurales: (i) la represión impiadosa de los descontentos, y (ii) la manipulación radical de la verdad hasta el punto de convertirla en un espantapájaros. Dispararle a las mentiras no cambia nada. Después de todo, las mentiras están hechas de paja y trapos sucios, y están allí solo para distraer, confundir y ofuscar. 

Dos elementos destacan en esta construcción falseada de la realidad: (i) la emergencia de una suerte de "enemigo interior", al que algunos periodistas y opinólogos han llegado a llamar "subversivos", en una muestra clara de lo que se pretende con esta construcción del campo de batalla y (ii) la consolidación de una masa fiel y visceralmente comprometida, alimentada por el odio y el deseo de revanchismo social.

Sin embargo, Macri no es una anomalía en los tiempos que corren. Una mirada atenta a la política internacional demuestra que las mentiras explícitas y sistemáticas se han convertido en un arma crucial en la estrategia de desconcierto que se impone a las poblaciones para facilitar los programas de ajuste y privatización que siguen su marcha triunfal, a caballos de las crisis que le sirven como alimento al neoliberalismo. 

Por lo tanto, no son las redes rusas, ni los hackers antisistema, como nos dice el presidente Macron, los que inundan las redes con sus fake news. Son los gobiernos, las agencias de noticias y las corporaciones mediáticas que forman parte de los grupos económicos, los que envenenan el debate público y socavan la democracia.

Donald Trump es, obviamente, el ejemplo más exacerbado. Pero no es el único. Trump ha puesto en aprietos a los poderosos medios opositores en los Estados Unidos (medios que han demostrado no estar a la altura del desafío de su embestida comunicacional) desnudando la debilidad de la esfera pública cuando se socava la credibilidad de la información disponible. La avalancha de engaños y la apretada agenda en las redes sociales que maneja el magnate devenido presidente y sus seguidores, hace imposible seguirles la pista, y el cúmulo de escándalos que provoca no hace más que facilitar que la información más delicada y pertinente para la población pase desapercibida. 

Con otro talante (quizá), o al menos con otro estilo, pero fruto de la misma educación en la escuela de empresarios tramposos y corruptos, Macri y sus secuaces (empresarios devenidos políticos y periodistas convertidos en lobbistas), mantienen a la población día y noche atontada con escándalos de toda índole. Escándalos que llenan los prime time, y ocultan lo que verdaderamente importa. 

De este modo, como en los Estados Unidos, pero de una manera infinitamente más corrosiva debido a la debilidad de los medios locales opositores, los periodistas y las empresas de noticias no saben cómo enfrentar de manera efectiva el diluvio de mentiras y provocaciones que produce el gobierno. La prueba de ello es que, pese al vertiginoso programa antipopular implementado en solo dos años, hay una parte importante de la población, que sufre como el resto sus políticas de empobrecimiento y restricción de derechos, que sigue cautiva del relato M sobre la herencia recibida y espera que el reendeudamiento y los recortes acaben floreciendo en su jardín privado. 

Las tretas que se utilizan son archiconocidas. Se trata de vapulear a los contrincantes políticos, estigmatizar a los opositores, desautorizar a los periodistas que no piensan como ellos (en el mejor de los casos), silenciarlos si no se pliegan a la voluntad del presidente, o incluso desmantelar los negocios o estructuras de información que no son afines al programa, con el fin de imponer una mirada homogénea sobre la realidad argentina que obliga a todos los actores políticos relevantes a rendirse ante la voluntad presidencial, o pagar las consecuencias con la ejecución pública (mediática y jurídica) que pende sobre todos los argentinos “independientes” desde la asunción de Macri al gobierno. 

Actores, periodistas, artistas, músicos, intelectuales, académicos, sindicalistas, legisladores, jueces, fiscales, todo aquel que no acepte las nuevas reglas del juego puede ser perseguido y escrachado. Primero, por el ejército de trolls que maneja desde la Casa Rosada Marcos Peña; luego, por los medios afines al gobierno que se encargan de linchar con la ridiculización y la estigmatización a todo aquel que ose levantar la voz contra el gobierno; y, finalmente, a través de la persecución judicial. 

Una persecución evidente, si pensamos en la doble vara que hoy impera en la justicia argentina. Mientras los crímenes de lesa humanidad son tratados con generosidad por los jueces después de la ofensiva decisión del 2x1, la provocación concertada contra las organizaciones de los derechos humanos y la reivindicación de facto del régimen genocida por los referentes "intelectuales" del macrismo (más del 50 por ciento de los condenados están hoy cumpliendo su condena en prisión domiciliaria, entre ellos personajes tan siniestros como Etchecolaz o Bianco), la prisión preventiva se ha convertido en una práctica extendida después del fallo del Juez Irurzun a la hora de encarcelar a los funcionarios y políticos opositores, quienes han sido paseados bajo la mirada humillante de las cámaras, en una reinstauración ejemplificadora del teatro del horror (El ejecutivo llegó al extremo de denunciar penalmente a una docena de legisladores de Unidad Ciudadana y la izquierda - algunos de ellos reprimidos violentamente por la Gendarmería, por el delito de obstrucción a las fuerzas de seguridad) en un claro gesto de provocación contra la división de poderes. Estrategias similares se han utilizado contra los jueces y fiscales que no se pliegan a los intereses arbitrarios del ejecutivo. 

Mientras se cierran o cajonean de manera escandalosa las causas contra el presidente y otros funcionarios de su gobierno, y la oficina anticorrupción se encarga de asesorar a los responsables cómo eludir estratégicamente las incompatibilidades evidentes y los conflictos de intereses que muchos de estos tienen en sus funciones, las fuerzas del Estado tienen vía libre, no solo para reprimir la protesta, no solo para pegar, gasear, detener, o disparar contra la población indefensa, sino para torturar e incluso matar a quienes están en la mira de los intereses del gobierno o sus socios económicos (el caso mapuche o la persecución contra la Tupac Amaru son notorios), con la impunidad garantizada que le provee el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, y la complicidad de todo el arco de funcionarios y periodistas oficialistas. 

Poco a poco, la sociedad se acostumbra a este estado de cosas, las naturaliza. Lo que hace poco más de dos años hubiera sido juzgado como un atropello intolerable, hoy es justificado de manera abierta y bochornosa por una parte de la ciudadanía. No hace falta decir lo que eso significa. El gobierno de Macri está consiguiendo algo más que la implantación de un nuevo paradigma económico y social en la Argentina. No se trata solo de un trastorno estructural, sino un cambio cultural que convierte a la ciudadanía, otra vez, en cómplice vergonzosa de un gobierno con vocación autoritaria y represiva. ¿Hasta dónde llegarán? No lo sabemos. Pero en vista a lo que está en juego, los nubarrones que se asoman son oscuros… ¿Cómo responder? ¿Qué estrategia resultará efectiva? ¿Qué tácticas implementar? Si el lenguaje por momento parece belicoso por parte de la oposición, la responsabilidad es del gobierno, que ha decidido hacer política bordeando peligrosamente la frontera de la antipolítica que supone la violencia.  

