UN VIEJO CHISTE JUDÍO. LA ESCOLA Y EL PALAU

La escola y el palau

Mientras ERC abandona intempestivamente una reunión del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19 por supuestas filtraciones llevadas a cabo por JxC en su afán de sacar rédito electoral de cada decisión política que se toma o no se toma (incluso si esas decisiones tienen el objetivo de abordar cuestiones relativas a la pandemia, que a fecha de hoy está causando estragos y promete una carnicería para el invierno) la Escola continúa avasallándonos, con el objetivo de desligarse de sus responsabilidades y convertir nuestro caso en un problema «social», y a nosotros mismos en una familia «problemática socialmente». 

Triste realidad: tantos años de postureo identitario y luchas por el reconocimiento, tanta alharaca superficial realizando absurdos eventos simbólicos para defender el derecho de cada cual a ser lo que es, todo tirado a la basura ante la primera crisis significativa.

El chiste judío

Ayer, la directora de la Escola nos citó para el día 26 de noviembre a las 9.30 h. a una reunión en la que estamos llamados a participar, siempre con el objetivo retórico de ayudarnos, la responsable del EAP, la misma responsable del centro, una persona de servicios sociales, y nosotros. 

 

La reunión se convocó sin consulta previa. Es decir, se estableció la fecha y la hora sin preguntarnos acerca de nuestra disponibilidad, como si se tratara de una citación de la policía judicial.

 

Casualmente, esa era la fecha que habíamos elegido para esparcir los restos de mi madre traídos desde Buenos Aires en el cementerio del Montjuic. Le expliqué, sin darle detalles de mis motivos personales, que debía reprogramar la fecha y hora del encuentro (nunca consultada con nosotros), debido a nuestra falta de disponibilidad. Me respondió que la reunión era inamovible, y literalmente, señaló que si no estábamos presentes era problema nuestro. 

 

Volví a escribirle diciéndole que por favor propusiera otra fecha y hora, pero volvió a decirme que la fecha era inamovible de cualquier modo, que se realizaría incluso sin nuestra presencia, dando claras muestras de que el objetivo último es cumplir con las fases administrativas que permitirán, en un futuro próximo, penalizarnos.

 

Ante su empecinamiento, tuve que justificarme explicando que teníamos agendada esa fecha para esparcir los restos de mi madre. Al día siguiente (hoy), me escribió que lamentaba que coincidieran las fechas, pero que, de todos modos, la reunión se produciría sin nuestra presencia, «porque nosotras solo queremos ayudar». 

Cortocircuito: la Catalunya real

 

Alguien puede preguntar entonces: ¿qué tiene que ver que ERC y JxC no sepan como tomar decisiones razonables sobre la crisis sanitaria sin echarse los platos encima, con el hecho de que la directora de la Escola y algunos de los docentes que la acompañan sean unos incompetentes, y hayan asumido una actitud autoritaria y represiva?  

 

Supongo que tenemos que enfrentarnos al tema como hacen los lacanianos, produciendo una suerte de cortocircuito que nos permita vislumbrar las conexiones a primera vista invisibles entre fenómenos   cotidianos.

 

Evidentemente, ni Pere Aragonès, ni Meritxell Budó, ni Miquel Sàmper, ni Alba Vergès, ni Josep Bargalló, ni Damià Calvet saben de «nosotros»: una familia periférica de la sociedad catalana que se niega a cumplir con su normalització administrativa y cultural, resistiéndose al afán de convertirse en parte de ese engranaje geométrico al que aspiran en Catalunya quienes invocan la «libertad jurisdiccional», traicionando con ello, día tras día, el republicanismo que proclaman en la microfísica institucional que les toca gobernar. 

 

Jesús de Nazareth enseñó que es en la periferia, fuera de los despachos y los cafés donde se juntan los intelectuales de moda, o los periodistas del establishment, lejos del batiburrillo cultureta de quienes administran el buen pensar que los privilegiados fomentan, donde encontraremos la verdad del mundo en el que vivimos. No será en el Palau donde encontraremos las respuestas que buscamos si queremos entender cómo funciona la Catalunya real, sino en la Escola.

