(DES)OBEDIENCIAS. Dialéctica de la libertad, la igualdad y la fraternidad

 Introducción 

 

No podemos hablar de la desobediencia sin hablar de la obediencia. No solo porque lo que distingue a los dos términos es un prefijo de negación en uno de ellos que hace evidente su intrínseca relación, sino porque, por eso mismo, ni la obediencia, ni la desobediencia son nociones absolutas. Obedecer significa, negativamente, desobedecer otras demandas que reclaman autoridad sobre nosotros. De la misma manera, que desobedecer implica rendir nuestra obediencia a otras banderas o principios que pugnan o reclaman igual o superior autoridad sobre nosotros. 

 

Ahora bien, para explicar mi perspectiva sobre este asunto, debo comenzar contextualizándola. De otro modo, mi reflexión será necesariamente superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que, de lo contrario, mi propia reflexión no será otra cosa que una rendición obediente (aunque inarticulada) a ciertas autoridades epistemológicas y normativas que hemos fetichizado, naturalizado. 

 

Lo que quiero decir es que este «desvío» es obligatorio. Si no lo hacemos, no hay mucho que agregar excepto volver sobre los típicos lugares comunes que escuchamos diariamente sobre el tema, que al fin y al cabo se reducen a tratar la cuestión en términos «cuantitativos» o «moralistas»: «A igual derecho – diría Marx – la fuerza (el poder) prevalece». En este marco, desobediencia es la acción del agente que no tiene el poder. Lo cual nos deja desnudos ante la denuncia nietzscheana. El problema gira en torno a la voluntad de poder. El desobediente es aquel que, circunstancialmente, for the time being, no empuña el cetro del poder. En breve, el asunto se reduce a la cantidad de tanques o votos que respaldan a la voluntad del agente. 

 

Por ese motivo, para evitar la perspectiva superficial, me permito articular algunos temas preliminares que considero indispensables para fijar mi posición. 

 

Sobre la comunidad futura

 

Lo primero es explicitar mi motivación de fondo. Quiero ser claro, incluso si lo que digo a continuación pueda sonar banal. Como vivimos en una época en la que, cuando no pecamos de moralismo y fatalismo (indignación y pesimismo), nos inclinamos de manera recurrente a un esteticismo vacío y autocentrado, debemos ser precavidos. Por ello, comencemos preguntándonos: ¿a qué viene esta discusión sobre la obediencia y la desobediencia en estos momentos? Si acepto el desafío de pensar sobre esta cuestión es porque creo que tiene una estrecha relación con tres interrogantes que ocupan recurrentemente mi preocupación.

 

Igualdad

 

¿Cómo avanzar hacia una comunidad planetaria que garantice las condiciones materiales, intelectuales y espirituales para la realización de los individuos humanos y no humanos que la conforman? 

 

Es decir: ¿Qué perspectivas, actitudes y acciones que cultivamos en el presente pueden conducir, en el futuro, a ese tipo de comunidad y, por tanto, debemos esforzarnos en promoverlas e implementarlas? ¿Qué perspectivas, actitudes y acciones nos alejan o ponen en entredicho la viabilidad de una comunidad de este tipo, y por ello, debemos evitarlas?

 

A la hora de pensar una comunidad futura inspirada en el principio de igual dignidad para todas y todos, un elemento clave que hemos de tener en cuenta es la finitud. En primer lugar, la finitud del propio orden social (incluso si lográramos realizar una sociedad de ese tipo en algún momento de la historia, nada nos garantiza que las generaciones siguientes no se rebelarán contra dicho orden y lo trastocarán enteramente convirtiéndolo en un orden de desigualdad e injusticia). En segundo lugar, la finitud de cada uno de sus miembros, su vulnerabilidad y contingencia intrínseca. La finitud pone en evidencia el carácter transitorio de toda experiencia colectiva y, por tanto, su irreductibilidad a la historia como totalidad, y la irreductibilidad de los individuos al todo social. 

 

Libertad

 

La finitud, en ambos casos, nos invita entonces a reflexionar sobre el principio de la libertad. Pero, ¿qué es la libertad? Negativamente, se reduce a no ser coaccionado a hacer lo que uno no desea, o ser impedido a hacer lo que uno desea. Sin embargo, el deseo no ocurre en el vacío, sino que forma parte de una red de pulsiones: otros deseos, aversiones, anhelos, expectativas, temores, etc. El deseo y la aversión, se manifiestan en un horizonte u orden de sentido en el cual pugnan por su autoridad diferentes objetos de deseo y aversión no siempre visibles para el agente. 

 

Por ese motivo, si no queremos que nuestra visión de la libertad sea superficial, debemos introducir su dimensión positiva: no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de hacer lo que uno «verdaderamente» quiere. La finitud exige el ejercicio de la libertad. 

 

Ahora bien, ¿qué puede querer decir «verdaderamente» en la frase anterior? Aquí lo verdadero está relacionado con lo auténtico, con lo genuino, en contraposición a lo inauténtico y falsificado. 

 

Esto conlleva reconocer una escisión en el agente, quien debe descubrir qué es lo que verdaderamente quiere, más allá de la pulsión inmediata que se manifiesta en la dimensión de la libertad negativa, y decidir como responde a ese deseo privilegiado por la verdad. Lo cual, a su vez, exige que el agente decida qué hacer con los deseos sacrificados, como responder a la frustración que ese sacrificio supone, etc. Todo esto pone en evidencia el carácter contradictorio del propio estatuto del sujeto, y con ello, la ambigüedad de la obediencia y la desobediencia misma, como veremos. 

 

Más allá de la libertad y la igualdad

 

La tensión entre igualdad y libertad es inherente a nuestra condición humana. Somos animales lingüísticos, y por ello, animales sociales, políticos. Sin embargo, en nuestras sociedades contemporáneas, la tensión entre igualdad y libertad parece haberse tornado irresoluble. Una libertad absoluta solo sería concebible para un ser absoluto cuya voluntad no tuviera que enfrentarse a exterioridad o alteridad alguna, lo cual, entre otras cosas, convierte en incomprensible la noción misma de voluntad para la cual la exterioridad y la alteridad es constitutiva. Sin un otro que nos enfrente, ni alternativas entre las que elegir, la noción de voluntad se vuelve vacua. 

 

De igual modo, una igualdad absoluta resulta incomprensible, porque solo en la diferencia pueden establecerse criterios de analogía o identidad. Por lo tanto, solo los seres lingüísticos, finitos y vulnerables, como nosotros, debemos negociar «libertad» e «igualdad», porque la libertad y la igualdad nos definen como seres lingüísticos, finitos y vulnerables. 

 

Fraternidad

 

Ahora bien, las sociedades contemporáneas oscilan pendularmente entre modelos de relaciones sociales que priorizan alternativamente uno de estos principios en detrimento del otro. 

 

En este contexto, mi punto es el siguiente: el carácter aparentemente irreconciliable de estos principios, más allá de la retórica complaciente que imponen las democracias liberales, que establecen como antídoto una abstracta «igualdad de derechos» que la economía de mercado convierte en simulacro, es el fruto de la ontología subyacente, en su mayor parte tácita, que informa el orden moral de nuestras sociedades contemporáneas. 

 

Esta ontología, incluso en su versión más rudimentaria, como imaginario social, nos conduce a una auto-comprensión de nosotros mismos como entidades absolutas, autosuficientes, independientes. Lo cual da lugar a una demanda moral de autonomía que, o bien fetichiza la libertad negativa, convirtiendo sus imperativos en absolutos – lo cual conduce a una frustración e insatisfacción lacerante que solo puede ocultarse detrás de prácticas sociales marcadas por la aceleración y alienación que acaban banalizando a la libertad misma; o a una exaltación de la libertad positiva que conduce a diversas formas de autoritarismo, xenofobia, racismo o chauvinismo, a través de las cuales se intenta cancelar la exterioridad o la diferencia que amenaza la libertad. 

 

A esta encrucijada entre la libertad y la igualdad respondo con mi interpretación del principio «fraternidad», cuya importancia no se encuentra en la imposición de una exigencia normativa de caridad o solidaridad compensatoria que suavice el hiper-individualismo, la atomización social, la desigualdad y la violencia ejercida contra los de abajo a través de mecanismos jurídico-administrativos de inspiración progresista comprometidos con asistencialismo, o el mero reconocimiento de las diferencias. 

 

Aquí la fraternidad, cuando la asumimos en su significación profunda, cumple el rol último de refutación de la distorsión a la que nos conduce la libertad absolutista, con su exigencia de autonomía radical. Y lo hace promoviendo un concepto de interdependencia a partir del cual, la suerte de uno es, en última instancia, la suerte de todos. 