EL EXHIBICIONISMO DE LA FELICIDAD

El título de este artículo se lo "birlé" a Rubén Amón, quien publicó la nota en el diario El País, con una bajada que dice “La tregua de la Navidad multiplica el estrés de la dicha y dilata los límites de la hipocresía”. 

Después de leer el título y su bajada, dejé descansar la nota en su pantalla, abrí un documento en blanco de Word y me puse a teclear lo que el título me había traído a la mente, que no es otra cosa que algo que llevo tiempo pensando acerca de la imagen publicitada del presidente, la cual en estos días ha pasado, del “estrés de la dicha” a hacer explotar los ya muy dilatados límites de su hipocresía. 

Pero antes de continuar, quisiera recordar una definición memorable de Beatriz Sarlo a poco de comenzar su mandato el actual presidente: "Macri no tiene densidad moral" - decía. Y yo agrego: "Y en eso consiste justamente su éxito". Como otros personajes de su calaña (pienso en Berlusconi o en Trump), lo que sostiene su liderazgo es el éxito económico y el desparpajo con el cual abusa de su poder y exhibe su desprecio. 

Mientras en Argentina se desata una ola sin precedentes recientes de represión, ataques indiscriminados y detenciones arbitrarias a magistrados, legisladores y líderes sociales que no son afines al actual gobierno; al tiempo que el gobierno impulsa una política económica y social que se ensaña con los más pobres para devolver a los más ricos los despojos que el "populismo" le hurtó a las clases privilegiadas para mejorar (aunque sea mínimamente) las condiciones de vida de las mayorías, la prensa oficialista se encarga de transmitir lo que piensa el presidente de estas cosas: 

“Al presidente de los argentinos, Mauricio Macri, le importa un carajo lo que les pasa a esos argentinos de a pie que en estas navidades vivirán con una mano en la garganta, ahogados por la angustia de la incertidumbre y la indignación que suscita la injusticia”. 

El texto está escrito con un lenguaje cifrado, que las rotativas empapelan y los medios audiovisuales retransmiten en vivo y en directo con el comentario de contertulios y chimenteros encantados de participar en la alta política nacional con sus recursos para ensalzar a las divas y hacer tropezar a los famosos. 

En las fotografías aparece Mauricio (el presidente) Juliana (su cónyuge) y Antonia (su hija) como protagonistas casuales de una publicidad escenificada en una Argentina de ensueños que les es enteramente indiferente. Ellos viven en su mundo, de espaldas al dolor, a los asesinatos, a las prisiones preventivas injustificadas, las detenciones ilegales, el astronómico reendeudamiento, el sufrimiento de los viejos, la pobreza inconcebible de los niños, el hambre de una población diezmada por la violencia y el espectáculo de una justicia corrupta al servicio de la persecución política. 

Sabemos que el día de la represión salvaje frente al Congreso, en el cual durante 9 horas la Gendarmería tiroteó a los manifestantes que protestaban contra el recorte feroz a jubilados, niños y discapacitados para llenar las arcas de los ricos, Macri apagó la televisión para evitarse el disgusto de las imágenes. 

Sabemos que su falta de autoridad moral la suplanta el presidente con el extremismo de la violencia institucional. Se regodea abiertamente con la mano dura de sus gendarmes y la obsecuencia enloquecida de su ministra de seguridad frente a las cámaras. No tiene reparos a la hora de estigmatizar de manera recurrente a sus oponentes políticos, animado por el coro mediático que le sigue la corriente, consciente, quizá, de que su colectiva complicidad con el gobierno los convertirá en responsables en el futuro próximo, cuando la historia finalmente dé su veredicto sobre el saqueo que justifica el republicanismo anti-K que con tanto empeño promueven.  

Sabemos (gracias al cualificado periodismo de investigación que ejercita el diario La Nación cuando se trata de sacar los trapos sucios al gobierno) que Macri recibió 433 regalos estas navidades (todo un récord según citan, esta vez sí, sus fuentes), e incluso se nos informa con detallado esmero, en qué consistieron los presentes de su fotogénica compañera y su hija (sobreexplotada por el equipo de marketing del presidente, que la arrastra como premio frente a las cámaras para compensar la insensibilidad que transmite su figura).

Sabemos también que, mientras todavía resonaban los balazos de goma, los estruendos de los gases lacrimógenos, las pedradas y el repiquetear de las cacerolas de los indignados, el presidente de los argentinos se marchó al sur aduciendo que su presencia en Buenos Aires no tenía sentido, dejando en manos de Patricia Bullrich y sus inquisidores judiciales el trabajo sucio, y en manos de Marcos Peña y sus periodistas amigos, la tarea de propaganda. 

Llega navidad, el exhibicionismo de la felicidad, las sonrisas de los funcionarios, y las listas de sus regalos. Del otro lado de las pantallas, los viejos despojados de sus míseras pensiones apenas tienen para acabar el mes, los discapacitados temen por los remedios y tratamientos a los que no podrán acceder, los padres miran a sus hijos con la tristeza que el bestial recorte del presidente les regaló antes de marcharse a descansar en un lugar paradisíaco que La Nación, otra vez, se encarga de publicitar para encanto de las señoras y los señores que animan al presidente a matar "kukarachas" y "zurdos", y la tristeza de quienes, a esta altura, ya han perdido la esperanza.  

No hay duda que el cuadro bosqueja numerosas formas de violencia que no justifican, pero explican, eso sí, por qué razón somos muchos los que tenemos ganas de tirarles cascotazos a los macristas y sus gendarmes. Y, parafraseando a Amón, autor del título de esta nota, concluyo diciendo que "el estrés de su dicha navideña (la del presidente y su gente), convertida en estas horas en portada de felicidad de un país hundido en la miseria, es un signo inequívoco de esa hipocresía sospechada y denunciada muchas veces por nosotros, que Macri y sus macristas expresan con especial esmero frente a las cámaras, endulzando su veneno para que nos mate suavemente". 

REDUCIR LA DEMOCRACIA PARA EXTENDER LA IN(I)QUIDAD

Que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno cuyo objetivo exclusivo es aumentar las rentas de los más ricos en detrimento de los pobres no es un tropo inventado por los opositores con el fin de menoscabar la legitimidad del gobierno votado en las últimas elecciones generales y refrendado en las últimas elecciones de medio término. Las modificaciones a la ley previsional, en el contexto de una fiscalidad regresiva en términos sociales, y la generosidad que el gobierno muestra hacia las corporaciones y la timba financiera, demuestran claramente que estamos ante una verdad, a esta altura, incuestionable. 