 

Y eso es así porque la Escola y el Palau están imbricados en una red  de hilos invisibles en el territorio, de vasos comunicantes que dan vida a esa inmensa red burocrática que es la porción autonómica catalana del Estado español. 

En estos momentos, ERC y JxC están abocados a un enfrentamiento electoral que decidirá, finalmente, quien conducirá ese enorme y apetecido aparato administrativo, con sus prebendas y privilegios, en las próximas décadas, quién asumirá el liderazgo, quién repartirá los cargos, quién será el «Señor de la tierra» y gozará con las prerrogativas extraeconómicas que le permitirá habitar con más comodidad, como árbitro o policía, nuestra explosiva sociedad de mercado. 

La directora de la Escola es una funcionaria de ese enorme aparato burocrático, una parte de ese complejo entramado administrativo que rige nuestras vidas con mano de hierro. En consonancia con lo dispuesto en otros despachos, actuará taxativamente contra los padres rebeldes, y en virtud de su obediencia debida, les hará pagar con su sangre la arrogancia de pretender ejercer un «derecho a decidir» que nadie les ha reconocido. 

Entonces, quién tiene derecho a decidir...

Cuenta Slavoj Zizek un viejo chiste judío que, según el pensador esloveno, era uno de los favoritos de Jacques Derrida, en el que un grupo de judíos que está en una sinagoga admite públicamente su nulidad a los ojos de Dios. 

Primero, un rabino se pone en pie y dice: «¡Dios mío, sé que no valgo nada! ¡No soy nada!» Cuando ha terminado, un rico hombre de negocios se pone en pie y dice, dándose golpes en el pecho: «¡Dios mío, yo tampoco valgo nada, siempre obsesionado con la riqueza material! ¡No soy nada!» Tras este espectáculo, un judío pobre, común, corriente, se pone en pie y proclama: «¡Dios mio, no soy nada!» El rico hombre de negocios le da una patadita al rabino y le susurra al oído con desdén: «¡Mira qué insolencia! ¿Quién es este tipo que se atreve a afirmar que él tampoco es nada?»

Algo semejante pasa con el derecho a decidir. Imagino que son varios los que se dan pataditas por debajo de la mesa y se susurran al oído con desdén: «¡Mira qué insolencia! ¿Quiénes son estos tipos que se atreven a afirmar que ellos también tiene "derecho a decidir"?»

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Y parirás con dolor la sociedad del futuro…

Han pasado nueve meses desde que, en marzo, se desató la pandemia en Europa. Dos metáforas podrían utilizarse para analizar lo ocurrido. Podemos pensar en la pandemia como un emblema de la agonía y la muerte de un orden social, pero también podemos hablar en términos del nacimiento de un mundo nuevo. Combinadas, estas dos metáforas nos ofrecen un emblema para pensar lo que nos está pasando. 

 

Si pensamos en la metáfora de la muerte, estos nueve meses (y los que sigan) podrían analizarse teniendo en cuenta el esquema de Elizabeth Kübler-Ross sobre los estadios de la agonía: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. La pugna social es, en buena medida, entre individuos y grupos sociales que se encuentran en diferentes fases de su proceso de aceptación de que hay algo que está definitivamente acabado. 

 

Eso que está terminado definitivamente no es otra cosa que la «normalidad» a la que nos aferramos con uñas y dientes esperando que el espectro que alimenta nuestra nostalgia pueda volver a materializarse. 

 

En cambio, si utilizamos la metáfora del nacimiento, debemos recordar que, pese a ser nosotros los causantes del mundo que se asoma, no están en nuestras manos los efectos que se produzcan. No somos los dueños del futuro, aunque seamos los progenitores del mundo que se avecina. 

 

Al comienzo pensamos que la pandemia traía consigo, no solo peligros, sino también oportunidades para que vieran la luz sociedades más justas, libres, igualitarias, fraternas. Pero a medida que avanzaban los días fuimos cayendo en la cuenta que no estábamos a la altura de nuestras pretensiones. El limitado descanso que nos ofreció la pandemia al final de la primera ola no sirvió para prepararnos frente a la carnicería que se avecinaba y de la que todos estábamos debidamente informados. Salimos a la calle hambrientos de normalidad, dejando en manos de los políticos, los burócratas locales y globales, los popes del mundo corporativo y las fuerzas del orden el diseño de la batalla que se avecinaba. 