 

A las puertas de una crisis de legitimidad

 

Sin embargo, permítanme justificar esta primera caracterización del problema echando un vistazo a la aparente crisis de legitimidad que viven las sociedades modernas capitalistas actuales. 

 

Lo primero que hay que aclarar es que esa crisis de legitimidad precede la crisis sanitaria producida por la pandemia y la crisis socioeconómica aparentemente derivada de ella. 

 

Se trata, en realidad, de una crisis de legitimidad del orden moral y de todas las prácticas y formas institucionales fundadas sobre dicho orden que la pandemia solo ha acabado de desnudar. Eso no significa que los nombres como «libertad», «igualdad», «solidaridad», «cuidado», «armonía» y «sostenibilidad» hayan perdido relevancia. Lo que significa es que todos estos términos son «nombres en disputa», que hoy buscan una re-significación. Es decir, que los agentes sociales continúan evocándolos para expresar sus ideales, valores y principios, pero se los utiliza de una manera diferente a la instituida en tiempos «normales», convirtiéndolos, en ocasiones, en portadores de un sentido «explosivo» y altamente «inestable» en su significación. 

 

Ahora bien, (1) la creciente y endémica violencia que afecta las mentes, los cuerpos y el tejido social; (2) la miseria lacerante que ahonda la desigualdad y la experiencia de injusticia; y (3) el deterioro medioambiental que amenaza incluso con una extinción de la especie; son los signos de una profunda crisis, cuyas fuentes deben rastrearse en el orden moral de la modernidad capitalista, y en los imaginarios a los que ha dado lugar. En ese contexto quisiera analizar la cuestión de la obediencia y la desobediencia para la cual se me ha convocado. 

 

Para ello dividiré mi análisis en tres partes: (1) comenzaré hablando del orden de representación en la dimensión epistemológica y ontológica; (2) Continuaré traduciendo dicho fundamento en el orden ético-político; y (3) concluiré haciendo referencia a la dimensión del sentido, donde encuentran su justificación, tanto el orden moral vigente, como una alternativa transmoderna y transcapitalista. 

 

En este contexto, toda forma de desobediencia que se articule sobre el trasfondo de sentido que legitima el orden epistémico y ético-político actual, es una desobediencia superficial, y por ello mismo, solo puede aspirar a una resolución cuantitativa, basada en la voluntad de poder (tanques o votos, como decía más arriba). 

 

Representación epistemológica

 

Comencemos con la primera cuestión. En el orden del conocimiento, la modernidad se caracteriza por haber impuesto una escisión aparentemente irremediable entre el sujeto y el objeto, entre la mente y el mundo. Dicha escisión facilitó la multiplicación y pluralización del orden de la representación. Cuanto más distante e inconquistable es la realidad (cuanto más relativa se vuelve la verdad en relación con lo real), mayor es la tendencia a quedar prisioneros en la «jaula de representaciones». 

 

«Una figura nos mantuvo cautivos», decía Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas. Esa figura nos ha convencido de que no tenemos acceso a lo real, sino tan solo a las mediaciones manufacturadas que se nos ofrece de ellas. 

 

La apoteosis de la epistemología moderna la encontramos en el mundo tecnológico que habitamos, un mundo que fabrica para nosotros una realidad alternativa que nos disculpa de lidiar con el mundo en el cual nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno existen de manera carnavalesca, sudorosa y embriagadora. 

 

En este contexto, el capital impone en el mercado, caracterizado por la competencia desenfadada de representaciones en las que los individuos invierten su libertad, su panteón politeísta. Obedientes a dicho orden, nuestras banales desobediencias no afectan el fundamento del orden de relaciones sociales. Nuestra experiencia alienada se convierte en alimento del capital. 

 

Representación política

 

Existe una muy estrecha relación entre epistemología, filosofía de la mente, teorías del sujeto, por un lado, y la filosofía política. En Sócrates, Platón y Aristóteles, esa vinculación es explicita, en los pensadores modernos, como Hobbes, Locke o Hegel, también resulta patente, hasta el punto que, en ocasiones, para entender un fragmento epistemológico, debemos recurrir a la filosofía política, y viceversa. 

 

De igual manera, existe una vinculación entre las teorías del conocimiento y la filosofía política contemporánea. Von Mises, Popper o Hayek son ejemplares prominentes de esta vinculación, también Foucault, Habermas o Taylor. El feminismo y el ecologismo son, además de filosofías políticas, epistemologías profundas. En Marx encontramos explicitada esta relación. 

 

En este marco, el fetiche es el individuo y sus derechos inalienables, su representación abstracta en el marco westfaliano o cosmopolita. Mientras nos movamos en ese marco, el llamado «derecho a decidir», junto a la noción misma de «desobediencia» se convierten en un fetiche que, como decíamos más arriba, solo encuentra justificaciones moralistas o cuantitativas para defenderse. 

 

Sin una crítica real al orden de la representación política, sin la deconstrucción de la fetichización del individuo y la totalidad jurisdiccional donde define su identidad, la desobediencia se convierte en un fenómeno compensatorio que obstaculiza el verdadero cambio.

 

 

Más allá de la modernidad y del capitalismo

 

«Capitalismo» y «democracia» (en su versión liberal) son los nombres que los «desobedientes al uso» articulan con esmero en estos días, pese a la vocación de transformación radical que dicen representar. Los «progresistas neoliberales», como los llama Nancy Fraser, se afanan por convencernos de que todo puede volver a ser justos sin necesidad de cambiar el esquema de relaciones sociales y el constructo jurídico institucional que nos tiene cautivos. 

 

Obedientes al orden vigente de las representaciones (capitalismo y democracia liberal), las «desobediencias» acaban convirtiéndose en señales de identidad sin mayores consecuencias, atrapadas en la jaula de hierro que garantiza nuestro contacto directo con lo real que nos interpela. 

 

En este marco, la «verdadera» desobediencia es negarle a la representación epistemológica y política la última palabra. Y eso significa devolver a lo real el rol de «tribunal supremo» de la realidad. 

 

Pero, ¿qué es lo real? Lo real es «el otro» que, al interpelarnos con la injusticia a la que se ve sometido, pone en jaque la totalidad del orden vigente que habitamos. 

Lo real es «lo otro», la naturaleza sangrante, en la cual saciamos nuestros deseos.

Los rostros de lo real son innumerables. En todos los casos, esos rostros acusan a la «democracia realmente existente», la democracia subsumida a los imperativos del capital, de las mayores atrocidades, ocultas bajo su descarada decencia. 

UN VIEJO CHISTE JUDÍO. LA ESCOLA Y EL PALAU

La escola y el palau

Mientras ERC abandona intempestivamente una reunión del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19 por supuestas filtraciones llevadas a cabo por JxC en su afán de sacar rédito electoral de cada decisión política que se toma o no se toma (incluso si esas decisiones tienen el objetivo de abordar cuestiones relativas a la pandemia, que a fecha de hoy está causando estragos y promete una carnicería para el invierno) la Escola continúa avasallándonos, con el objetivo de desligarse de sus responsabilidades y convertir nuestro caso en un problema «social», y a nosotros mismos en una familia «problemática socialmente». 

Triste realidad: tantos años de postureo identitario y luchas por el reconocimiento, tanta alharaca superficial realizando absurdos eventos simbólicos para defender el derecho de cada cual a ser lo que es, todo tirado a la basura ante la primera crisis significativa.

El chiste judío

Ayer, la directora de la Escola nos citó para el día 26 de noviembre a las 9.30 h. a una reunión en la que estamos llamados a participar, siempre con el objetivo retórico de ayudarnos, la responsable del EAP, la misma responsable del centro, una persona de servicios sociales, y nosotros. 

 

La reunión se convocó sin consulta previa. Es decir, se estableció la fecha y la hora sin preguntarnos acerca de nuestra disponibilidad, como si se tratara de una citación de la policía judicial.

 

Casualmente, esa era la fecha que habíamos elegido para esparcir los restos de mi madre traídos desde Buenos Aires en el cementerio del Montjuic. Le expliqué, sin darle detalles de mis motivos personales, que debía reprogramar la fecha y hora del encuentro (nunca consultada con nosotros), debido a nuestra falta de disponibilidad. Me respondió que la reunión era inamovible, y literalmente, señaló que si no estábamos presentes era problema nuestro. 