Desde tiempos inmemoriales, la desigualdad en democracia ha sido un tema relevante para los filósofos y analistas políticos. Noam Chomsky, en Requiem for the American Dream, nos recordaba recientemente que, desde el origen fundacional de los Estados Unidos, pugnan dos concepciones radicalmente antagónicas entre los constituyentes: la de los oligarcas y la de los demócratas. Los primeros pretendían recortar la democracia para proteger a los ricos frente a los pobres, mientras que los demócratas defendían que la condición de posibilidad de una democracia genuina era la reducción de la desigualdad. El propio Aristóteles, milenios antes, en su Política, conmina a los gobernantes de la democracia a actuar de modo de reducir la desigualdad, en vez de recortar la democracia para proteger a los ricos frente a los genuinos y legítimos anhelos de los más pobres. 

Esas tendencias existen hasta el día de hoy, aunque es evidente que tanto en los Estados Unidos, como en el resto del globo, la perspectiva oligárquica es la gran triunfadora. Lo cual ha impulsado las políticas nacionales e internacionales a una gran inestabilidad, fruto de las guerras, la desigualdad y el deterioro medioambiental que impulsan de manera concertada, en su huida hacia adelante, en su búsqueda de ganancias sin tregua, en un contexto de competencia salvaje, las élites económicas. 

Mientras los periodistas oficialistas enfatizan la acción de grupos minúsculos frente al congreso militarizado por el ejecutivo para “proteger la casa del pueblo”, justificando oblicuamente la represión a mansalva y las detenciones irregulares que han suscitado el descontento popular, la narrativa oficial pone en evidencia hacia qué concepción de la política se inclina el actual gobierno argentino. Como Madison hace más de 200 años en los Estados Unidos, Macri y sus secuaces tienen un único objetivo, proteger a los ricos de los pobres, o mejor, protegerlos de los más pobres. Pobreza e indigencia que en Argentina alcanzan, nada más y nada menos, que el 32% de la población. 

Ante esta situación, la pregunta sobre la violencia, tal como es planteada en el debate actual en Argentina, está claramente desencaminada. El intento por parte del oficialismo de circunscribir la violencia a las imágenes de “radicales” apedreando a la policía federal, y a la policia metropolitana, descontextualizando el evento, tiene un objetivo claro: ocultar otras formas de violencia más corrosivas y perdurables, que el gobierno ha ido alimentando con el cúmulo de situaciones opacas e injustas que ha ido creando desde el primer día, impulsado por la propia inercia de las violencias manufacturadas por el aparato mediático-comunicacional que lo llevaron al poder. 

La pregunta, en todo caso, tiene que llevarnos más allá de la violencia evidente manifestada en las calles, para pensar las abigarradas violencias simbólicas, institucionales y sistémicas que conducen a esas violencias puntuales. La estigmatización de las piedradas es de muy limitada utilidad. Los violentos son la punta del iceberg de una violencia que tiene en su epicentro la concepción oligárquica de una democracia sitiada que avanza a los atropellos en su afán de saqueo de los bienes colectivos. 

En ese contexto, la pregunta no es cómo desactivar la violencia, sino cómo conducirla. La represión la devuelve al corazón de las clases populares, indignadas ante el maltrato y el desprecio que se les depara, y si no se dirige directamente hacia los perpetradores de la injustica (el gobierno y sus socios financieros y empresariales), se traduce al lenguaje del racismo, la xenofobia, la delincuencia, la lucha a muerte de pobres contra pobres. 

En nuestras manos está no olvidar quiénes son nuestros genuinos antagonistas, los perpetradores del daño moral que padecemos, los criminales que hambrean al pueblo con sus políticas de ajuste y represión, y recordarnos los unos a los otros hacia dónde debemos dirigir de manera concertada y rotunda nuestra indignación. La oposición debe asumir en su conjunto la violencia que el gobierno ejercita sobre la ciudadanía indefensa y acompañar al pueblo en sus actos de genuina defensa. 

LA FRAGILIDAD DE LOS DERECHOS

Quizá, lo más difícil de aceptar es que no hay manera de garantizar nuestros logros societales de libertad, igualdad y justicia. La política democrática (la filosofía platónica es una larga reflexión acerca de ello) no garantiza en modo alguno la justicia. Ni siquiera los derechos humanos son una garantía, especialmente cuando los reducimos a regímenes institucionales y los dejamos en manos de expertos legales o diplomáticos. El caracter utópico de los derechos humanos es otra cosa. Es la voz de los oprimidos y excluidos, la voz de las víctimas que se resisten a ser interpretadas por los expertos. 

Por supuesto, eso no significa en modo alguno renunciar a un mundo más justo, más igualitario y fraterno, pero creo que resulta dudoso que podamos asegurar ese mundo a través de divesas estrategias de fundamentación o diferentes procedimientos de legitimación (ni la constitución, ni las mayorías populares pueden asegurar lo que ocurrirá, y tenemos que hacernos cargo de esa realidad). 

De hecho, empíricamente hablando, todos nuestros esfuerzos porque esto ocurra (que la justicia y el bien reinen por siempre en la Tierra), acaban con repetidas frustraciones colectivas (los derechos humanos suscitan indudablemente este tipo de frustraciones cuando constatamos el uso que se ha hecho y se hace de ellos - los derechos humanos no garantizan nada, aunque estemos comprometidos plenamente a defenderlos). Hasta cierto punto, el mismo deseo de asegurarnos esa justicia, ese igualitarismo y esa solidaridad universal por siempre jamás, parecen estar en la base del deterioro de la práctica democrática (en Europa es evidente, y en el caso de América Latina, también es notorio). 

Algunos autores ponen el énfasis en algún análogo del derecho natural para asegurar ciertos bienes constitutivos del orden político, otros se inclinan por alguna versión fundada en la antropología biológica o cultural para poner límites a ciertas prácticas y fomentar otras, hay quienes prefieren articular alguna fórmula pragmática o procedimentalista para lograr el mismo objetivo. 

El problema con todas estas estrategias (valiosas sin duda para asegurar cierta continuidad de nuestras propias convicciones en el tiempo) es que están basadas en una versión muy peculiar de la historia, una versión que dice que estamos avanzando moral, política o jurídicamente (o que estamos retrocediendo, si tenemos una perspectiva conservadora), y que la manera de asegurar esos avances morales, políticos y jurídicos es encontrar algún elemento (la constitución, la política democrática, la política de derechos, los procedimientos de comunicación) que nos aseguren que podemos continuar avanzando, progresando, evolucionando, moralmente, políticamente, jurídicamente. 

Por supuesto, es posible defender que hemos progresado mucho, material y éticamente. Muchos creen que las sociedades centrales están en todos los sentidos imaginables por encima de otras sociedades del pasado y de otras sociedades contemporáneas periféricas, no solo en lo que concierne al poder que ofrece el conocimiento científico y la tecnología, sino también en lo que concierne a nuestra perspectiva y actitud moral. 

Pero también hay quienes afirman lo contrario. Y sus críticas resultan convincentes. El avance científico-tecnológico es para estos críticos una catástrofe planetaria, y nuestras formas de vida capitalistas una aberración. Lo cierto es que, desde el punto de vista político, los avances y los retrocesos resultan paradójicos. No es claro que podamos dar un veredicto en blanco y negro. Si pensamos la historia como un continuo lineal, la idea de progreso resulta paradójica. Lo que ganamos por derecha, parecemos perderlo por izquierda y viceversa.