 

Llegamos a septiembre con los deberes mal hechos. Ni la salud, ni la educación recibieron la atención que todos esperábamos. Pese a las muertes de ancianos y el desbarajuste en la vida de los niños y jóvenes, se decidió lo más fácil. Para los mayores, cuenta la ley de la aleatoriedad que convierte la muerte de cada uno de ellos en un caso individual, hurtando u ocultando la responsabilidad criminal, cuasi genocida del Estado. Para los pequeños y los jóvenes, la ley marcial, como ha sido siempre en nuestra historia de guerras intra-continentales y coloniales. 

 

Se asoma el nuevo mundo. No es lo que esperábamos ingenuamente. Vivimos tiempos de oscuridad que amenazan con volverse más oscuros a medida que avancemos hacia el futuro. 

 

El Estado es el Estado 

 

La pandemia ha traído otras sorpresas interesantes. Algunos han descubierto, de cop i volta, que el Estado es el Estado, no importa la bandera que cuelgue de los mástiles de sus ayuntamientos. Aquí, en Catalunya, lo que ha sido siempre una evidencia para quienes quieren ver, se ha vuelto transparente incluso para los ciegos que ahora pueden sentirlo cuando atenazan sus cuellos hasta asfixiarlos. 

 

Hay que remontarse a Baruch Spinoza para entender lo que el independentismo del carrer parece no haber entendido: que la libertad que exigen los propietarios de las jurisdicciones en pugna no se traducirá jamás en una genuina república de iguales. 

 

En una sociedad mercantil como la de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que en mucho se asemeja en su ethos a la Catalunya contemporánea, Spinoza recordaba a sus ciudadanos que su pacto de independencia suponía el abandono de todos sus derechos previos, entre los cuales estaba el disenso ante el poder supremo. Enemigo es ahora el que vive fuera del estado, a quien no se le reconoce soberanía, ni confederación, ni estatuto siquiera de súbdito. El eco de estas palabras de Spinoza, resuenan en el presente: 

 

«Síguese de ello que, si no queremos ser enemigos del Estado y obrar contra la razón que nos conduce a defenderle con todas nuestras fuerzas, estamos obligados absolutamente a efectuar todos los mandatos del poder soberano, aún aquellos más absurdos». 

La educación pública no es un «sacrosanto» orgullo, es, en primer lugar, la educación del Estado

 

Cada sociedad alimenta su propia mitología. En Catalunya, el mito de la educación pública tiene un lugar destacado. El problema de los mitos es que convierten en fetiche sacrosanto e impune lo que debería ser objeto continuo de crítica y construcción comunitaria. 

 

La educación pública es un servicio que ofrece el Estado. Esta administrada por el Estado, y está gestionada por funcionarios del Estado. 

 

Lo que en la educación pública se enseña es cómo funcionar dentro de dicho Estado o lo que el Estado considera parte de su totalidad social. Sus trabajadores concursantes han accedido a sus puestos debido a los méritos de haber asumido la normativa estatal y haber demostrado su capacidad de adaptación en un escenario geométrico al que han rendido sus esfuerzos y obsecuencias. En su propio seno, la jerarquización laboral, con su escala de garantías y privilegios, se ha convertido en una ventana indiscreta de la desigualdad que defiende y promueve en su ejercicio vicario del poder real. 

 

La educación pública puede ser un orgullo, pero en las presentes circunstancias no es otra cosa que un aparato más del Estado neoliberal que nos gobierna, que se caracteriza por ofrecernos con la mano derecha, lo que nos quita con la izquierda.  

 

Funcionariado: policía burocrática 

 

En este contexto, el funcionariado cumple un rol de gestión de la totalidad social, pero también un rol represivo ante la amenaza de la exterioridad cuando esta no puede acomodarse a su orden geométrico. 