 

Volví a escribirle diciéndole que por favor propusiera otra fecha y hora, pero volvió a decirme que la fecha era inamovible de cualquier modo, que se realizaría incluso sin nuestra presencia, dando claras muestras de que el objetivo último es cumplir con las fases administrativas que permitirán, en un futuro próximo, penalizarnos.

 

Ante su empecinamiento, tuve que justificarme explicando que teníamos agendada esa fecha para esparcir los restos de mi madre. Al día siguiente (hoy), me escribió que lamentaba que coincidieran las fechas, pero que, de todos modos, la reunión se produciría sin nuestra presencia, «porque nosotras solo queremos ayudar». 

Cortocircuito: la Catalunya real

 

Alguien puede preguntar entonces: ¿qué tiene que ver que ERC y JxC no sepan como tomar decisiones razonables sobre la crisis sanitaria sin echarse los platos encima, con el hecho de que la directora de la Escola y algunos de los docentes que la acompañan sean unos incompetentes, y hayan asumido una actitud autoritaria y represiva?  

 

Supongo que tenemos que enfrentarnos al tema como hacen los lacanianos, produciendo una suerte de cortocircuito que nos permita vislumbrar las conexiones a primera vista invisibles entre fenómenos   cotidianos.

 

Evidentemente, ni Pere Aragonès, ni Meritxell Budó, ni Miquel Sàmper, ni Alba Vergès, ni Josep Bargalló, ni Damià Calvet saben de «nosotros»: una familia periférica de la sociedad catalana que se niega a cumplir con su normalització administrativa y cultural, resistiéndose al afán de convertirse en parte de ese engranaje geométrico al que aspiran en Catalunya quienes invocan la «libertad jurisdiccional», traicionando con ello, día tras día, el republicanismo que proclaman en la microfísica institucional que les toca gobernar. 

 

Jesús de Nazareth enseñó que es en la periferia, fuera de los despachos y los cafés donde se juntan los intelectuales de moda, o los periodistas del establishment, lejos del batiburrillo cultureta de quienes administran el buen pensar que los privilegiados fomentan, donde encontraremos la verdad del mundo en el que vivimos. No será en el Palau donde encontraremos las respuestas que buscamos si queremos entender cómo funciona la Catalunya real, sino en la Escola.

 

Y eso es así porque la Escola y el Palau están imbricados en una red  de hilos invisibles en el territorio, de vasos comunicantes que dan vida a esa inmensa red burocrática que es la porción autonómica catalana del Estado español. 

En estos momentos, ERC y JxC están abocados a un enfrentamiento electoral que decidirá, finalmente, quien conducirá ese enorme y apetecido aparato administrativo, con sus prebendas y privilegios, en las próximas décadas, quién asumirá el liderazgo, quién repartirá los cargos, quién será el «Señor de la tierra» y gozará con las prerrogativas extraeconómicas que le permitirá habitar con más comodidad, como árbitro o policía, nuestra explosiva sociedad de mercado. 

La directora de la Escola es una funcionaria de ese enorme aparato burocrático, una parte de ese complejo entramado administrativo que rige nuestras vidas con mano de hierro. En consonancia con lo dispuesto en otros despachos, actuará taxativamente contra los padres rebeldes, y en virtud de su obediencia debida, les hará pagar con su sangre la arrogancia de pretender ejercer un «derecho a decidir» que nadie les ha reconocido. 

Entonces, quién tiene derecho a decidir...

Cuenta Slavoj Zizek un viejo chiste judío que, según el pensador esloveno, era uno de los favoritos de Jacques Derrida, en el que un grupo de judíos que está en una sinagoga admite públicamente su nulidad a los ojos de Dios. 

Primero, un rabino se pone en pie y dice: «¡Dios mío, sé que no valgo nada! ¡No soy nada!» Cuando ha terminado, un rico hombre de negocios se pone en pie y dice, dándose golpes en el pecho: «¡Dios mío, yo tampoco valgo nada, siempre obsesionado con la riqueza material! ¡No soy nada!» Tras este espectáculo, un judío pobre, común, corriente, se pone en pie y proclama: «¡Dios mio, no soy nada!» El rico hombre de negocios le da una patadita al rabino y le susurra al oído con desdén: «¡Mira qué insolencia! ¿Quién es este tipo que se atreve a afirmar que él tampoco es nada?»

Algo semejante pasa con el derecho a decidir. Imagino que son varios los que se dan pataditas por debajo de la mesa y se susurran al oído con desdén: «¡Mira qué insolencia! ¿Quiénes son estos tipos que se atreven a afirmar que ellos también tiene "derecho a decidir"?»

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS

Y parirás con dolor la sociedad del futuro…

Han pasado nueve meses desde que, en marzo, se desató la pandemia en Europa. Dos metáforas podrían utilizarse para analizar lo ocurrido. Podemos pensar en la pandemia como un emblema de la agonía y la muerte de un orden social, pero también podemos hablar en términos del nacimiento de un mundo nuevo. Combinadas, estas dos metáforas nos ofrecen un emblema para pensar lo que nos está pasando. 

 

Si pensamos en la metáfora de la muerte, estos nueve meses (y los que sigan) podrían analizarse teniendo en cuenta el esquema de Elizabeth Kübler-Ross sobre los estadios de la agonía: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. La pugna social es, en buena medida, entre individuos y grupos sociales que se encuentran en diferentes fases de su proceso de aceptación de que hay algo que está definitivamente acabado. 

 

Eso que está terminado definitivamente no es otra cosa que la «normalidad» a la que nos aferramos con uñas y dientes esperando que el espectro que alimenta nuestra nostalgia pueda volver a materializarse. 

 

En cambio, si utilizamos la metáfora del nacimiento, debemos recordar que, pese a ser nosotros los causantes del mundo que se asoma, no están en nuestras manos los efectos que se produzcan. No somos los dueños del futuro, aunque seamos los progenitores del mundo que se avecina. 

 

Al comienzo pensamos que la pandemia traía consigo, no solo peligros, sino también oportunidades para que vieran la luz sociedades más justas, libres, igualitarias, fraternas. Pero a medida que avanzaban los días fuimos cayendo en la cuenta que no estábamos a la altura de nuestras pretensiones. El limitado descanso que nos ofreció la pandemia al final de la primera ola no sirvió para prepararnos frente a la carnicería que se avecinaba y de la que todos estábamos debidamente informados. Salimos a la calle hambrientos de normalidad, dejando en manos de los políticos, los burócratas locales y globales, los popes del mundo corporativo y las fuerzas del orden el diseño de la batalla que se avecinaba. 

 

Llegamos a septiembre con los deberes mal hechos. Ni la salud, ni la educación recibieron la atención que todos esperábamos. Pese a las muertes de ancianos y el desbarajuste en la vida de los niños y jóvenes, se decidió lo más fácil. Para los mayores, cuenta la ley de la aleatoriedad que convierte la muerte de cada uno de ellos en un caso individual, hurtando u ocultando la responsabilidad criminal, cuasi genocida del Estado. Para los pequeños y los jóvenes, la ley marcial, como ha sido siempre en nuestra historia de guerras intra-continentales y coloniales. 

 

Se asoma el nuevo mundo. No es lo que esperábamos ingenuamente. Vivimos tiempos de oscuridad que amenazan con volverse más oscuros a medida que avancemos hacia el futuro. 

 

El Estado es el Estado 

 

La pandemia ha traído otras sorpresas interesantes. Algunos han descubierto, de cop i volta, que el Estado es el Estado, no importa la bandera que cuelgue de los mástiles de sus ayuntamientos. Aquí, en Catalunya, lo que ha sido siempre una evidencia para quienes quieren ver, se ha vuelto transparente incluso para los ciegos que ahora pueden sentirlo cuando atenazan sus cuellos hasta asfixiarlos. 

 

Hay que remontarse a Baruch Spinoza para entender lo que el independentismo del carrer parece no haber entendido: que la libertad que exigen los propietarios de las jurisdicciones en pugna no se traducirá jamás en una genuina república de iguales. 

 

En una sociedad mercantil como la de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que en mucho se asemeja en su ethos a la Catalunya contemporánea, Spinoza recordaba a sus ciudadanos que su pacto de independencia suponía el abandono de todos sus derechos previos, entre los cuales estaba el disenso ante el poder supremo. Enemigo es ahora el que vive fuera del estado, a quien no se le reconoce soberanía, ni confederación, ni estatuto siquiera de súbdito. El eco de estas palabras de Spinoza, resuenan en el presente: 

 

«Síguese de ello que, si no queremos ser enemigos del Estado y obrar contra la razón que nos conduce a defenderle con todas nuestras fuerzas, estamos obligados absolutamente a efectuar todos los mandatos del poder soberano, aún aquellos más absurdos». 