Nadie puede asegurarnos que la próxima generación no decidirá cargarse la actual constitución, o preferirá un tipo de política xenófoba, en contraposición a una política democrática abierta a la inmigración, si se inclinará por una política redistributiva, o abiertamente neoliberal, si será sensible a los desafíos medioambientales o vivirá de espaldas a ellos. 

Las sociedades cambian continuamente, nuevos seres humanos entran en el espacio público, los recién nacidos y los inmigrantes y refugiados que traen consigo formas novedosas de ver la realidad. La gente cambia, cambia sus modas y sus modales, cambia sus ideas acerca del mundo, y los imaginarios en los que están inmersos también cambian constantemente. Aunque nos cueste aceptarlo, nuestros hijos no pensarán como nosotros necesariamente, ni se harán cargo de nuestros proyectos, ni compartirán necesariamente nuestros valores. Cada generación establecerá sus propios horizontes éticos y políticos. 

Los derechos no están asegurados, y, por lo tanto, los llamados “derechos adquiridos” no garantizan su reconocimiento en el futuro. Lo vemos continuamente. Nuestras constituciones, nuestras concepciones de la naturaleza humana, la comprensión que tenemos acerca de nuestras propias capacidades, necesidades y vulnerabilidades existenciales, nuestras maneras de concebir el orden social, su límite y su rol, nuestra lealtad constitucional o nuestra fidelidad a la política democrática, nada de esto garantiza los derechos. Ni la ley, ni los jueces, ni los tribunales constitucionales, y tampoco las mayorías democráticas, que pueden ser “compasivas” o brutalmente impiadosas.

Creo que el problema de la política no gira en torno a cómo justificamos o legitimamos el orden político y jurídico en el que vivimos, sino que el problema es la manera en que vivimos la política en la vida cotidiana. Y para vivir la política cotidiana plenamente, estamos obligados a ser conscientes del carácter efímero de nuestros órdenes políticos y jurídicos, y los límites de nuestras convicciones éticas, y sobre todo la fragilidad de nuestros derechos.

El gobierno de Macri (que llegó a través de una mayoría electoral al ejecutivo) demuestra que la fuerza y la arbitrariedad exige una constante monitorización de sus políticas por parte de la ciudadanía. Para ello necesitamos una sociedad alerta y combativa. Más aún cuando sabemos que el poder corporativo monopoliza los medios de comunicación, las instituciones judiciales se encuentran cooptadas por el poder político, y el evidente fracaso de la división de poderes en Argentina. La relatividad de la constitución nacional y el deterioro en la confianza que suscitan sus interpretaciones por parte de los tribunales superiores, demuestran que nuestros derechos no están garantizados y que solo nos queda la precaución e intensidad de nuestro cuidado y compromiso democrático para enfrentarnos a quienes intentan someternos. 

En este sentido, podemos incluso coincidir con nuestros antagonistas, que hoy se llenan la boca afirmando que "no existe algo así como los 'derechos (perpetuamente) aquiridos'". Mayor razón para no esperar que la historia, la ley, la constitución o los tribunales, finalmente nos den la razón. Sin garantías (sin ningún Dios o instancia superior que legitime nuestros derechos o nos proteja) solo nos quedan las calles, convertida la multitud en el pueblo, la voluntad de cada uno en la voluntad de todos, siempre conscientes que nunca estaremos ciento por ciento seguros, si estamos en lo cierto, o acaso estemos siendo engañados. 

DEMONOLOGÍA Y ESTADO DE SITIO

El llamado "día de furia"

Durante 7 u 8 horas, la ciudad de Buenos Aires vivió una verdadera batalla campal. El gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministra de seguridad, Patricia Bullrich (sospechada de complicidad, junto con otros funcionarios de su ministerio, en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel) ordenó cerrar el Congreso de la Nación a cal y canto cuando se intentaba modificar la ley previsional, utilizando para ello a cuatro fuerzas de seguridad del Estado, entre las cuales, solo la gendarmería, contaba con 1.500 efectivos. La represión contra los manifestantes fue brutal, incluso fueron embestidos sin miramientos legisladores opositores. A la represión, como en otras ocasiones, siguió una cacería humana que se extendió durante horas y que acabó en detenciones injustificadas.

Mientras todo esto ocurría en el exterior del Congreso de la Nación, el oficialismo, apurado y ansioso por aprobar una ley regresiva en términos previsionales, que afecta de manera notoria a los más vulnerables en la sociedad, y que rechaza el 82% de la ciudadanía (según las encuestas) protagonizó una bochornosa jornada en la cual aún cabe la posibilidad de un intento flagrante de fraude, al sentar, aparentemente, a dos diputados truchos en el hemiciclo para fingir el quórum necesario para iniciar la sesión. Finalmente, entre gritos, insultos e incluso, por parte del propio Presidente de la Cámara Emilio Monzó, el intento de dar un puñetazo al diputado opositor Leopoldo Moreau, quien lo increpaba por las dilaciones en levantar la sesión, y denunciaba el bochornoso intento de fraude, la sesión quedo cancelada. Horas después, el ejecutivo anunciaba que estudiaba aprobar la modificación a la ley previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en una prueba más de su absoluto desprecio al orden constitucional y la separación de poderes.

El ethos represivo

Poco a poco nos acostumbramos a este tipo de escenas en Argentina. La represión se ha convertido en una faceta reiterada en la vida cotidiana de los argentinos. Con dos muertos ya en el contexto de operativos contra la protesta social, y un sin número de ejemplos de excesos, abusos, patoterismo y arbitrariedades violentas por parte de las fuerzas represivas, con numerosas detenciones arbitrarias, la constatación de que el gobierno utiliza infiltrados en las manifestaciones legítimas contra las políticas de ajuste o contra los retrocesos en la política de derechos humanos, con la evidencia notoria de una caza judicial al servicio de la política partidaria que se traduce en una escalada sin precedente de detenciones arbitrarias, amenazas y aprietes a opositores políticos  para lograr disciplinarla, escraches mediáticos sin fundamento, que facilitan el cumplimiento de las metas ideológicas del gobierno, lo ocurrido ayer no es más que un aumento del volumen de una tendencia a la estridencia y el escándalo que resulta difícil negar.

La cultura política argentina

La cultura política argentina, históricamente, tiene diversos elementos que la conforman. El discurso típico del votante macrista (y radical) de estos días, se caracteriza, fundamentalmente, por su tendencia demonológica: inmigrantes, negros, zurdos, kirchneristas, feministas, etc., ocupan el lugar que los judíos, los anarquistas o los comunistas tuvieron en un pasado reciente (resucitado por los adalides de la derecha local).