 

El maestro, el médico, el catedrático, son como el juez y el policía, custodios del orden vigente instituido con la forma del Estado moderno o contemporáneo. Cuando el orden se encuentra en cuestión, cuando su legitimidad se pone en entredicho, cuando el mapa ya no concuerda con el territorio, cuando el orden de las palabras ha dejado de expresar la realidad de las cosas, cuando se asoma, aunque sea tímidamente, el tiempo de la revolución, el maestro, el médico y el catedrático dejan de ser gestores para convertirse en parte del aparato represivo del Estado, porque son parte del Estado, sirven al Estado, y han sido educados para hacer que ese Estado perpetúe su poder. 

 

El silencio de los corderos

 

El problema, como siempre, es que a las revoluciones en raras ocasiones las bautizan los de abajo. El capital ha sido más revolucionario que el proletariado. El capital financiero y monopólico es quien hoy porta la bandera de la revolución, fascinada con su propio despliegue de poder biotecnológico, acumulación y capacidad de control social. 

 

Mientras los poderosos diseñan nuestra «salvación», nosotros asistimos a nuestro propio funeral, sorprendidos ante el cadáver que fue nuestro cuerpo en vida. El cadáver son las instituciones públicas que supimos defender que hoy, primero con sigilo, pero luego con franca impudicia, han comenzado a ejercer sin miramiento su función eugenésica y represiva en todas sus instancias. 

 

Cuando el funcionario público se enfundan el sayo de la ley injusta y del orden de los privilegios, el escenario se ha vuelto transparente: el rey está desnudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA CONTRA UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA

Me dirijo a usted con mi mayor consideración. Mi nombre es JMC. Soy argentino, residente en Barcelona, padre de X, Y y Z, los tres de nacionalidad italiana y argentina, aunque nacidos en Barcelona en 2006, 2008 y 2010 respectivamente. 

 

Le escribo con el propósito de iniciar un trámite de denuncia contra la dirección de la Escuela X, en el barrio de Gracia de Barcelona y, puntualmente, contra el docente J.M, y otros profesionales de soporte que han participado en la incidencia que explicaré a continuación. 

 

El 14 de septiembre de 2020, envié la carta que adjunto, en la que expliqué con detalle nuestra situación familiar y solicité a la dirección de la escuela que me proveyera de información sobre la existencia de cualquier protocolo alternativo a la asistencia presencial de los niños, ante la falta de garantías sanitarias suficientes ofrecidas por parte del Estado – insuficiencias que, en los meses siguientes, pese al esfuerzo de la maquinaria mediática por demostrar lo contrario, se ha puesto de manifiesto.  

 

Durante un mes, entre la fecha en la cual el mensaje fue enviado y el 14 de octubre, en el que obtuve una primera respuesta telefónica por parte de la Escuela, mantuve comunicaciones con diferentes profesionales, y propuse, por sugerencia de los especialistas y en diálogo con ellos, un protocolo de trabajo para nuestro hijo mayor que asiste al Instituto.

 

Mientras el Instituto encontró una respuesta adecuada para nuestra situación familiar, la Escuela optó por ignorarla enteramente. Pese a nuestros esfuerzos denodados por obtener mecanismos de seguimiento que permitieran a los niños avanzar en sus estudios y sentirse acompañados por la comunidad escolar en un período de emergencia y alarma social como el que vivimos, que exige, además de «circulares», prudencia, racionalidad práctica, capacidad para valorar de manera concreta y sensible las circunstancias particulares de los ciudadanos en cada uno de los ámbitos de competencia en los cuales los profesionales se desempeñan, lo que nos encontramos fue un sistemático programa de «desprecio moral», de violencia simbólica y «represión solapada». 

 

Para empezar, la Escuela se negó a entregar el material didáctico a mis hijos. Para ello, la primera estrategia, cuando después de un mes aún no habíamos recibido respuesta a nuestra solicitud, y la fecha de entrega se dilataba con excusas incomprensibles, fue afirmar que el material didáctico, los códigos de acceso al aula virtual, etc., no se habían repartido.

 

Unos días después, a través de otros padres, supimos que la dirección había mentido, y que el material didáctico se había distribuido durante la primera semana. Las niñas y niños estaban trabajando con ellos en casa desde el comienzo. 

 

La siguiente estrategia fue recurrir a la AFA (asociación de familias). La responsable nos informó que no podíamos recibir los manuales de textos porque no habíamos pagado la cuota correspondiente. Una estratagema que pronto se vio desmentida por los hechos. 