La educación pública no es un «sacrosanto» orgullo, es, en primer lugar, la educación del Estado

 

Cada sociedad alimenta su propia mitología. En Catalunya, el mito de la educación pública tiene un lugar destacado. El problema de los mitos es que convierten en fetiche sacrosanto e impune lo que debería ser objeto continuo de crítica y construcción comunitaria. 

 

La educación pública es un servicio que ofrece el Estado. Esta administrada por el Estado, y está gestionada por funcionarios del Estado. 

 

Lo que en la educación pública se enseña es cómo funcionar dentro de dicho Estado o lo que el Estado considera parte de su totalidad social. Sus trabajadores concursantes han accedido a sus puestos debido a los méritos de haber asumido la normativa estatal y haber demostrado su capacidad de adaptación en un escenario geométrico al que han rendido sus esfuerzos y obsecuencias. En su propio seno, la jerarquización laboral, con su escala de garantías y privilegios, se ha convertido en una ventana indiscreta de la desigualdad que defiende y promueve en su ejercicio vicario del poder real. 

 

La educación pública puede ser un orgullo, pero en las presentes circunstancias no es otra cosa que un aparato más del Estado neoliberal que nos gobierna, que se caracteriza por ofrecernos con la mano derecha, lo que nos quita con la izquierda.  

 

Funcionariado: policía burocrática 

 

En este contexto, el funcionariado cumple un rol de gestión de la totalidad social, pero también un rol represivo ante la amenaza de la exterioridad cuando esta no puede acomodarse a su orden geométrico. 

 

El maestro, el médico, el catedrático, son como el juez y el policía, custodios del orden vigente instituido con la forma del Estado moderno o contemporáneo. Cuando el orden se encuentra en cuestión, cuando su legitimidad se pone en entredicho, cuando el mapa ya no concuerda con el territorio, cuando el orden de las palabras ha dejado de expresar la realidad de las cosas, cuando se asoma, aunque sea tímidamente, el tiempo de la revolución, el maestro, el médico y el catedrático dejan de ser gestores para convertirse en parte del aparato represivo del Estado, porque son parte del Estado, sirven al Estado, y han sido educados para hacer que ese Estado perpetúe su poder. 

 

El silencio de los corderos

 

El problema, como siempre, es que a las revoluciones en raras ocasiones las bautizan los de abajo. El capital ha sido más revolucionario que el proletariado. El capital financiero y monopólico es quien hoy porta la bandera de la revolución, fascinada con su propio despliegue de poder biotecnológico, acumulación y capacidad de control social. 

 

Mientras los poderosos diseñan nuestra «salvación», nosotros asistimos a nuestro propio funeral, sorprendidos ante el cadáver que fue nuestro cuerpo en vida. El cadáver son las instituciones públicas que supimos defender que hoy, primero con sigilo, pero luego con franca impudicia, han comenzado a ejercer sin miramiento su función eugenésica y represiva en todas sus instancias. 

 

Cuando el funcionario público se enfundan el sayo de la ley injusta y del orden de los privilegios, el escenario se ha vuelto transparente: el rey está desnudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA CONTRA UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA

Me dirijo a usted con mi mayor consideración. Mi nombre es JMC. Soy argentino, residente en Barcelona, padre de X, Y y Z, los tres de nacionalidad italiana y argentina, aunque nacidos en Barcelona en 2006, 2008 y 2010 respectivamente. 

 

Le escribo con el propósito de iniciar un trámite de denuncia contra la dirección de la Escuela X, en el barrio de Gracia de Barcelona y, puntualmente, contra el docente J.M, y otros profesionales de soporte que han participado en la incidencia que explicaré a continuación. 

 

El 14 de septiembre de 2020, envié la carta que adjunto, en la que expliqué con detalle nuestra situación familiar y solicité a la dirección de la escuela que me proveyera de información sobre la existencia de cualquier protocolo alternativo a la asistencia presencial de los niños, ante la falta de garantías sanitarias suficientes ofrecidas por parte del Estado – insuficiencias que, en los meses siguientes, pese al esfuerzo de la maquinaria mediática por demostrar lo contrario, se ha puesto de manifiesto.  

 

Durante un mes, entre la fecha en la cual el mensaje fue enviado y el 14 de octubre, en el que obtuve una primera respuesta telefónica por parte de la Escuela, mantuve comunicaciones con diferentes profesionales, y propuse, por sugerencia de los especialistas y en diálogo con ellos, un protocolo de trabajo para nuestro hijo mayor que asiste al Instituto.

 

Mientras el Instituto encontró una respuesta adecuada para nuestra situación familiar, la Escuela optó por ignorarla enteramente. Pese a nuestros esfuerzos denodados por obtener mecanismos de seguimiento que permitieran a los niños avanzar en sus estudios y sentirse acompañados por la comunidad escolar en un período de emergencia y alarma social como el que vivimos, que exige, además de «circulares», prudencia, racionalidad práctica, capacidad para valorar de manera concreta y sensible las circunstancias particulares de los ciudadanos en cada uno de los ámbitos de competencia en los cuales los profesionales se desempeñan, lo que nos encontramos fue un sistemático programa de «desprecio moral», de violencia simbólica y «represión solapada». 

 

Para empezar, la Escuela se negó a entregar el material didáctico a mis hijos. Para ello, la primera estrategia, cuando después de un mes aún no habíamos recibido respuesta a nuestra solicitud, y la fecha de entrega se dilataba con excusas incomprensibles, fue afirmar que el material didáctico, los códigos de acceso al aula virtual, etc., no se habían repartido.

 

Unos días después, a través de otros padres, supimos que la dirección había mentido, y que el material didáctico se había distribuido durante la primera semana. Las niñas y niños estaban trabajando con ellos en casa desde el comienzo. 

 

La siguiente estrategia fue recurrir a la AFA (asociación de familias). La responsable nos informó que no podíamos recibir los manuales de textos porque no habíamos pagado la cuota correspondiente. Una estratagema que pronto se vio desmentida por los hechos. 

 

Ante mi queja telefónica, la persona a cargo me confesó que la decisión de escatimar el material y bloquearles el acceso a los niños había sido del inspector, quien había informado a la Escuela, después de haber leído la carta y haberse interiorizado con mi petición que, aunque había que tratar el asunto con discreción y «sensibilidad», las autoridades recomendaban evitar a toda costa que los niños tuvieran una opción alternativa, para forzarlos a asistir de manera presencial. 

 

De modo que la estrategia de las autoridades frente a nuestra demanda fue coaccionarnos, privándoles a los pequeños de sus derechos, con el fin de forzar el cumplimiento de una normativa que, pese a su legalidad, resulta claramente arbitraria en las presentes circunstancias, y contradictoria con otras normativas de prohibición vigentes.

Lo que demandamos es el derecho a decidir en vista a lo que consideramos más adecuado frente la situación sanitaria, emocional y convivencial que vivimos. Una situación que está exigiendo, paradójicamente, por un lado, toques de queda, perímetros de confinamiento, confinamientos forzosos, clausura de actividades, reducción en los aforos, etc., y por el otro, la obligatoriedad de la escolarización presencial, acompañada de amenazas penales o simple desprecio ante las alternativas educativas centradas en el cuidado de algunos miembros de la comunidad escolar que no comulgan con la estrategia actual. 

 

Esta premeditación de las autoridades escolares para torcer nuestra voluntad, en un contexto como el que vivimos, utilizando los propios derechos de los niños como moneda de cambio, resulta en una forma de «tortura moral», injustificable desde todo punto de vista.

 

No expondré las circunstancias personales que justificarían mi decisión ante las autoridades porque no creo que se necesiten circunstancias excepcionales para que las familias, en una situación de alarma declarada y con las prohibiciones vigentes, ejerzan su «derecho a decidir» la modalidad educativa que consideran más apropiada.

Las razones que esgrime la administración para negarnos ese derecho se explican con la normativa en la mano, pero de espaldas a las circunstancias concretas del caso. Circunstancias que exigen inteligencia y sensibilidad prudencial. Como es habitual, las estrategias que tienen a la mano son las mentiras, los subterfugios, los abusos de autoridad, las trampas administrativas, la dejadez democrática. Pese a la tragedia que vivimos, da la impresión que, para este funcionariado lo único que cuenta son las obsecuencias a circulares abstractas, inspecciones desalmadas, y normativas sacralizadas.  