El énfasis de esta cultura demonológica está puesto en la mano dura para afirmar una política de exclusión sin miramientos, ni complejos. La patria se entiende siempre de manera estrecha, y se exige que el “sobrante social” sea empujado a los confines (detrás de los muros), o se lo encarcele, o directamente se lo expulse, se lo mate o se lo haga desaparecer. El caso mapuche ilustra fehacientemente esta tendencia, y el odio anti-inmigrante o la llamada “bolivianización” de los ciudadanos argentinos de piel oscura (la extranjerización del “negro” - al que se le niega la ciudadanía y, con ello, sus derechos), es una muestra palpable del racismo y la xenofobia de esta cultura política.

En contraste, las llamadas fuerzas políticas "progresistas", ponen el acento en la inclusión y la igualdad. No es banal el nombre “Patria Grande” en su acervo discursivo. La patria es grande porque es de todos, y puede extenderse incluso más allá de las fronteras para incluir a aquellos que, junto a nosotros, comparten un destino análogo. 

Los límites de una política basada en los derechos

La derecha política no va a desaparecer. El desafío ha sido siempre romper el equilibrio a favor de las fuerzas progresistas. Esta grieta política, sin embargo, no se encuentra definida exactamente en términos partidarios. La presencia de algunos importantes representantes del antiguo kirchnerismo-PJ dentro del actual bloque demonológico que conduce Macri con "mano de hierro", cómplices necesarios de las actuales políticas de ajuste, reendeudamiento, privatización, pobreza y hambre, demuestra que la adscripción política circunstancial permite la transversalidad cultural dentro de la política partidaria. Pero también son notorios los límites de una política basada exclusivamente en los “derechos”.

El nombre “progresismo” es equívoco. Se entiende en el contexto de una visión lineal, unidireccional de la historia. En ese contexto, cuando se habla de “derechos adquiridos” se entiende que son derechos que, de por sí, una vez reconocidos, tienen la capacidad de autosostenerse, autolegitimarse y autoexpandirse con el paso del tiempo. 

La política “progresista” suele olvidar que el tiempo no es lineal (tampoco) cíclico, sino que es plural y por lo tanto abierto y embarrado y proclive a ocultar sus dimensiones geológicas inconscientes. Los derechos no son legitimados ni sostenidos por su facticidad histórica. Hay que pelearlos en cada encrucijada y renovar nuestra fidelidad hacia ellos con cada nacimiento. Todos los días nacen nuevos ciudadanos, llegan inmigrantes y hay conciudadanos que se marchan al extranjero, la gente cambia personal e ideológicamente, adopta nuevas modas, nuevos modales y sus imaginarios mutan, y con ellos sus anhelos y valores. 

Por ejemplo: nada obliga a las generaciones futuras a respetar las constituciones consagradas por sus antepasados. Tampoco están sujetos los recién llegados a mantener el orden jurídico construido por sus antecesores. La libertad, la igualdad y la fraternidad no son valores trascendentes que se autolegitiman, sino opciones humanas que pueden (y suelen) ser ferozmente resistidas por las demonologias de la derecha. 


Vida y supervida: la reivindicación de la utopía

Por ese motivo, una política “progresista” no puede centrarse exclusivamente en los derechos. Su enumeración y enunciados tienen una muy limitada fuerza. La promulgación de leyes inclusivas es bienvenida, pero de facto, los ejecutivos y los tribunales no tienen excesivo prurito en pisotearlas cuando obtienen el poder para hacerlo. Por esa razón, tampoco la indignación por la quiebra del orden constitucional tiene, en momentos de emergencia política y social, un largo recorrido, menos aún el detalle de las infracciones al orden jurídico, los procedimientos o el entramado administrativo. 

Lo que se necesita es una contrapolítica antidemonológica, una política visionaria que asuma la emergencia, el estado de excepción, y sea capaz de ofrecer algo más que la "mera vida" (derechos). Necesitamos super-vida (utopía). La ilusión de que estamos llamados a construir algo más que mera resistencia. Necesitamos recuperar el carácter ilusionante de la política que el macrismo le arrebató al progresismo al desplegar sus banderas de cambio que, como un caballo de Troya, permitió el regreso triunfante de la demonología al seno de la política democrática. 

PUEBLO O MULTITUD. LA PARADOJA DE LA POLÍTICA

Pueblo abandonado

Sobre herencia, utopías y la corrupción de la política

Hay momentos en los que es imprescindible una reflexión crítica para avanzar en nuestros proyectos políticos.

En este contexto, una reflexión crítica tiene dos aspectos. Por un lado, es un llamado a revisar nuestras “visiones del bien”: ¿cuáles son nuestros horizontes de sentido, nuestros ideales, nuestras utopías? ¿Qué nos moviliza? Es decir, tenemos que dejar a un lado los eslóganes y volver a decidir.

Debemos hacerlo sin complejos, rearticulando nuestra voluntad para devolverle a nuestra acción política el erotismo sin el cual resulta estéril, impotente. 

Eso significa que no basta con la crítica a nuestros contrincantes políticos, ni con la denuncia de sus proyectos de país, ni con el listado de las ofensas acumuladas y atroces consecuencias de sus propuestas políticas. No se recuperar el poder regateándole al demonio sus perversidades. Necesitamos volver a creer.

Y eso significa que debemos dejar descansar a las banderas (nuestras banderas), y volver a preguntarnos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos “nosotros”? La pregunta no es fácil. En momentos de crisis se convierte en un interrogante que no se resuelve con un nombre, con una sigla, con una adscripción partidaria. Hay que volver al pasado, a la memoria, y recoger la herencia sedimentada, las capas geológicas que el presente esconde, para redescubrir desde dónde fuimos arrojados al presente y que hemos perdido en la caída.

Pero, también, hay que mirar al futuro, y volver a “promulgar” nuestra promesa. La promesa es el nombre de ese ideal, de esa utopía a la que dedicaremos incansablemente nuestros esfuerzos. La promesa son las visiones del bien a las que nos entregamos y que guían nuestra construcción identitaria.

Porque si algo debemos reconocer es que las banderas de a poco se vacían de contenido, pierden su sentido último, se convierten exclusivamente en distintivos entre individuos cuyo único objetivo es ganar a cualquier costo.

La corrupción de la política no son los bolsos de López o las cuentas en los paraísos fiscales. La corrupción de la política es una política al servicio de la corrupción, al servicio de la promoción personal de quienes pretenden representar la política. 