 

Ante mi queja telefónica, la persona a cargo me confesó que la decisión de escatimar el material y bloquearles el acceso a los niños había sido del inspector, quien había informado a la Escuela, después de haber leído la carta y haberse interiorizado con mi petición que, aunque había que tratar el asunto con discreción y «sensibilidad», las autoridades recomendaban evitar a toda costa que los niños tuvieran una opción alternativa, para forzarlos a asistir de manera presencial. 

 

De modo que la estrategia de las autoridades frente a nuestra demanda fue coaccionarnos, privándoles a los pequeños de sus derechos, con el fin de forzar el cumplimiento de una normativa que, pese a su legalidad, resulta claramente arbitraria en las presentes circunstancias, y contradictoria con otras normativas de prohibición vigentes.

Lo que demandamos es el derecho a decidir en vista a lo que consideramos más adecuado frente la situación sanitaria, emocional y convivencial que vivimos. Una situación que está exigiendo, paradójicamente, por un lado, toques de queda, perímetros de confinamiento, confinamientos forzosos, clausura de actividades, reducción en los aforos, etc., y por el otro, la obligatoriedad de la escolarización presencial, acompañada de amenazas penales o simple desprecio ante las alternativas educativas centradas en el cuidado de algunos miembros de la comunidad escolar que no comulgan con la estrategia actual. 

 

Esta premeditación de las autoridades escolares para torcer nuestra voluntad, en un contexto como el que vivimos, utilizando los propios derechos de los niños como moneda de cambio, resulta en una forma de «tortura moral», injustificable desde todo punto de vista.

 

No expondré las circunstancias personales que justificarían mi decisión ante las autoridades porque no creo que se necesiten circunstancias excepcionales para que las familias, en una situación de alarma declarada y con las prohibiciones vigentes, ejerzan su «derecho a decidir» la modalidad educativa que consideran más apropiada.

Las razones que esgrime la administración para negarnos ese derecho se explican con la normativa en la mano, pero de espaldas a las circunstancias concretas del caso. Circunstancias que exigen inteligencia y sensibilidad prudencial. Como es habitual, las estrategias que tienen a la mano son las mentiras, los subterfugios, los abusos de autoridad, las trampas administrativas, la dejadez democrática. Pese a la tragedia que vivimos, da la impresión que, para este funcionariado lo único que cuenta son las obsecuencias a circulares abstractas, inspecciones desalmadas, y normativas sacralizadas.  

 

De modo que, efectivamente, mis hijos no recibieron por parte de la Escuela ningún apoyo educativo entre el 14 de septiembre y 14 de noviembre de 2020. Se les negó de manera terminante el acceso al material didáctico, se bloqueó su ingreso a la plataforma virtual, se les escatimaron las respuestas a sus preguntas vía internet. En síntesis, se les hizo «desaparecer», como hacen los regímenes totalitarios con los individuos que no encajan en sus pretensiones geométricas.  

 

Durante el último mes, entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre, nuestros intentos por establecer una relación más estrecha entre nuestros hijos y sus docentes se vio abocada una y otra vez al fracaso. Nos encontramos con un muro de hierro, una muralla de obstinación y obsecuencia. Como la responsable de la escuela reconoció en alguna de las comunicaciones telefónicas que mantuvimos, «no podemos hacer nada», la normativa es terminante, los niños tienen que asistir al aula, y si no asisten, se les debe negar toda asistencia virtual para obligarlos a regresar a ellas, no importa la situación sanitaria en la que se encuentre el país o el centro mismo. 

 

En estas semanas se han multiplicado los contagios, se han declarado en varias ocasiones confinamientos puntuales en el centro. Se han cometido errores groseros que demuestran el desorden reinante y la arbitrariedad entre las consejerías, pero ni siquiera en los momentos de confinamiento hemos logrado que el centro preste atención a nuestros hijos. 

 

Hoy, el profesor J.M. no solo se negó durante el encuentro virtual que mantuvo con la clase confinada a entregarle los códigos de acceso a uno de mis hijos, sino que, abiertamente y con el objetivo de avergonzarlo y criminalizarlo, con total desprecio moral por su persona de 12 años, le dijo que no le correspondía tenerlos y que, si los quería, debía volver al aula presencial. Además, se negó a atender todas sus solicitudes de consulta, mientras le daba al resto de los niños ocasión para expresarse libremente. Un comportamiento de este tipo es injustificable, y está en consonancia con la estrategia general implementada «en nuestra contra». 