 

De modo que, efectivamente, mis hijos no recibieron por parte de la Escuela ningún apoyo educativo entre el 14 de septiembre y 14 de noviembre de 2020. Se les negó de manera terminante el acceso al material didáctico, se bloqueó su ingreso a la plataforma virtual, se les escatimaron las respuestas a sus preguntas vía internet. En síntesis, se les hizo «desaparecer», como hacen los regímenes totalitarios con los individuos que no encajan en sus pretensiones geométricas.  

 

Durante el último mes, entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre, nuestros intentos por establecer una relación más estrecha entre nuestros hijos y sus docentes se vio abocada una y otra vez al fracaso. Nos encontramos con un muro de hierro, una muralla de obstinación y obsecuencia. Como la responsable de la escuela reconoció en alguna de las comunicaciones telefónicas que mantuvimos, «no podemos hacer nada», la normativa es terminante, los niños tienen que asistir al aula, y si no asisten, se les debe negar toda asistencia virtual para obligarlos a regresar a ellas, no importa la situación sanitaria en la que se encuentre el país o el centro mismo. 

 

En estas semanas se han multiplicado los contagios, se han declarado en varias ocasiones confinamientos puntuales en el centro. Se han cometido errores groseros que demuestran el desorden reinante y la arbitrariedad entre las consejerías, pero ni siquiera en los momentos de confinamiento hemos logrado que el centro preste atención a nuestros hijos. 

 

Hoy, el profesor J.M. no solo se negó durante el encuentro virtual que mantuvo con la clase confinada a entregarle los códigos de acceso a uno de mis hijos, sino que, abiertamente y con el objetivo de avergonzarlo y criminalizarlo, con total desprecio moral por su persona de 12 años, le dijo que no le correspondía tenerlos y que, si los quería, debía volver al aula presencial. Además, se negó a atender todas sus solicitudes de consulta, mientras le daba al resto de los niños ocasión para expresarse libremente. Un comportamiento de este tipo es injustificable, y está en consonancia con la estrategia general implementada «en nuestra contra». 

 

El Estado, a través de sus agentes, nos ha acusado, estigmatizándonos como «padres absentistas», de violar los derechos fundamentales del niño en lo que respecta a la educación. Nosotros, en cambio, hemos propuesto un plan alternativo y circunstancial para el tiempo que dure el peligro evidente de la pandemia, a la que nadie puede exigirnos exponernos sin violentarnos, un protocolo de trabajo del todo razonable que la escuela se ha «abstenido» siquiera a considerar, exponiendo a nuestros hijos a un abandono evidente, vejatorio y claramente violatorio de los derechos del niño. Como expliqué en su momento en la carta enviada el 14 de septiembre, y como volví a hacer en las cartas posteriores enviadas al Instituto contamos con los recursos y el tiempo para implementar dicho protocolo en casa. 

 

Las razones de mi solicitud conciernen (1) a mi desconfianza justificada ante la falta de respuesta coherente y garantizada ante la pandemia demostrada por la administración, y la evidencia de descoordinación en los centros mismos y entre las estructuras de Estado abocadas a responder conjuntamente a la pandemia; (2) la situación de vulnerabilidad objetiva y subjetiva en la que nos encontramos; y (3) la convicción de que podemos, de manera excepcional, acompañar el proceso educativo de los niños si la administración se digna a considerar al menos un protocolo alternativo para nuestro caso.

 

No está de más recordarle que en el Estado español han muerto ya 63.000 personas, cientos de miles padecen los efectos colaterales provocados por el virus, y millones deben enfrentar sus pérdidas emocionales, frustraciones y angustias. La obstinación de las autoridades educativas echa por tierra cualquier consideración virtuosa que pueda justificar el comportamiento de sus agentes públicos. 

 

Por todas estas razones, si el «derecho a decidir» es considerado razonable en épocas de «relativa» normalidad, incluso hasta el punto de poder invocarse contra las normas constitucionales, más razonable aún es invocarlo en un momento de excepcionalidad como el que vivimos, cuando a las normas que nos oponemos tienen visos de arbitrariedad evidente: se cierran bares, restaurantes, vivimos toques de queda, perímetros confinados, control poblacional, pero a nuestros hijos se les exige, con carácter de obligatoriedad irrevocable, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y en contra de nuestra voluntad y consideración, que asistan a la escuela. 

 

En cambio, no es de recibo que el Estado, a través de su administración, de manera sistemática y premeditada, se niegue a atender a las necesidades básicas de los menores, hurtándoles el derecho a la educación, en cualesquiera sean las circunstancias que esta se demande, incumpliendo de ese modo la obligación de atenerse a la legislación internacional de derechos humanos, que en primer lugar y primordialmente concierne al comportamiento de los Estados en relación a sus ciudadanos y sus poblaciones en general, siempre teniendo en cuenta, como todo lo que ocurre bajo la órbita del derecho, no solo la validez de la ley, sino su razonabilidad en tiempo y circunstancia. 

 

Exigimos que la Escuela cumpla con su deber, que el profesor J.M.  sea advertido de lo intolerable de su comportamiento respecto al menor, que los inspectores sean a su vez monitorizados y se les exija un cumplimiento estricto de la deontología que debería regir los comportamientos de todos los servidores públicos, y a la Conselleria d’Educació, para que haga efectivo, de manera inmediata, protocolos alternativos para aquellos padres que no se sientan satisfechos con las medidas de seguridad sanitaria y el bienestar emocional de los niños y sus familias durante todo el tiempo que dure la amenaza de la pandemia. 

Sin más, le ruego tenga a bien realizar los trámites adecuados para llevar a buen puerto nuestra denuncia y petición, sin que ello suponga nuevas amenazas para nosotros, resulte en un nuevo período de acoso emocional, o se traduzca en represalias administrativas por parte del Estado o alguno de sus agentes. 

 

LOCKE EN EL CONURBANO

Familias

En las últimas semanas, en Argentina, la agenda mediática ha estado ocupada por tres cuestiones que merecen una reflexión sosegada. La primera cuestión está asociada a tres escándalos familiares, con implicaciones delictivas y consecuencias políticas, vinculadas a tres familias paradigmáticas de la oligarquía local, y asociadas respectivamente (1) al negocio de los medios de comunicación; (2) a la llamada «patria» contratista, reconvertida por sus herederos en un floreciente negocio basado, simultáneamente, en la acumulación por desposesión (gracias a los privilegios que supusieron, primero, la conquista de la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, y luego la misma Casa Rosada), y el negocio financiero; y (3) al negocio agroexportador, asociado históricamente a la apropiación ilegítima de la tierra, la desposesión concertada, la explotación de la población local hasta el punto del empleo cuasi esclavo de su personal, con connivencias evidentes con el Estado nacional y los Estados provinciales. Me refiero a los escándalos hereditarios de las familias Mitre, Macri y Etchehevere.

Los conflictos intrafamiliares de los tres clanes develan un entramado delictivo que expone a los involucrados a la mirada pública, no por lo que estos tengan que ofrecer a la prensa «chimentera», sino por (1) las consecuencias penales, con derivaciones políticas, que las causas sucesorias puedan tener; (2) lo que pueden aportar a otras causas penales directamente relacionadas con el manejo de la cosa pública; y (3) lo que ofrecen como ilustraciones de ese «tipo ideal» al que pertenecen los ricos en Argentina.

La propiedad es privada

Mientras en los platós de televisión se debatían estos temas, y los editorialistas y opinólogos repartían con prodigalidad su sapiencia interesada, en la provincia de Buenos Aires se preparaba el desalojo de tierras, tomadas por familias pobres, en Guernica. El operativo se presentó como una demostración circense del poder policial. El jefe del operativo, devoto de las cámaras, aprovechó la ocasión para seguir forjando su carrera política. De manera teatral se definió como un defensor de la propiedad y de la vida, definiendo de esta manera su «patriótica» lealtad ideológica a la derecha local, pese a estar conducido por un gobernador de formación marxista. De este modo, la toma y el desalojo sirvieron para exponer la ideología de clase que informa a las fuerzas del orden, al ondear la bandera de la propiedad privada y su defensa sobre sus carros de combate.

Mientras esto ocurría en el conurbano, en Entre Ríos, Dolores Etchevehere, la heredera estafada por tres machos alfas que se dicen sus hermanos y una madre desalmada, era escoltada a un calabozo por desacato, en un desalojo paralelo en el que, de todas maneras, se respetaron los gestos y las formas que corresponden a la clase de la desacatada. El aplauso inmisericorde de quienes detrás de la tranquera festejaban el fin de la estrategia de Juan Grabois en la «estancia usurpada», enmudeció con la derrota a quienes se habían aliado con los rebeldes, y puso en evidencia quién manda en la provincia de Urquiza. Durante días, los conductores de tractores y pickups, junto a sus familias, disfrazados de chacareros y ondeando banderas argentinas, azuzaron a los agentes policiales pidiendo mano dura, y exigieron un juez acorde a las circunstancias, «independiente», para garantizar una medida arbitraria a gusto y provecho de la necesidad política del momento.