Sobre leyes y legisladores

El otro tema sobre el cual vale la pena reflexionar es, como dice el título de este artículo, la paradoja que subyace a la política. ¿En qué consiste esta paradoja? Bonnie Honig lo plantea de este modo: 

La paradoja indisoluble de la política, que tematiza la preocupación de que los buenos ciudadanos presuponen buenas leyes (que los modelen), pero que las buenas leyes presuponen a su vez buenos ciudadanos (para hacer buenas leyes), muestra una importante verdad de la teoría y la práctica democrática: El pueblo, el llamado centro de la teoría y la práctica democrática, está siempre habitado por la multitud, su doble salvaje e ingobernable. Y la ley, que los teóricos liberales miran como recurso en sus esfuerzos para privilegiar al pueblo por sobre la multitud, es en sí misma indecidible… como el propio legislador… que puede convertirse finalmente en un charlatán. Al final, no es el legislador, sino el pueblo/multitud con su decisión la que determina su propio destino…

En este sentido, la paradoja de la política no es la paradoja acerca del origen de la política, sino el problema de la práctica política cotidiana en la que los ciudadanos y sujetos intentan distinguir entre la voluntad general del “Nosotros” y la voluntad de cada uno de todos, sin saber muy bien si estamos en lo correcto, o nos estamos dejando engañar.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

El atentado a la sede de Amia, en el que fueron asesinadas 85 personas,
se perpreto el 18 de julio de 1994. 

El Juez Federal Claudio Bonadio pidió ayer al Congreso el desafuero de la senadora recientemente electa y expresidente de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. El propósito es detenerla preventivamente por el delito de “traición a la patria” - un crimen, dicho sea de paso, que solo ha sido objeto de procesamiento y condena en una única ocasión en toda la historia del país: en 1936.

El asunto es conocido por todos: el punto de partida es la famosa denuncia del fiscal Nisman (dos veces rechazada por los tribuntales) contra la expresidente y otros funcionarios y militantes kirchneristas. La hipótesis es la existencia de un complot internacional, materializado en la firma de un memorándum del gobierno argentino con el de Irán. El juez Bonadio considera que Argentina estaba en una situación de guerra no declarada con Irán. El atentado, según su hipótesis no probada en modo alguno, señala al gobierno iraní como el principal responsable. De ese modo, la estrategia de Bonadio confluye de manera perfecta con el relato de Trump, Netanyahu y los líderes saudis. De acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, por el contrario, el objetivo de los acuerdos era, exclusivamente, el intento por destrabar la parálisis de 20 años en las investigaciones judiciales en torno al mayor atentado terrorista cometido en toda la historia del país. Una investigación que estuvo a cargo, entre otros, del propio juez Bonadio, quien fue separado de la causa por petición explícita del fiscal Nisman en su momento. La acusación de Nisman apuntaba al cajoneo de la causa y el favoritismo de Bonadio a sus "amigos", entre ellos, el exjefe de policía de la metropolitana de Mauricio Macri, el "fino" Palacios y otros secuaces.

La decisión de firmar el memorándum recibió en su momento la aprobación de las dos Cámaras en el Congreso. No se trató de una operación secreta, sino abiertamente discutida por la opinión pública. Por otro lado, es bien sabido que nunca se implementó, por decisión del propio gobierno iraní, ni produjo efectos que beneficiaran de modo alguno a los sospechosos que se pretendía indagar gracias a la firma del acuerdo. Los responsables de Interpol, por ejemplo, testimoniaron que ninguna de las órdenes de detención internacional contra los denunciados fue suspendida o cancelada debido a la firma del documento bilateral.

Evidentemente, estamos hablando de un caso extremadamente complejo. El atentado en Buenos Aires causó la muerte de 85 ciudadanos argentinos. En la trama se involucró en su momento a Siria y a Irán. Pero no son pocos los que señalan con su dedo al gobierno israelí y estadounidense. Muchos consideran que sus respectivas embajadas y servicios de inteligencia en Buenos Aires obstruyeron el caso judicial o lo dirigieron desde detrás de las bambalinas. El caso Amia, por lo tanto, tiene todos los condimentos para una ficción de acción: el brutal atentado terrorista, las tramas de espionaje y contraespionaje, los asesinatos posteriores, las escuchas ilegales, altos funcionarios hipotéticamente involucrados en ambos lados del espectro político, jueces y fiscales corruptos, un fiscal suicidado (o asesinados, según el gusto o utilidad de los usuarios en disputa) convertido en héroe o paradigma de la corrupción de los tribunales argentinos, adicto a la prostitución de alto standing, un tren de vida inexplicable para un fiscal, conexiones con multimillonarios, fondos buitres y operadores mediáticos, etc. En síntesis: un entramado que ensombrece los guiones de series cinematográficas como Misión imposible, Bourne o el agente 007.

Baste recordar que actualmente se están juzgando en un tribunal de Buenos Aires a 13 individuos estrechamente relacionados con el poder político actual, por el encubrimiento del atentado que costó la vida a 85 ciudadanos argentinos. Entre los procesados destaca, como ya dijimos, Jorge Alberto “Fino” Palacios, quien acompañó en un procesamiento por asociación ilícita y escuchas ilegales al propio Presidente Macri. La causa contra Macri y sus secuaces fue desestimada un día antes de que ocupara (y para que ocupara) la Casa Rosada.

Mientras en Medio Oriente se desata la furia por la decisión del Presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, desbaratando la mesa de negociación arbitrada por los Estados Unidos desde los acuerdos de Oslo, y el mundo se prepara para una nueva ola de violencia palestina como respuesta a la ofensa y la represión sanguinaria por parte del Estado de Israel y otros países árabes, ahora aliados contra el régimen iraní, en Argentina, el juez Bonadio ordena la detención de una expresidente (por el momento protegida por sus fueros), confirmando de este modo la versión del fiscal Nisman de una compleja trama que señala a Irán como el principal sospechoso de los atentados en la sede judía en Buenos Aires.

Estos hechos no están necesariamente conectados materialmente, pero son parte de un mismo rompecabezas geopolítico. El gobierno argentino fue de los primeros gobiernos mundiales en reconocer y acompañar la decisión de Donald Trump, pese a las críticas que ha recibido (i) por parte de los más altos representantes de las Naciones Unidas, (ii) pese a que haya sido convocada una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad por la gravedad que supone dinamitar la mesa de negociación, y (iii) pese al tono elevado de la comunidad internacional y, en especial, de los representantes de los países miembros de la Unión Europea criticando duramente la decisión. Una decisión que está en continuidad con otras decisiones anteriores del gobierno de Estados Unidos, ofuscado con las organizaciones y tratados internacionales, y decidido claramente a adoptar la unilateralidad desacomplejada como nueva estrategia en sus relaciones exteriores.

Con respecto al pedido de Bonadio de detención de Cristina Fernández de Kirchner y la detención efectiva de otros miembros de su gobierno y militantes de su espectro político, son muchas las voces que se han alzado para defender el Estado de derecho y la democracia en Argentina. El antecedente de Milagro Sala en Jujuy fue solo un caso entre muchos otros casos anónimos para la opinión pública en los cuales ha brillado la arbitrariedad judicial al servicio de la persecución ideológica.  

El uso arbitrario de las prisiones preventivas para perseguir a opositores políticos (que en ningún caso han desafiado las decisiones judiciales), sumadas a las reiteradas amonestaciones de organizaciones y organismos internacionales sobre el amenazante peligro de desembocar en un estado de excepción jurídico en Argentina, parece confirmar una sospecha largamente anunciada y menospreciada por una parte de la población argentina que se niega a reconocer, o sencillamente festeja, el rumbo despótico de la nueva dispensación: Argentina se está convirtiendo peligrosamente, pese al formalismo electoral y el retorcido procedimentalismo que se pretende respetar, en un país gobernado de manera autoritaria.