 

El Estado, a través de sus agentes, nos ha acusado, estigmatizándonos como «padres absentistas», de violar los derechos fundamentales del niño en lo que respecta a la educación. Nosotros, en cambio, hemos propuesto un plan alternativo y circunstancial para el tiempo que dure el peligro evidente de la pandemia, a la que nadie puede exigirnos exponernos sin violentarnos, un protocolo de trabajo del todo razonable que la escuela se ha «abstenido» siquiera a considerar, exponiendo a nuestros hijos a un abandono evidente, vejatorio y claramente violatorio de los derechos del niño. Como expliqué en su momento en la carta enviada el 14 de septiembre, y como volví a hacer en las cartas posteriores enviadas al Instituto contamos con los recursos y el tiempo para implementar dicho protocolo en casa. 

 

Las razones de mi solicitud conciernen (1) a mi desconfianza justificada ante la falta de respuesta coherente y garantizada ante la pandemia demostrada por la administración, y la evidencia de descoordinación en los centros mismos y entre las estructuras de Estado abocadas a responder conjuntamente a la pandemia; (2) la situación de vulnerabilidad objetiva y subjetiva en la que nos encontramos; y (3) la convicción de que podemos, de manera excepcional, acompañar el proceso educativo de los niños si la administración se digna a considerar al menos un protocolo alternativo para nuestro caso.

 

No está de más recordarle que en el Estado español han muerto ya 63.000 personas, cientos de miles padecen los efectos colaterales provocados por el virus, y millones deben enfrentar sus pérdidas emocionales, frustraciones y angustias. La obstinación de las autoridades educativas echa por tierra cualquier consideración virtuosa que pueda justificar el comportamiento de sus agentes públicos. 

 

Por todas estas razones, si el «derecho a decidir» es considerado razonable en épocas de «relativa» normalidad, incluso hasta el punto de poder invocarse contra las normas constitucionales, más razonable aún es invocarlo en un momento de excepcionalidad como el que vivimos, cuando a las normas que nos oponemos tienen visos de arbitrariedad evidente: se cierran bares, restaurantes, vivimos toques de queda, perímetros confinados, control poblacional, pero a nuestros hijos se les exige, con carácter de obligatoriedad irrevocable, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y en contra de nuestra voluntad y consideración, que asistan a la escuela. 

 

En cambio, no es de recibo que el Estado, a través de su administración, de manera sistemática y premeditada, se niegue a atender a las necesidades básicas de los menores, hurtándoles el derecho a la educación, en cualesquiera sean las circunstancias que esta se demande, incumpliendo de ese modo la obligación de atenerse a la legislación internacional de derechos humanos, que en primer lugar y primordialmente concierne al comportamiento de los Estados en relación a sus ciudadanos y sus poblaciones en general, siempre teniendo en cuenta, como todo lo que ocurre bajo la órbita del derecho, no solo la validez de la ley, sino su razonabilidad en tiempo y circunstancia. 

 

Exigimos que la Escuela cumpla con su deber, que el profesor J.M.  sea advertido de lo intolerable de su comportamiento respecto al menor, que los inspectores sean a su vez monitorizados y se les exija un cumplimiento estricto de la deontología que debería regir los comportamientos de todos los servidores públicos, y a la Conselleria d’Educació, para que haga efectivo, de manera inmediata, protocolos alternativos para aquellos padres que no se sientan satisfechos con las medidas de seguridad sanitaria y el bienestar emocional de los niños y sus familias durante todo el tiempo que dure la amenaza de la pandemia. 

Sin más, le ruego tenga a bien realizar los trámites adecuados para llevar a buen puerto nuestra denuncia y petición, sin que ello suponga nuevas amenazas para nosotros, resulte en un nuevo período de acoso emocional, o se traduzca en represalias administrativas por parte del Estado o alguno de sus agentes. 