Arrugue preventivo

Como nota llamativa, algunos referentes peronistas han querido tomar distancia del escándalo entrerriano reduciéndolo a una cuestión familiar sin relevancia política. En coro afirmaron que el asunto debe dirimirse en los tribunales. 

Es cierto. Pero también es cierto que la familia Etchevehere es sospechosa de innumerables delitos y estafas contra el Estado, que los involucrados están denunciados por delitos flagrantes contra la dignidad de las personas, violencias variadas contra quienes se le oponían en su feudo, y relaciones ambiguas con el poder político y mafioso que tiene cautiva a la provincia. 

También es digno de mención que el principal denunciado haya sido Ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, que haya llegado allí después de presidir la Sociedad Rural, y que, ya en su día, recibiera atención mediática por el escandaloso acuerdo que firmó con esta última, aparentemente, para intercambiar favores públicos por un sueldo generoso en la institución, al que tuvo que renunciar debido a la denuncia y el consabido «conflicto de intereses». Es de suponer que estos referentes peronistas han querido poner paños fríos a la fiebre campestre. Una decisión contraria podría haberse convertido en revuelta nacional. Por ese motivo, han preferido tirar la pelota «fuera del campo». 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el capitalismo no es solo una teoría económica, sino un sistema de relaciones sociales que produce consecuencias en todas las esferas de la vida social. En este caso, los abusos familiares esgrimidos por la denunciante no pueden separarse de las lógicas de poder que informan al clan en su relación co el Estado. Tampoco pueden deslindarse u ordenarse en compartimentos estancos los delitos contra lo público, la apropiación ilícita de tierras, la explotación cuasi esclavista practicada en sus haciendas, del uso mafioso de las instituciones por parte de los denunciados. Finalmente, no pueden obviarse las estrechas conexiones entre los abusos intrafamiliares, la perversión de lo público y la lógica de explotación antiecológica, contaminante y cortoplacista en la que se basa la riqueza de la familia. 

De este modo, el caso merece una consideración más amplia. No puede cajonearse en la esfera pública la discusión de lo sucedido aduciendo, livianamente, que se trata de una causa de ámbito meramente privado. Muy por el contrario, se trata de un escenario de conflicto que ilustra de qué modo el capitalismo no es solo una teoría política, o un mero sistema de producción, distribución y realización del capital, sino una forma institucional y una forma de vida que afecta de igual modo, en cada fase de su desarrollo histórico, las esferas de la reproducción social, la política y el medioambiente.

El oráculo

En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y denunció lo que todos sabemos, que la furia anticristinista que en los últimos meses vociferó con estridente histerismo en las plazas de la república la defensa de una patria «burguesa» y «antiplebeya», no tiene una causa exclusiva contra la expresidente, sino que anhela lo que define a todo buen oligarca en la Argentina, una militancia antiperonista, sea que esta se manifieste como abierta confrontación, o como troyana apropiación del legado peronista, como ocurrió con el menemismo ucedeísta, o como pretendió el «macrismo dialógico» de los Monzó, los Frigerio y compañía. En cualquiera de los casos, se trata de hacer desaparecer, desmembrar o desvirtuar un movimiento definido, en palabras franciscanas, por su opción preferencial hacia los pobres, para convertirlo en un instrumento ideológico y territorial al servicio de la acumulación de capital a través de la desposesión concertada.

Cristina llamó a un acuerdo nacional y ofreció su veredicto: el problema central de la Argentina, cuya economía dependiente la conduce de manera cíclica a crisis terminales, gira en torno a su economía bi-monetaria. En ese marco, los economistas del establishment, en nombre de los capitostes a quienes el macrismo le regaló pingües beneficios durante su mandato caracterizado por el endeudamiento y la fuga, exigen una nueva devaluación, con el propósito de emprender una nueva fase de acumulación por desposesión: el deporte que mejor practican las oligarquías «republicanas» que tanto detestan a la democracia y a su pueblo.

Como señala el periodista Horacio Verbitsky en su editorial de hoy en el portal que dirige, «Cohete a la luna», titulado «Hablar con propiedad», la carta de Cristina, como suele ocurrir con todas sus intervenciones, señala con incisiva claridad lo que está en disputa en el país en estos momentos: (1) la embestida antiperonista (que en estos meses ha intentado marcarle la agenda al presidente intentando manufacturar su Lenin Moreno local); (2) la necesidad de lograr un acuerdo nacional para enfrentar el doble descalabro, causado, primero y ante todo, por el saqueo de Macri y sus secuaces, el club de ejecutivos y empresarios que, o bien ocuparon carteras en su gabinete, o manejaron los hilos de la administración para lograr sus provechos, y la pandemia, con sus muertos, infectados y confinados; todo ello sobre la base de (3) un diagnóstico a través del cual se intenta poner freno a las expectativas de los más ricos, al anunciar que los malabarismos devaluatorios que anhelan no pueden ser la moneda de cambio de dicho acuerdo, porque un gobierno genuinamente peronista debe ser leal, en grado superlativo, a su opción preferencial por los trabajadores y las clases excluidas, y una devaluación, en este contexto, es, ni más ni menos, que una traición a esa lealtad preferencial. 

CATALUNYA PONE EL FRENO

Después de varias semanas esperando medidas para frenar la escalada silenciada por los grandes medios locales, comprometidos, más que con la información, con la tarea de dar ánimos a la ciudadanía en un momento de incertidumbre, el Govern de Catalunya ha optado por la opción drástica frente a la pandemia, replicando las estrategias de Bruselas y París, que en estas horas viven un estado de sitio. En contraposición, el gobierno de Madrid desafía su suerte, despreciando la amenaza creciente de la que alertan los expertos.

No valoraré la eficacia relativa de las medidas concretas, la cirugía fina, por sectores, que afecta de manera diferencial a unos y a otros sobre la base de criterios no siempre fáciles de discernir. Lo que quiero en este artículo es abordar una cuestión de fondo en el debate en torno a la pandemia: cuáles son los principios guían nuestra interpretación de los datos estadísticos y fundamentan nuestra acción. 

Que la pandemia «la hay», parece innegable, aunque algunos continúan insistiendo de que todo el evento es una «tomadura de pelo», y desplieguen, para refrendar sus argumentos, datos caprichos que probarían la exageración de la preocupación imperante, la arbitrariedad de las medidas adoptadas, o la oculta motivación de las élites mundiales de imponer un estado de excepción con el fin de profundizar su dominación planetaria.

Obviamente, ante una crisis de la magnitud que estamos viviendo, que afecta, no solo la salud de la población, sino también la economía, la cohesión social y la estabilidad institucional, jurídica y política, de las sociedades más afectadas; una crisis que está redefiniendo la geopolítica global, con claras consecuencias en otros ámbitos, como el medioambiental, o acelerando la carrera armamentística, no tenemos que estar iluminados o ser especialmente perspicaces para comprender que el capital está adoptando ante la tragedia la lógica que le es habitual, sacar ventaja a cualquier costo para extender y profundizar su estrategia de valoración y acumulación. 

Sin embargo, eso no significa que la crisis haya sido enteramente manufacturada y por ello debamos descartarla como inexistente o ilusoria. Como ocurre  en cada ocasión en la que nos encontramos con una crisis humanitaria, tenemos que adoptar algún tipo de estrategia para paliarla, teniendo en cuenta la situación en el terreno y los poderes fácticos que la exacerban o se benefician con ella. Cada vez que nos encontramos con una catástrofe humanitaria – sea esta causada por un conflicto bélico, un desbarajuste medioambiental, o una debacle socioeconómica, como fueron la guerra de Siria, la tragedia provocada por el huracán Katrina, o las hambrunas que hoy afectan al Chad y a Somalia – las grandes corporaciones y las élites locales aprovechan las circunstancias para remodelar el escenario afectado, con el fin de sacar ventajas económicas, redefinen las reglas institucionales para que les sean favorables, desplazar y despojar a los grupos desfavorecidos de sus derechos consuetudinarios, etc., en general con la complicidad de la política local, estatal o regional, y el silencio cómplice de los organismos y organizaciones internacionales, que en muchos ocasiones promueven, celebran e incluso participan activamente en la implementación de este tipo de políticas.