La actuación de los periodistas de los medios masivos es otra señal de alerta. Incluso entre aquellos que han puesto el acento en las “anomalías” antidemocráticas de algunas actuaciones gubernamentales, el miedo se les evidencia en el cuerpo. Sus críticas se expresan con cuotas notorias de autocensura. Cuando se formulan, siempre son acompañadas con apiladas excusas y sospechosamente se justifican asumiendo públicamente, como contrapartida, gestos de antipatía contra la oposición política para contentar a los nuevos amos de la tierra. La intención es clara: eludir los castigos que se reparten con eficacia a quienes ocupan la esfera pública y no se atienen a las partituras oficiales.

La proscripción de facto de una parte de la oposición política kirchnerista en Argentina, pese a la densidad de su presencia entre los electores y su cuantía en términos de votos, es difícil de soslayar. La decisión de Bonadio y el beneplácito por defecto del gobierno con su silencio, convierte la censura implícita en el espacio de discusión pública, en jurisprudencia.

El macrismo necesita legitimidad jurídica para avanzar en sus controvertidas decisiones políticas (algunas de ellas francamente discutibles a la luz de la legislación y la jurisprudencia vigente). Eso significa afianzar un modelo normativo que le permita a largo plazo criminalizar las posiciones ideológicas de sus contrincantes políticos. Para ello necesita consolidar un poder jurídico-mediático que le sea fiel ideológicamente y que lo acompañe en el proceso de "reconstrucción nacional" que se ha propuesto.

El ataque de Bonadio (un verdadero casus belli) es tan grave, que convierte "la grieta" en un mero eufemismo frente al conflicto abierto e irreconciliable que, de proseguir en esta senda, se traducirá en más sangre. Porque la sangre política ya corre en la Argentina de Macri. El intento por minimizar los homicidios y asesinatos recientes en el sur (incluido el de Santiago Maldonado, cuyo ahogo se produjo en un operativo ilegal y violento que aun exige responsabilidades), no disminuye la herida abierta en la memoria colectiva por estos y otros casos menos resonados, y agiganta el sentimiento de ofensa que supone el intento de silenciamiento de los líderes políticos populares a través de una justicia cuestionada.

En línea de continuidad con las dictaduras militares que le antecedieron, el gobierno de Mauricio Macri ha desatado su propia guerra ideológica. No se trata de perseguir crímenes o condenar la corrupción, se trata de criminalizar ideas y perseguir ideologías en una caza de brujas que continúa preparando el terreno para un nuevo capítulo de violencia política en la Argentina.

EL PUEBLO TAMBIÉN ES RESPONSABLE

Gabriela Michetti, Vicepresidente de la Argentina

Un joven de 21 años fue asesinado a sangre fría por las fuerzas de seguridad del Estado. El hecho rememora el reciente incidente en el cual murió Santiago Maldonado, el joven desaparecido durante casi tres meses, cuyo cadáver (muchos aun lo creen) fue plantado por la misma fuerza de seguridad que mató a Rafael Nahuel durante un operativo similar.

La Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, hizo declaraciones a propósito del incidente. También las hicieron los Ministros de Seguridad y Justicia. En todos los casos, el propósito de sus intervenciones fue blindar el accionar de las fuerzas represivas, en algunos casos con notorias distorsiones o incluso mentiras respecto a lo sucedido, algo habitual entre los funcionarios macristas. 

Michetti alegó que los mapuches parecen terroristas - lo cual los hace sospechosos de serlo -,  (algunos periodistas sostienen, sin temor al ridículo, que los mapuches organizados en la RAM son semejantes a las  Farc o al Isis, una amenaza a la integridad de la República Argentina, su constitución y su gente). 

En una intervención televisiva Michetti vituperó a un periodista que cuestionó la versión oficial, y le pidió decencia y sentido común. Lo acusó de defender a los grupos criminales (que parecen terroristas) y le exigió que dejara de hurgar en las acciones de las fuerzas de seguridad. Las razones de la vicepresidente son sugerentes. Recuerdan las peores prácticas homicidas perpetradas por los Estados en épocas recientes: "Ellos (las fuerzas de seguridad que acaban de ejecutar un joven con un tiro por la espalda) están aquí para servirnos". Por lo tanto, debemos otorgarles el beneficio de la duda, "porque nos cuidan" - concluyó.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyas acciones le han valido ridículos memorables desde el primer día de su gestión, volvió a reiterar que ella (el gobierno) es un solo corazón con las fuerzas de seguridad, y expuso las circunstancias del caso en conferencia de prensa. Las aseveraciones de la ministra fueron desmentidas enteramente por los investigadores judiciales posteriormente. 

Entre las más graves mentiras de Bullrich, la afirmación de que los mapuches involucrados llevaban consigo armas de fuego fue la más flagrante. Por lo que sabemos, sus armas no pasaban de boleadoras, lanzas y puñales. Las fuerzas de seguridad, en ventaja desproporcionada en términos de efectivos presentes y armamentos,  dispararon, ellos sí, con armas de fuego. El joven asesinado fue ejecutado con un tiro por la espalda.  

La prensa argentina oficialista reaccionó con histrionismo. Por un momento, creímos que se trataba de indignación, pero pronto los funcionarios macristas y los editores de los programas radiales o televisivos oficialistas lograron lo inaudito: traducir el asesinato a sangre fría en error de cálculo, y los excesos en el producto de la dificultad inherente de la seguridad en nuestro país; la violación a los derechos humanos se tradujo en meros daños colaterales en la lucha por hacer de nuestro país (repiten como un mantra) "un país serio". 

El imaginario de ese país para pocos, cuya seriedad aparentemente nos beneficiaría a todos, exige todo tipo de sacrificios. La vida de Nahuel es insignificante, como el bienestar de los ancianos, discapacitados, niños hambrientos, familias abandonadas a su propia suerte en el contexto de una crisis terminal manufacturada por el propio gobierno, o los laburantes reconvertidos en esclavos de la nueva dispensación neoliberal que el presidente y su equipo impone a la Argentina a pasos acelerados. 

La sociedad argentina está desquiciada. El macrismo, que tiene la piel muy fina cuando se lo critica, ejercita el poder de manera chabacana y autoritaria. Una parte de la población está cautiva y desconcertada ante el desbarajuste y la ofensiva mediática, pero otra parte (numerosa y patotera en sus expresiones), observa con entusiasmo notorio la avalancha de violaciones flagrantes a los derechos básicos, y con perversión festeja la mano dura, o mira para otro lado, con la esperanza de participar en la repartida del botín que el gobierno está logrando arrancarle a la población a golpe de ajuste, reendeudamiento, alza de tarifas, exención impositiva a los más ricos y bicicleta financiera.   