 

LOCKE EN EL CONURBANO

Familias

En las últimas semanas, en Argentina, la agenda mediática ha estado ocupada por tres cuestiones que merecen una reflexión sosegada. La primera cuestión está asociada a tres escándalos familiares, con implicaciones delictivas y consecuencias políticas, vinculadas a tres familias paradigmáticas de la oligarquía local, y asociadas respectivamente (1) al negocio de los medios de comunicación; (2) a la llamada «patria» contratista, reconvertida por sus herederos en un floreciente negocio basado, simultáneamente, en la acumulación por desposesión (gracias a los privilegios que supusieron, primero, la conquista de la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, y luego la misma Casa Rosada), y el negocio financiero; y (3) al negocio agroexportador, asociado históricamente a la apropiación ilegítima de la tierra, la desposesión concertada, la explotación de la población local hasta el punto del empleo cuasi esclavo de su personal, con connivencias evidentes con el Estado nacional y los Estados provinciales. Me refiero a los escándalos hereditarios de las familias Mitre, Macri y Etchehevere.

Los conflictos intrafamiliares de los tres clanes develan un entramado delictivo que expone a los involucrados a la mirada pública, no por lo que estos tengan que ofrecer a la prensa «chimentera», sino por (1) las consecuencias penales, con derivaciones políticas, que las causas sucesorias puedan tener; (2) lo que pueden aportar a otras causas penales directamente relacionadas con el manejo de la cosa pública; y (3) lo que ofrecen como ilustraciones de ese «tipo ideal» al que pertenecen los ricos en Argentina.

La propiedad es privada

Mientras en los platós de televisión se debatían estos temas, y los editorialistas y opinólogos repartían con prodigalidad su sapiencia interesada, en la provincia de Buenos Aires se preparaba el desalojo de tierras, tomadas por familias pobres, en Guernica. El operativo se presentó como una demostración circense del poder policial. El jefe del operativo, devoto de las cámaras, aprovechó la ocasión para seguir forjando su carrera política. De manera teatral se definió como un defensor de la propiedad y de la vida, definiendo de esta manera su «patriótica» lealtad ideológica a la derecha local, pese a estar conducido por un gobernador de formación marxista. De este modo, la toma y el desalojo sirvieron para exponer la ideología de clase que informa a las fuerzas del orden, al ondear la bandera de la propiedad privada y su defensa sobre sus carros de combate.

Mientras esto ocurría en el conurbano, en Entre Ríos, Dolores Etchevehere, la heredera estafada por tres machos alfas que se dicen sus hermanos y una madre desalmada, era escoltada a un calabozo por desacato, en un desalojo paralelo en el que, de todas maneras, se respetaron los gestos y las formas que corresponden a la clase de la desacatada. El aplauso inmisericorde de quienes detrás de la tranquera festejaban el fin de la estrategia de Juan Grabois en la «estancia usurpada», enmudeció con la derrota a quienes se habían aliado con los rebeldes, y puso en evidencia quién manda en la provincia de Urquiza. Durante días, los conductores de tractores y pickups, junto a sus familias, disfrazados de chacareros y ondeando banderas argentinas, azuzaron a los agentes policiales pidiendo mano dura, y exigieron un juez acorde a las circunstancias, «independiente», para garantizar una medida arbitraria a gusto y provecho de la necesidad política del momento.

Arrugue preventivo

Como nota llamativa, algunos referentes peronistas han querido tomar distancia del escándalo entrerriano reduciéndolo a una cuestión familiar sin relevancia política. En coro afirmaron que el asunto debe dirimirse en los tribunales. 

Es cierto. Pero también es cierto que la familia Etchevehere es sospechosa de innumerables delitos y estafas contra el Estado, que los involucrados están denunciados por delitos flagrantes contra la dignidad de las personas, violencias variadas contra quienes se le oponían en su feudo, y relaciones ambiguas con el poder político y mafioso que tiene cautiva a la provincia. 