Ahora bien, además de prestar atención a las estrategias, siempre discutibles cuando se las observa desde la perspectiva hegemónica de las «neutralizaciones», como diría Schmitt, debemos pensar los principios en competencia detrás de las mismas.

Parte de la confusión imperante cada vez que intentamos informarnos para dar forma a una posición razonada frente a lo que acontece es la proliferación de mensajes contradictorios que los medios publicitan. Las portadas compiten por dar voz a las más disímiles opiniones, cada una de ellas armada con su propia agenda estadística, diseñada o maquillada para defender la tesis de turno. El resultado es una informada desinformación. Ya no se trata de fake news o mentiras. Hay algo más difícil de discernir, y más complejo para rebatir. El problema no son los datos, ni las estrategias, sino los principios solapados detrás de las posiciones adoptadas.

Una manera de plantear el problema es decir que, aquí, lo que está en juego son dos maneras de concebir la justicia. En un caso, lo que moviliza a la política es una concepción de la dignidad humana que es impostergable y triunfa frente a cualquier otra prerrogativa. Cuando este principio se lleva hasta sus últimas consecuencias, no solo cada vida humana tiene un valor infinito e irrenunciable, sino que la exigencia superior que asume la actitud fraterna se dirige de manera prioritaria a socorrer a los más débiles, a los más vulnerables.  Esta actitud moral la ilustra el capitán de un barco de pasajeros que se hunde, cuando ordena a sus oficiales y marineros que suban a los botes, en primer lugar, a los niños, a las mujeres y a los ancianos.

En contraposición a esta actitud moral, nos encontramos con el mandato que esgrime una sociedad cuyo horizonte moral enaltece la competencia y el privilegio del más apto: «que mueran los que tengan que morir». El barco se hunde, pero ahora la prioridad es que los viajeros de primera clase sean los primeros en subir a los botes. Las mujeres, los niños y los ancianos de las clases populares deberán esperar. El privilegio triunfa sobre la dignidad de la vida.

En definitiva, las estrategias frente a la pandemia no se implementan en un vacío moral, sino que se despliegan, siempre, con el fin de servir ciertos principios y fines. La pregunta que debemos hacernos cada vez que leemos una nota periodística, o escuchamos a un experto desplegar su sapiencia, es a qué principios sirve el autor, qué filosofía política lo informa, qué lealtades morales defiende.

PARADOJAS DE LA DEMOCRACIA CATALANA. La escuela pública y el «derecho a decidir»

El contexto 

En este artículo quiero contarles sobre una batalla personal que estoy librando en estos días en Catalunya. Algunos de ustedes la habrán intuido leyendo mis artículos previos. Hoy seré más explícito, porque necesito hacer pública la campaña que iniciaré para defender a mi familia frente al ataque y dejación que estamos sufriendo por parte de la administración pública.

Todo comenzó en febrero-marzo de este año, cuando la pandemia empezaba a asomar los dientes en Europa. La información que estábamos recibiendo era bastante obvia. Era cuestión de días para que el virus llegara a España y las consecuencias serían catastróficas. En Italia, los números crecían de manera exponencial. Mientras tanto, en Catalunya, los medios de comunicación, y los responsables políticos y sanitarios, aseguraban que todo estaba controlado. Lo que estábamos viendo en Asia y en Italia, decían, no ocurriría en el territorio catalán, entre otras cosas, porque teníamos un sistema de salud garantizado, de gran calidad, etc., etc.

En ese contexto, me acerqué a la escuela para saber qué tipo de medidas tomarían las autoridades frente a la crisis que se avecinaba. Yo estaba pensando entonces en un plan de contingencia y medidas preventivas. Cosas muy básicas, como, por ejemplo, una mejor distribución de los niños en los comedores; una re-planificación de los protocolos de higiene; además de charlas que ayudaran a entender a los niños la importancia del aseo personal, y cierto distanciamiento social. Por ejemplo, que los cepillos de dientes de los niños no estuvieran uno al lado del otro, que se descartaran las servilletas de tela y se volviera a las servilletas de papel descartables. Como digo, cosas muy básicas.

La respuesta de la dirección de la escuela fue una circular generalista emitida por los órganos burocráticos del Govern, sin sustancia ni relevancia alguna frente a la tormenta que se avecinaba. El lema que había comenzado a circular giraba en torno a la confianza. Los ciudadanos debíamos confiar. Punto. 

En ese momento, decidí sacar a los niños de la escuela. Las autoridades estaban actuando irresponsablemente. Miraban la pandemia como si estuviera ocurriendo en la televisión, pese a que los números trepaban la cuesta de manera acelerada. Mientras tanto, la vida misma estaba amenazada. No había mucho que pensar. 

Unas semanas después comenzaron las muertes. Decenas de miles de muertes. Cuando llegó el verano, el número estaba más o menos cerrado para la primera ola: 30.000 víctimas mortales oficialmente declaradas debido al COVID-19; 53.000 si se tiene en cuenta la diferencia entre los fallecimientos del 2019 y 2020 durante el mismo período. 

En junio comenzó la desescalada. Era evidente para cualquier persona más o menos informada que las decisiones gubernamentales iban desencaminadas. La prisa por salvar el verano, el falso optimismo, la competencia política y territorial, y la campaña desvergonzada de los medios públicos atizando a la población para que volvieran al consumo y se olvidara de lo acontecido, logró lo esperado: que el proceso de desescalada acabara en un rotundo fracaso. El retorno a las aulas en septiembre resultaría problemático. De nada sirvieron las advertencias sobre las consecuencias contraproducentes de una gestión obsesionada con un retorno a la normalidad. La temporada de verano sería un fracaso de todos modos, pero comprometeríamos seriamente los meses venideros. 

En septiembre (a dos semanas del comienzo de las clases) no teníamos aún un plan de retorno a las aulas garantizado. A menos de una semana del comienzo de las clases, ni profesores, ni padres, ni alumnos, sabíamos exactamente lo que ocurriría. Hubo las usuales promesas grandilocuentes del Govern independentista en funciones que nunca se cumplieron (masivas PCR que se cancelaron a los pocos días de iniciarse las clases, y otras mentiras y manipulaciones semejantes), y ante la desconfianza de una parte de la ciudadanía que no veía clara la vuelta obligatoria a las aulas, una concertada campaña mediática para meter miedo a los ciudadanos. El Govern, a través de sus consellers, fue terminante: los padres «absentistas» se enfrentarán a multas, o incluso a penas de prisión, si se niegan a llevar a sus hijos a la escuela.

Los periódicos catalanes compitieron en su campaña de estigmatización, primero contra las familias gitanas, luego contra las familias chinas. Lo usual. El mote de «absentistas» se asoció al de los «negacionistas», equiparándolos para hacer un combo y evitar la comprensión sensata de lo que estaba ocurriendo. Era mucho más fácil acusar a los padres de «violar los derechos humanos» de sus hijos por privarlos de educación, que hacerse cargo de los errores cometidos, la negligencia sistemática de la política durante esta y todas las crisis precedentes, y la impericia concertada de un funcionariado poco razonable. 

La causa

Permítanme ahora explicar, a partir de mi propia experiencia como padre, lo que nos ha ocurrido durante este primer mes de clases a quienes hemos decidido poner en cuestión la obligatoriedad de asistencia a las aulas debido a las circunstancias excepcionales que vivimos y la desconfianza que tenemos respeto a la gestión.

Comienzo con algunos datos que puede ayudarnos a medir la dimensión de la tragedia que enfrentamos. En Argentina, durante la última dictadura militar, desaparecieron 30.000 personas. En Bosnia, el genocidio cometido por el gobierno serbio fue de 8.000. ETA mató a lo largo de varias décadas 800. La guerra de Malvinas costo la vida de 674 argentinos. 100 mujeres fueron asesinadas en España durante el 2019 por motivos machistas. El número de víctimas mortales en carretera durante ese mismo período fue de 400. 

Las muertes por Covid-19 entre febrero y septiembre del 2020 en España fueron de 53.000 personas.

Miremos los datos globales:  al menos, 1.000.000 de personas perdieron la vida  por el coronavirus entre enero y septiembre de 2019 en el mundo (este número está ya desfasado). Si hacemos una proyección, ¿cuántos fueron asistidos en unidades de terapia intensiva? ¿20.000.000? ¿Cuántos ocuparon camas de hospital? ¿80.000.000, 100.000.000?