La Argentina macrista es un genuino ejemplo de la Argentina de siempre. El macrismo no es una anomalía, sino la rutina golpista que caracterizó nuestros doscientos años de historia, que ahora llega al poder a través de un proceso electoral y confirma lo que supimos siempre: los militares nunca estuvieron ni actuaron solos. Muy por el contrario, fueron una genuina expresión de una parte nada despreciable de la población nacional. 

Ayer hubo cómplices, fueron largas porciones de la población las que justificaron o practicaron la indiferencia ante los brutales ataques a la vida y dignidad de las personas. Hoy Argentina renueva su tradición autoritaria con el beneplácito de una cuota electoral considerable y la aquiescencia cotidiana de sus bases.

Algunos momentos “anómalos” nos hicieron creer que Argentina era otra cosa: un pueblo decente y bienintencionado cooptado por la maldad de élites espectrales. Pero el pueblo argentino es lo que todos los pueblos, nada más y nada menos, una mezcla de mediocridad y perversión notoria, con destellos excepcionales de valor y compromiso ético y político. 

Esto explica la presente dispensación de sobradas maneras. El electorado convirtió en presidente a quien hoy conduce el ejecutivo sin miramientos y evidentes intereses de clase, y le volvió a dar la victoria, dos años después, confirmando las complicidades del pueblo argentino con los horrores de antaño y los crímenes que sus gobernantes perpetran en el presente.

A SANGRE FRÍA

Los ministros Garavano y Bullrich en conferencia de prensa
justifican el asesinato a sangre fría de Rafael Nahuel

El asesinato a sangre fría de Rafael Nahuel por parte de la gendarmería, que en un operativo policial le disparó por la espalda quitándole la vida, devuelve a la sociedad argentina al debate que suscitó la muerte de Santiago Maldonado, quien fue desaparecido de manera forzosa en un operativo policial ilegal que suscitó la repulsa y la consternación de una parte de la sociedad argentina. Su reaparición en las aguas del río Chubut, en cuyas orillas se llevó a cabo el operativo represivo en el marco del cual ocurrió su muerte, alimenta la sospecha que el cadáver del joven fue "plantado" por sus asesinos en el sitio donde fue encontrado después de casi tres meses de búsqueda.

De manera análoga al modo en el que actuaron en el caso de Maldonado, envalentonados por la impunidad que les ha obsequiado la otra parte de la sociedad argentina, la que pide mano dura y se revuelve en la mierda de sus visceras infectas de supremacismo racista, los funcionarios macristas de primera línea: Bullrich, Garavano y la propia vicepresidente de la "República", Gabriel Michetti, justifican el asesinato por un disparo en la espalda del militante mapuche, utilizando como argumento la amenaza terrorista de estos grupos que reclaman el justo cumplimiento de las promesas constitucionales, y denuncian la apropiación corporativa de los bienes comunes y la violación sistemática de sus derechos humanos básicos. Benetton es el caso emblemático, pero otras docenas de corporaciones transnacionales y millonarios locales e internacionales, poseen un porcentaje elevado del territorio nacional, y ejercen en el mismo un poder "ejecutivo" y policial que es efectivo desafío a la soberanía del pueblo argentino. En su nombre, gendarmes y jueces actúan para reprimir a los hijos de la tierra para asegurar supremacía en la zona.

La rapiña por los recursos naturales y los bienes colectivos en manos del Estado nacional por parte de quienes se encuentran detrás de este gobierno es notoria. Se fundió al país con el verso de la corrupción K, para poder saquear con mayor facilidad las arcas del Estado, a través de un complejo entramado financiero que permite que el dinero se traslade de las arcas públicas a los fondos privados en un pase de manos. La deuda argentina se eleva hoy a 250.000.000.000 de dólares. Del otro lado, la pobreza crece exponencialmente: la ecuación es sencilla, la riqueza de unos pocos se paga con la inconmensurable pobreza de los otros. No hay que ser Einstein para entender la injusticia. En todo caso, hay que estudiar en el Newman y luego en la UCA para aprender a mentir con descaro sobre lo más obvio y lo más indecente. 

Mientras el gobierno argentino se dedica a beneficiar a los más ricos entre los ricos, y lleva a la población a participar en un "juego de hambre" de todos contra todos que ha elevado la delincuencia y la justicia por mano propia a registros récord, convirtiendo una parte del territorio (aquella que habitan los pobres) en tierra de nadie (es decir, en un lugar de salvaje violencia en el que afloran la organización vecinal de seguridad, las mafias y corrupción policial), la profunda brecha social que caracteriza a las sociedades latinoamericanas se agranda a través de la ingeniería biopolítica del gobierno, que a través de la sofisticada estrategia de manipulación psico-emocional de la población que manufacturan los medios, mantiene a la opinión pública a oscuras.

La estrategia es conocida por todos. Naomi Klein la articuló periodísticamente en su Doctrina del shock hace ya diez años, y advirtió entonces que no eran necesarias catástrofes naturales ni crisis sistémicas para la implementación de un programa de ajuste brutal sobre la población y al servicio de las corporaciones. Las crisis se manufacturan para justificar nuevos y más radicales programas de concentración del capital. La catástrofe económica de la Argentina se inventó para "curarla". Llegamos al 10 de diciembre de 2015 con una pulmonía, y cuando salgamos del hospital nos habrán sacado tres cuartos de nuestros órganos, todos nuestros ahorros y nos tendrán listos para el matadero.

El gobierno actual está en contra de todos los colectivos. Los pueblos originarios, las mujeres como colectivo organizado, los trabajadores (estatales o privados) cuando pretenden autointerpretarse como sujetos sociales y políticos, los jubilados (que viven demasiado), los inmigrantes de tez oscura o de condición "laburante" (que usan "nuestros" hospitales, representan el narcotráfico y violan a "nuestras jóvenes"). Su base electoral son individuos atomizados, cuyo entrenamiento cotidiano es el consumo de odio y desprecio que proveen los medios (ahora sí monopólicos y monotemáticos) que han logrado convertirse en la única voz cantante a través de un concertado ejercicio de persecución ideológica y violación de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de información. 

Los derechos humanos se desprecian y la clase media se acomoda a esta nueva dispensación: una vuelta de tuerca que ha devuelto a Argentina y al resto de América Latina al mundo: el de Donald Trump, del Breixit, del impiadoso neoliberalismo europeo, de la Guerra contra el Terror, el Fondo Monetario Internacional. Un mundo donde los pueblos y los individuos no cuentan, donde la dignidad de los seres humanos se vende en la bolsa de valores, y hoy cotiza a la baja, mientras las minas de litio, el agua potable, los territorios fértiles, el petróleo, el gas, las minas de cobalto, son las joyas que codician los poderes del mundo.

Argentina es hoy una presa. Y los argentinos, por voluntad propia, la moneda de cambio. El asesinato a sangre fría de Rafael Nahuel es una escena más de esta guerra contra las personas. Bullrich, Garavano y Michetti, quienes dirigen los escuadrones de la muerte.