También es digno de mención que el principal denunciado haya sido Ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, que haya llegado allí después de presidir la Sociedad Rural, y que, ya en su día, recibiera atención mediática por el escandaloso acuerdo que firmó con esta última, aparentemente, para intercambiar favores públicos por un sueldo generoso en la institución, al que tuvo que renunciar debido a la denuncia y el consabido «conflicto de intereses». Es de suponer que estos referentes peronistas han querido poner paños fríos a la fiebre campestre. Una decisión contraria podría haberse convertido en revuelta nacional. Por ese motivo, han preferido tirar la pelota «fuera del campo». 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el capitalismo no es solo una teoría económica, sino un sistema de relaciones sociales que produce consecuencias en todas las esferas de la vida social. En este caso, los abusos familiares esgrimidos por la denunciante no pueden separarse de las lógicas de poder que informan al clan en su relación co el Estado. Tampoco pueden deslindarse u ordenarse en compartimentos estancos los delitos contra lo público, la apropiación ilícita de tierras, la explotación cuasi esclavista practicada en sus haciendas, del uso mafioso de las instituciones por parte de los denunciados. Finalmente, no pueden obviarse las estrechas conexiones entre los abusos intrafamiliares, la perversión de lo público y la lógica de explotación antiecológica, contaminante y cortoplacista en la que se basa la riqueza de la familia. 

De este modo, el caso merece una consideración más amplia. No puede cajonearse en la esfera pública la discusión de lo sucedido aduciendo, livianamente, que se trata de una causa de ámbito meramente privado. Muy por el contrario, se trata de un escenario de conflicto que ilustra de qué modo el capitalismo no es solo una teoría política, o un mero sistema de producción, distribución y realización del capital, sino una forma institucional y una forma de vida que afecta de igual modo, en cada fase de su desarrollo histórico, las esferas de la reproducción social, la política y el medioambiente.

El oráculo

En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y denunció lo que todos sabemos, que la furia anticristinista que en los últimos meses vociferó con estridente histerismo en las plazas de la república la defensa de una patria «burguesa» y «antiplebeya», no tiene una causa exclusiva contra la expresidente, sino que anhela lo que define a todo buen oligarca en la Argentina, una militancia antiperonista, sea que esta se manifieste como abierta confrontación, o como troyana apropiación del legado peronista, como ocurrió con el menemismo ucedeísta, o como pretendió el «macrismo dialógico» de los Monzó, los Frigerio y compañía. En cualquiera de los casos, se trata de hacer desaparecer, desmembrar o desvirtuar un movimiento definido, en palabras franciscanas, por su opción preferencial hacia los pobres, para convertirlo en un instrumento ideológico y territorial al servicio de la acumulación de capital a través de la desposesión concertada.

Cristina llamó a un acuerdo nacional y ofreció su veredicto: el problema central de la Argentina, cuya economía dependiente la conduce de manera cíclica a crisis terminales, gira en torno a su economía bi-monetaria. En ese marco, los economistas del establishment, en nombre de los capitostes a quienes el macrismo le regaló pingües beneficios durante su mandato caracterizado por el endeudamiento y la fuga, exigen una nueva devaluación, con el propósito de emprender una nueva fase de acumulación por desposesión: el deporte que mejor practican las oligarquías «republicanas» que tanto detestan a la democracia y a su pueblo.

Como señala el periodista Horacio Verbitsky en su editorial de hoy en el portal que dirige, «Cohete a la luna», titulado «Hablar con propiedad», la carta de Cristina, como suele ocurrir con todas sus intervenciones, señala con incisiva claridad lo que está en disputa en el país en estos momentos: (1) la embestida antiperonista (que en estos meses ha intentado marcarle la agenda al presidente intentando manufacturar su Lenin Moreno local); (2) la necesidad de lograr un acuerdo nacional para enfrentar el doble descalabro, causado, primero y ante todo, por el saqueo de Macri y sus secuaces, el club de ejecutivos y empresarios que, o bien ocuparon carteras en su gabinete, o manejaron los hilos de la administración para lograr sus provechos, y la pandemia, con sus muertos, infectados y confinados; todo ello sobre la base de (3) un diagnóstico a través del cual se intenta poner freno a las expectativas de los más ricos, al anunciar que los malabarismos devaluatorios que anhelan no pueden ser la moneda de cambio de dicho acuerdo, porque un gobierno genuinamente peronista debe ser leal, en grado superlativo, a su opción preferencial por los trabajadores y las clases excluidas, y una devaluación, en este contexto, es, ni más ni menos, que una traición a esa lealtad preferencial.