Ahora, prestemos atención a las notorias negligencias locales. Un ejemplo: el caso de los geriátricos. Pese a la mortandad extendida de ancianos en estos establecimientos y las promesas del ejecutivo catalán de resolver este asunto, las portadas de hoy nos informan que los geriátricos recibirán la segunda ola sin recursos. La inversión pública en salud y educación sigue a sus mínimos. Los profesionales en ambos sectores enfrentan con su cuerpo desnudo la inmensidad de los desafíos que se avecinan, reconvertidos en trabajadores Multi-uso, expuestos a niveles agotadores de stress, lo cual, evidentemente, disminuye la calidad del servicio que son capaces de ofrecer. Los médicos han multiplicado las visitas en la atención primaria, y los maestros y profesores tienen que actuar como sanitarios, higienistas y docentes, con niveles de responsabilidad que en ningún caso recompensan los salarios que perciben, y en muchos casos, la precariedad en la que viven. 

En ese contexto, es comprensible y atendible la oposición de algunos padres a la obligatoriedad de asistencia presencial a las aulas. Una norma de este tipo, si lo estuviera, sería justificable en tiempos de una «normalidad» que ya no existe. En el presente escenario, la norma y la penalización que prevé son, sencillamente, una ofensa a los derechos fundamentales de las personas de poder cuidarse a sí mismas y a sus familias frente a un riesgo cierto e inminente.

En una carta del 14 de septiembre de 2020, cuando dieron comienzo las clases, informamos a la escuela y al instituto en el que están matriculados nuestros hijos, que no asistirían a clase hasta que la situación sanitaria se clarificara. En esa carta pedimos a la dirección de ambos establecimientos, en vista de una serie de situaciones personales y familiares que no enumeraré en este artículo, pero que son de peso y gravedad suficiente como para atender nuestro reclamo, que se procediera a poner en funcionamiento un protocolo de contingencia que permitiera que los niños siguieran con su educación a distancia. No descartamos reintegrarlos a las clases presenciales enteramente, pero reclamamos un plan de educación alternativo que nos permitiera avanzar hacia su «reintegración» en el futuro próximo. Como yo mismo soy docente acreditado en Catalunya, confiaba que las autoridades no solo entendieran nuestra situación, sino que apreciaran la viabilidad de la propuesta.

Pasado un mes,  lo primero que hemos constatado es una suerte de dejación de funciones por parte de la escuela y el instituto en lo que respecta a su finalidad pedagógica. Como me dijo una de las directoras: «nos advirtieron que debíamos tener tacto con las familias absentistas». Pero, el objetivo de la amabilidad formal era dejar correr el tiempo sin hacer nada, para acabar cayendo sobre nosotros, amenazándonos con abrir expedientes en nuestra contra. 

Ahora bien, el problema no ha sido la ausencia de un plan alternativo, sino la implementación de una estrategia diseñada para obstaculizar dicha alternativa. A continuación describiré dos hechos que han profundizado nuestra desconfianza al ponerse en evidencia la retorcida maniobra de los actuales gestores educativos. 

Al principio, el cuerpo directivo de la escuela nos aseguró, cuando los reclamamos, que no se repartirían los libros de texto entre el alumnado. Semanas más tarde, a través de la madre de uno de los compañeros de curso, supimos que los manuales se habían distribuido el primer día, y que los niños incluso los llevan a casa para hacer sus tareas. Después de mucha insistencia por nuestra parte, descubrimos que no se había tratado de un error, sino de una estratagema ideada por el inspector escolar, en su función de policía escolar, quien había recomendado: (1) no entregar los libros a las familias, y (2) que, en caso de que no pudiera eludirse su entrega, era recomendable que se hiciera saber a los profesores que no debían ni asistir ni orientar a los niños de familias absentistas.  

Un mes después de iniciado el curso escolar, la escuela no ha entregado aún los textos escolares y pese a nuestra solicitud de orientación, ninguno de los profesores ha dado la más mínima indicación pedagógica, siguiendo a piejuntillas la estrategia de coacción y bloqueo diseñada por Educación contra nosotros. 

Permítanme que explique cuál es la significación de esta dejación de funciones desde mi perspectiva. Recordemos que el Govern comenzó acusando a las madres y padres «abstencionistas» de violar el derecho inalienable de educación de sus hijos por no llevarlos a la escuela. Este ha sido el leitmotiv utilizado por todos los responsables escolares a lo largo de este proceso. Sin embargo, como estrategia de disuasión, a los responsables políticos no se le ocurrió mejor estrategia que negarles lisa y llanamente a los niños los recursos materiales y la asistencia educativa para, eventualmente, cerrarle el paso a cualquier otra alternativa para forzar su reincorporación en las aulas. Evidentemente, no son los derechos a la educación lo que les preocupa a las autoridades. 

A través de una retórica paternalista, motivada por una directiva de  disciplinamiento social sin paliativos, que supone una enorme violencia simbólica para los padres, nos han sometido a un mes de incertidumbre y desatención. Esto solo puede explicarse en el marco de una estrategia mancomunada para forzar el cumplimiento de la normativa a cualquier costo. El daño moral contra nuestra familia ha sido elevado.  

Es cuanto menos paradójico que ese daño moral provenga de un gobierno que convirtió la bandera del derecho a decidir y la desobediencia en un símbolo propagandística para estatuir su preeminencia moral por sobre otros actores políticos.

La demanda

Nosotros exigimos que se respete nuestro derecho a contar con una modalidad alternativa de educación para nuestros hijos en estas circunstancias excepcionales, y que el Estado cese con su estrategia de acoso en nuestra contra. 

Resulta también paradójico que el mismo funcionariado que en su día se mostró abiertamente contrario a que el incumplimiento de la ley (Constitución, Estatuto, normativa parlamentaria, ley electoral) por parte de los líderes político-partidarios independentistas fuera perseguido penalmente, ahora se aferre a una norma menor, claramente desproporcionada en vista del escenario excepcional que enfrentamos, y considere razonable la utilización de métodos coactivos y amenazantes para disciplinar a las familias rebeldes.   

En este punto, tal vez sería interesante plantear una cuestión de fondo, cuya respuesta, en cualquier caso, excede la intención original de este escrito. ¿El «derecho a decidir» y el «derecho a la desobediencia» en Catalunya son exclusivamente legítimos como reclamos de ciertos sujetos corporativos o colectivos, como «el pueblo», o son también  prerrogativas que pueden reclamar los individuos concretos, de carne y hueso, enfrentados a los poderes públicos?

Cualquier estudiante de historia sabe que las aristocracias y oligarquías europeas han utilizado de manera habitual el lenguaje de la democracia para garantizar sus privilegios de clase o sus derechos jurisdiccionales frente a los poderes estatales, sin que ello hiciera avanzar un ápice la causa de las clases populares. Cuando el derecho a decidir y a la desobediencia es una prerrogativa exclusiva del «pueblo», cuya representación está en manos de un mandarinato burocrático o una oligarquía caprichosa, corremos el riesgo de que nuestra lucha por la libertad, la igualdad y la justicia acabe manufacturando los barrotes de una celda aún más opresiva de la que habitamos.  

En este contexto, les demandamos a las madres y los padres de la escuela y del instituto al que asisten nuestros hijos que nos acompañen en nuestro reclamo. No les pedimos que compartan nuestra visión de la pandemia, o que se alíen a nuestra crítica de la actual gestión. A lo que los exhortamos es a que defiendan con nosotros nuestro «derecho a decidir». Opongámonos conjuntamente a la persecución y potencial judicialización de nuestras decisiones en un momento tan complejo como el que transitamos. También les pedimos que demandemos la implementación de un servicio de orientación y asistencia pedagógica a distancia que nos permitirá, eventualmente, si la situación sanitaria empeora, estar mejor preparados para enfrentarla.

En síntesis: el Estado nos ha acusado de violar los derechos humanos de nuestros hijos por oponernos a la normativa de obligatoriedad de la educación presencial. Nada está más lejos de la realidad. Nosotros reclamamos seguridad y educación en iguales proporciones. Debido a la impericia de la administración pública, y ante la dimensión de la catástrofe humanitaria que vivimos, hemos perdido confianza en la estrategia gubernamental frente a la crisis. Nuestra preocupación por la vida, salud y bienestar de nuestros familias debe ser atendida. Eso implica articular alternativas razonables que serán beneficiosas para todos.  

No creo que nadie pueda dudar de nuestras buenas intenciones en este caso. Por el contrario, respecto a la gestión educativa de la pandemia, sabemos que los representantes políticos que la han diseñado tienen lealtades divididas. Sus objetivos no han sido precisamente transparentes, ni sus estrategias proporcionadas. Tampoco han brillado en empatía y compasión.